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UAM: Oficialismo dice que “hay margen” para negociar y confía en poder acordar en el Senado

El diputado Álvaro Viviano dijo en sala que si el Frente Amplio le aseguraba una mesa de negociación estaba dispuesto a no votar los cambios a la gobernanza

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14 de octubre de 2020 a las 05:02

El debate sobre la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que saltó a la agenda mediática en plena campaña por las elecciones departamentales, sigue siendo tema de polémica parlamentaria. 

Este martes, con los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, la Cámara de Diputados aprobó los cambios a la gobernanza de esta entidad pública no estatal. El texto aprobado implica que exista una cogobernanza entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Intendencia de Montevideo, pero prevé que el representante del Poder Ejecutivo sea el presidente y el de la comuna el secretario general.

Sin embargo, en el oficialismo confían en que la Cámara de Senadores podrán seguir negociando y llegar a un acuerdo con el Frente Amplio para encontrar una fórmula de consenso. 

El diputado blanco Álvaro Viviano planteó en sala que estaba dispuesto a no votar los cambios si la oposición le aseguraba una mesa de negociación “de verdad”. El legislador destacó que la Intendencia de Montevideo puso mucho pienso en la creación de la UAM pero señaló que “a esta altura del partido” la discusión ya no es jurídica sino estrictamente política. 

“Es imposible seguir con este tironeo que estamos asistiendo de un lado o del otro para ver qué gremio nos acompaña, o qué cámara se sube a una propuesta u otra. Ese camino nos va a seguir dividiendo y nos vamos a enterrar cada vez más en el barro”, señaló en el plenario. 

Viviano recordó que cuando el oficialismo le presentó al Frente Amplio la nueva propuesta, que finalmente fue votada, no tuvo ninguna respuesta. En diálogo con El Observador, Viviano aseguró que esperaban algún tipo de respuesta para poder negociar.

“Nosotros tenemos cintura para dialogar y hasta tenemos posibilidad de ceder en algún punto más. Pero no hay voluntad de negociar”, dijo. 

Pero también hubo diferencias con las formas. Y ese punto fue el que hizo que este pasaje del proyecto se aprobara sin los votos del Partido Independiente y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que han respaldado la mayoría de los artículos votados. 

“Se hizo el camino inverso al que debió haberse hecho. Esto era un tema para una instancia de diálogo”, dijo el diputado Iván Posada (Partido Independiente). 

El propio Viviano reconoció que el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dio algunos pasos que "no fueron los correctos". 

La nueva fórmula de la coalición que se aprobó primero en comisión y este martes en el pleno de la cámara plantea que exista una cogobernanza entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Intendencia de Montevideo, pero establece que el representante del Poder Ejecutivo sea el presidente y el de la comuna el secretario general. Hasta ahora la gobernanza estaba en manos solo del gobierno departamental. 

“Para sesionar y adoptar resolución, el directorio deberá contar con la mayoría de sus miembros. En caso de empate, el presidente tendrá voto doble”, dice la propuesta votada por la Cámara de Diputados.

El directorio estará integrado, además de por el presidente y el secretario general, por tres representantes de los productores, dos de los comerciantes (uno de los mayoristas y otro de los minoristas), uno de los trabajadores, uno del Congreso de Intendentes y otro de los operadores de las actividades complementarias.

Desde el Frente Amplio aseguraron en sala que es necesario sacar este tema del Presupuesto y que forme parte de una negociación aparte entre el gobierno y las autoridades electas de la Intendencia de Montevideo. 

Sin embargo, cuestionaron el proceder del oficialismo que intentó cambiar la gobernanza sin consultar a nadie y calificaron estos movimientos como “rapiña” y “usurpación”. 

En medio de todo esto está la discusión de qué va a suceder con la UAM desde el punto de vista jurídico. La Intendencia de Montevideo (IMM) recuperó la cesión de los terrenos otorgados a la entidad pública no estatal por lo que, según entienden desde la comuna, la UAM no tiene ninguna potestad sobre el parque agroalimentario. "Se llevan un organismo vacío y con deuda", dijo a El Observador el diputado Alejadro Sánchez. 

En el oficialismo entienden que la construcción es propiedad de la UAM por lo que tiene potestades sobre el Parque Agroalimentario. 

Defensa e Interior

La Cámara de Diputados votó este martes también los artículos referidos al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. 

En el caso de Defensa, el Partido Independiente tampoco acompañó el aumento de generales y coroneles previsto en el proyecto. “El sistema político ha permanecido ajeno a una definición real sobre la magnitud de las Fuerzas Armadas”, dijo en sala y aseguró que existe un sobredimensionamiento que proviene desde la dictadura. 

El gobierno incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto un aumento de 12 a 14 en la cantidad de generales en el Ejército Nacional y un incremento de 130 a 156 en la cantidad de coroneles que pertenecen a la fuerza de tierra. 

El proyecto también aumenta la cantidad de capitanes de navío en la Armada, pasando de 76 a 82 y sube el número de coroneles en la Fuerza Aérea, pasando de 45 a 47.

En el Ministerio del Interior la discusión estuvo centrada en la financiación de las nuevas cárceles que prevé el proyecto. Desde el Frente Amplio, Bettiana Díaz cuestionó que no hay plata ni para financiar las obras ya que el Ministerio del Interior pidió una excepción en un artículo y no le fue dada. 

La cartera encabezada por Jorge Larrañaga pidió en comisión que se lo exceptuara del artículo que establece que de la venta de inmuebles prescindibles por parte del Estado, el 25% va para el organismo dueño del inmueble y el restante 75% para el Programa de Mejoramiento de Barrios. 

Sin embargo, en el oficialismo entienden que el proyecto establece “hasta el 75%” por lo que el gobierno puede, una vez aprobada la norma, modificar el destino de los recursos. 
 

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