El operativo que el Ministerio del Interior realizó este martes en la zona de Cruz de Carrasco dejó el saldo de una persona detenida y dos viviendas demolidas, informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes de la secretaría de Estado.
Además del hombre de 45 años que fue detenido este martes, el pasado 18 de enero las autoridades habían arrestado a una mujer de 28 años. Ambos integraban la banda de narcotraficantes conocida como Los Comas.
Las fuentes explicaron que las acciones de este martes fueron una etapa más del operativo que se hizo a inicios de noviembre en la Cruz de Carrasco. En ese entonces, las autoridades hicieron un censo de la población y un relevamiento de la zona.
El 7 de noviembre, con la primera operación, el Ministerio del Interior realizó 18 allanamientos que resultaron en ocho detenidos, así como armas y drogas incautadas. Entre los detenidos estaba parte del clan Los Comas, la banda de narcotraficantes que maneja el crimen organizado en la zona. Su modus operandi consistía en extorsionar a los vecinos para que desalojaran sus casas, que luego eran alquiladas o utilizadas para los propios intereses de la banda.
El hombre y la mujer que fueron detenidos en esta segunda etapa del operativo fueron imputados por delitos de extorsión y lesiones personales. La Justicia dictó para ellos 120 días de prisión preventiva al entender que existía riesgo de fuga, posible entorpecimiento de la investigación y riesgo para las víctimas y testigos. Además, el hombre detenido este martes estaba requerido por hurto, aunque la audiencia por ese caso se realizará en los próximos días.
Las dos personas habían sido señaladas por denunciantes que, amparados en el programa de testigos protegidos, fueron sacados de la zona. Los denunciantes señalaban que habían sido amenazados por miembros de Los Comas para abandonar sus casas. Como parte de la extorsión eran obligados a contratar servicios públicos para las viviendas a nombre de quienes los amenazaban, de forma tal que pareciera que los delincuentes eran sus propietarios.
Además de las detenciones, se dispuso la demolición por parte de la Intendencia de Montevideo (IMM) de dos viviendas que habían sido construidas de forma irregular.
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