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Un freno a la economía
Nunca más oportuno que el Premio Nacional de Economía 2018 de la Academia Nacional de Economía haya sido para un trabajo sobre la necesidad de instaurar una regla fiscal en Uruguay, realizado por la economista María Paz Zufriategui (Universidad de Montevideo) y el estudiante de Derecho Julián Barquín (Guyer & Regules).
Uruguay necesita a gritos bajar su déficit fiscal, no solo para potenciar el crecimiento de largo plazo y contribuir a estabilizar otras variables macroeconómicas, sino también porque, como dijo esta semana en Buenos Aires, Paulo Leme, execonomista principal del FMI y exejecutivo de Goldman Sachs Group en Brasil, el escenario global del próximo año se proyecta “oscuro, con nubarrones negros”, lo que obliga a ser más cuidadoso con el gasto público.
Aunque se prevé para 2019 un crecimiento mundial, casi al cierre del año existe un clima de incertidumbre global debido a asuntos muy de fondos que pueden afectar -y no de un modo pasajero- el desempeño económico y financiero. Los más importantes, una guerra comercial -en impasse por un tiempo- entre las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y China, y con Europa en las trincheras que, de no resolverse, afectará al comercio de bienes y servicios, uno de los principales motores de la economía; y el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Aunque se prevé para 2019 un crecimiento mundial, casi al cierre del año existe un clima de incertidumbre global debido a asuntos muy de fondos que pueden afectar -y no de un modo pasajero- el desempeño económico y financiero.
En América Latina las cosas no están mucho mejor. Hay dificultades en las dos principales economías de la región, Brasil y México, con gobiernos nuevos que tienen una agenda muy caliente en el campo económico. A ello se suman los problemas estructurales de Argentina, de los que siempre tenemos que estar muy atentos.
En ese escenario revuelto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), aconseja -con toda razón- que el gobierno de Tabaré Vázquez disponga de nuevas medidas fiscales para alcanzar la meta de un déficit fiscal de 2,5% del PBI para 2020, el año que asume una nueva administración en Uruguay. En ese sentido, propone una reducción del gasto público equivalente a 0,3 puntos porcentuales del producto.
El miércoles 12 se hizo público un documento del organismo en el que se plantea la necesidad del país de preservar la sostenibilidad fiscal y advierte que sin medidas adicionales será difícil alcanzar la meta de las autoridades de un déficit de 2,5% del PIB para 2020, lo que condiciona las políticas del próximo gobierno que heredaría por lo menos un saldo en rojo de 3,3 %.
Medidas para bajar el gasto público, así como una disminución del nivel de endeudamiento, contribuirían a que el país no afectara su credibilidad internacional -una ventaja comparativa frente a Argentina y Brasil- y, como dice el FMI, ayudaría a atenuar “los riesgos fiscales”.
Es difícil -por no decir imposible- que el gobierno de izquierda se ajuste el cinturón y defina un achique presupuestal, en un año electoral y de desaceleración económica.
Medidas para bajar el gasto público, así como una disminución del nivel de endeudamiento, contribuirían a que el país no afectara su credibilidad internacional -una ventaja comparativa frente a Argentina y Brasil- y, como dice el FMI, ayudaría a atenuar “los riesgos fiscales”.
Tan cierto como que Uruguay no presenta los problemas de los países vecinos -aunque el nivel del déficit es alto- es que lo más probable es que en dos años volveremos a hablar penosamente de la “herencia maldita”, aunque ojalá que entonces el sistema político tenga el arrojo y la responsabilidad de aprobar una regla fiscal como recomiendan los autores del Premio Nacional de Economía 2018. Pero algo hay que hacer mientras tanto. El actual gobierno no puede permanecer de brazos cruzados.
