Un informe de tres organismos brasileños propone medidas para revertir la degradación de la Amazonia

El informe propone crear una nueva estructura de gestión para la Amazonia basada en la colaboración eficaz entre las agencias de inspección ambiental, seguridad pública, justicia penal y control fiscal y financiero para superar la debilidad estructural generada durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

La propuesta incluye también la exigencia de castigos más severos para las violaciones ambientales, como una forma de atacar una cultura de larga data de impunidad en lo que respecta a los delitos ambientales. El informe incluye en total 92 medidas que, según sus autores, le permitiría al nuevo gobierno encabezado por Lula da Silva enfrentar la crisis ambiental originado en la desidia del bolsonarismo y su complicidad de hecho con los agentes responsables de la degradación ambiental de la Amazonia.

Ilona Szabó, cofundadora y presidenta de Igarapé, afirma que las agencias de aplicación responsables de la Amazonía se han debilitado deliberadamente bajo Bolsonaro debido al concepto obsoleto de desarrollo de la administración, que otorga menos valor a los bosques en pie que a las tierras despejadas. El resultado es un clima que es territorio fértil para la actividad criminal, dijo Szabó.

La Amazonía brasileña abarca nueve estados, lo que la convierte en un vasto territorio que requiere los esfuerzos de varias agencias que trabajan en diferentes dominios para defender el estado de derecho.

“Hoy en día, muchas actividades económicas en la Amazonía están impregnadas de ilicitud, un problema que debe ser abordado”, afirmó Szabó.

Clarissa Gandour, titular de la Iniciativa de Políticas sobre el Clima, le dijo a Mongabay que “ni siquiera tenemos la dimensión correcta de la capilaridad de este ecosistema hoy. Debemos movilizar a todos los actores que puedan colaborar, involucrando también a la policía y las fuerzas armadas”.

Marcelo Furtado, cofundador del Centro de Soberanía y Clima, un grupo de expertos establecido a principios de este año para conectar las estructuras militares, policiales y diplomáticas con la comunidad ambientalista, dijo que la actividad criminal en la Amazonía afecta la diplomacia internacional de Brasil.

“La relación de Brasil con el mundo pasa por la Amazonía”, le dijo Furtado a Mongabay por teléfono. “Y no podemos pensar en avances sin abordar el tema de la seguridad y la amenaza a la soberanía. La ilegalidad se establece por la ausencia del Estado en la región”.

Una de las prioridades señaladas en el informe es revertir todas las políticas de la era de Bolsonaro que limitaban la aplicación ambiental y liberaban a los infractores de la responsabilidad. El informe pide más recursos (humanos, tecnológicos y financieros) de la Policía Federal, la Fundación Nacional de Asuntos Indígenas (Funai) y agencias ambientales como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos naturales renovables (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes de Biodiversidades (ICMBio), que administra áreas protegidas por el gobierno federal. El informe también dice que estas oficinas deben estar a cargo de personas con conocimientos técnicos de los temas relevantes, en una reversión de Bolsonaro que coloca a sus leales en puestos clave en esas agencias.

La destrucción de la selva amazónica también está asociada a un ecosistema criminal que va mucho más allá de la expansión de tierras para cultivos y ganadería. Los grupos criminales realizan operaciones de acaparamiento de tierras, tala ilegal, minería ilegal y tráfico de vida silvestre. Las investigaciones de la Policía Federal ya indicaron que muchos de estos grupos están vinculados al narcotráfico, una actividad cada vez más arraigada en la selva: el 40% del suministro mundial de cocaína pasa por la Amazonía, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Este clima de ilegalidad ha desatado una ola de violencia sobre la población amazónica. Trece de las 30 ciudades más violentas de Brasil se encuentran en la región amazónica, donde ocurrió el 90% de las muertes de activistas ambientales el año pasado. En 2022, los asesinatos del defensor indígena brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips hicieron aún más evidente que los esfuerzos para preservar la Amazonía también son necesariamente un problema de seguridad.

Daniela Gomes Pinto, coordinadora del programa de desarrollo local de la Fundación Getulio Vargas (FGV), institución de educación superior y centro de estudios, dijo que apoya el conjunto de propuestas contra la violencia porque el ecosistema criminal dificulta la creación de alternativas económicas sustentables.

“Es importante avanzar en las políticas de seguridad en la Amazonia”, dijo Pinto y agregó que es necesario “atacar la ilegalidad para tener un respiro y pensar en alternativas económicas diferentes al modelo consagrado”.

El gobierno de Bolsonaro no ha propuesto ningún plan específico para controlar el crimen en la región amazónica y delegó esa tarea en el Consejo de la Amazonia, coordinado por el vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado.

Históricamente, los militares brasileños han hecho de la soberanía de la Amazonia una de sus principales misiones. El informe liderado por Igarapé, “Gobernar para no rendirse”, es una versión del lema “Integrar para no rendirse”, utilizado por la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985. Los militares creían que la ocupación de la selva era la mejor manera de protegerla de los enemigos extranjeros, y fomentó la colonización de la Amazonia al abrir caminos en medio de la selva, atrayendo a miles de brasileños de otras regiones.

Esa doctrina sigue viva hoy en los militares, lo que ayuda a explicar por qué el consejo encabezado por Mourão no logró reducir la deforestación, como ya lo admitió el propio exgeneral.

Gandour explicó que “el Consejo de la Amazonia no funcionó porque el gobierno de Bolsonaro se movía en otra dirección y agencias de protección como el IBAMA tenían las manos atadas”

En el gobierno de Bolsonaro, el costo de violar leyes ambientales era cero, lo que implicaba una virtual autorización de la actividad criminal, explica Gandour.

Mientras que el ejército se ha obsesionado con invasores extranjeros inexistentes, la soberanía “la mayor amenaza a la soberanía brasileña ocurre en el territorio nacional, provocada por actores en el territorio nacional”, dijo Furtado del Centro de Soberanía y Clima. “No lo decimos solo por el mantenimiento del bioma, sino por la presencia del gobierno brasileño en la Amazonía, donde viven millones de brasileños”.

“Necesitamos constancia, con integración de fuerzas y combinación de estrategias. Sin más acciones estructurantes, incluyendo la generación de empleo e ingresos, y mejoras en educación y salud, no tendremos buenos resultados”, agregó.

Daniela Gomes Pinto, coordinadora del programa de desarrollo local de la Fundación Getulio Vargas, expresó su apoyo a la propuesta impulsada por Igarapé de implementar políticas para la Amazonía a través de un plan que integra diferentes dependencias del gobierno federal en alianza con estados y municipios. “El gobierno federal necesita demostrar que está trabajando por el cambio”, dijo.

Durante su campaña presidencial, Lula defendió una política de deforestación cero para la Amazonía. Si bien se lo ve como una promesa audaz, Lula tiene el historial para respaldar tal movimiento. Desde 2005, durante el primer mandato de Lula como presidente, la tasa de deforestación en la Amazonía cayó a su nivel más bajo desde 1985, año en que el estado comenzó a llevar registros.

Esa reducción resultó de acciones concretas de su gobierno, principalmente a través del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia Legal.

La estrategia implicó la creación de áreas protegidas, la ratificación de los derechos sobre tierras indígenas, el desarrollo de un sistema de monitoreo satelital y la implementación de medidas de control para frenar la actividad delictiva. Esa es la misma serie de acciones que ahora proponen el Instituto Igarapé y sus asociados.

El informe enumera medidas específicas para reducir la deforestación, como la asignación de bosques públicos para combatir la tala ilegal, ampliar el poder de la Fundación Nacional del indio (FUNAI) para proteger las tierras indígenas y cambios en la política de licencias ambientales. Algunas propuestas, sin embargo, dependen de algo más que Lula, porque necesitan ser discutidas y aprobadas en el Congreso.

Reanudar este esfuerzo después de Bolsonaro es especialmente urgente debido a los compromisos que Brasil ha asumido para abordar el cambio climático. Durante la cumbre climática COP26 en Glasgow el año pasado, el país prometió cero deforestaciones ilegales para 2028 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pero los números registrados bajo Bolsonaro han alejado aún más al país de sus objetivos.

Gandour abogó por un nuevo modelo de desarrollo para la Amazonia, que no se base en la ocupación de nuevas áreas forestales. Afirmó también que Brasil todavía tiene un stock significativo y cada vez más valioso de bosques en pie. También señaló que las áreas ya degradadas se pueden usar de manera más eficiente y que la población joven de la Amazonía puede generar riqueza.