Si hay una dimensión miserable de la política es la pelea por los pobres. No por los votos de los pobres, solamente, sino por quién “fabricó” más pobres, qué gobierno permitió que 300.000 0 500.000 uruguayos vivieran con lo mínimo indispensable o con menos que eso. Es una discusión que cuando se vuelve agresiva y no suma soluciones es inútil. Los pobres del gobierno de ayer serán los del gobierno de hoy, y los que vivan en la pobreza en el gobierno de hoy probablemente serán heredados a los que ejerzan el poder en 2025.
Los pobres son ciudadanos uruguayos, una dimensión tan evidente que a veces parece olvidarse. Pelearse por si son más o menos, por culpa de qué o quién es nefasto, sobre todo porque resta fuerzas para concentrarse en lo único que importa: que haya menos, que cada vez más uruguayos puedan tener una vida digna, al menos con las necesidades básicas cubiertas. Y lo básico es muy poco pero cuesta mucho.
Esta semana la polémica, que ya venía subiendo de tono con ataques de uno y otro bando partidario desde marzo, se renovó con bríos a la luz de una investigación de Ceres en la que se concluye que antes de la pandemia había más de 500.000 uruguayos que vivían en la pobreza. De ellos 207.000 mil personas tenían ingresos algo superiores a los que establece la línea de pobreza que mide el Instituto de Estadística (INE), pero vivían y viven igual que los que están por debajo de esa línea. No forman parte oficialmente de los registros de pobreza, que se miden por ingresos, y eso es correcto; no hay trampa ni maniobra por parte del organismo que lleva estos datos ni de los gobiernos frenteamplistas pasados. Son personas que viven en condiciones de pobreza, explica el estudio de Ceres, en base a ciertas variables, pese a no ser considerados “oficialmente” pobres.
¿Qué significa esto? Que hay uruguayos que superan por pocos pesos el límite de la pobreza y que viven con carencias de bienes y servicios básicos. No son pobres oficiales pero sí funcionales. La pobreza en 2019 fue de 8,8% según datos del INE; Ceres señala en su estudio que para diciembre de 2019 la tasa llegaba al 15%, tomando ya no solo el ingreso como variable sino un enfoque multidimensional que tampoco es novedoso en la academia uruguaya, que cuenta casi con dos decenas de estudios de este tipo. Por lo tanto, no es que uno tenga la razón, ni siquiera es que uno tenga la razón más que otro.
La multidimensión incluye cuestiones tales como si la persona vive hacinada (es decir, en un cuarto donde duermen todos juntos, padre o padres, hijos y hasta abuelos o parejas de los hijos), si tiene baño y cocina, si tiene trabajo y con qué nivel de educación cuenta, un factor relevante a la hora de considerar su posibilidad de conseguir trabajo.
Ninguna de estas variables son novedad en miles de hogares uruguayos. Claro que antes era peor. Claro que apenas recuperada la democracia se llegó a niveles de pobreza de casi 50% de la población (por ingresos). Entre 2007 y 2018, período de gobiernos del Frente Amplio, la tasa pasó de cerca del 30% a menos del 8%. Es un logro histórico y no hay polémica que pueda contra esta realidad.
No hay duda sobre el progreso pero tampoco hay dudas de que la pobreza sigue siendo un problemón que le duele sobre todo a quienes la padecen, pero que afecta a toda la sociedad, por diversas vías.
La cuestión con el “antes”, con lo que hicieron ellos o nosotros y lo que harán ellos o habríamos hecho nosotros, es que no soluciona en nada la pobreza en sí misma. Tan solo complica la discusión y entrevera. Los pobres casi ni se enteran, porque no tienen tiempo ni ganas de saberse carne de discusiones sobre sus vidas, esas que apenas logran sostener en el día a día.
Toda esta danza de números esconde uruguayos de carne y hueso que la pasan muy mal y que la seguirán pasando tan mal o peor. Que no llegaban ni llegan ya no a fin de mes, sino al día siguiente. ¿Es casualidad que incluso con una pandemia histórica de por medio, las ollas populares -que aparentemente habían desaparecido en los últimos años- no den abasto? No conozco a nadie que coma en una olla popular si no tiene real necesidad de hacerlo.
Habrá que ver cómo evoluciona la economía uruguaya a la luz de la crisis del Covid-19, pero los datos del segundo trimestre muestran un derrumbe histórico del PIB que no se había generado ni en 2002 (9% con respecto al trimestre anterior). En todas las coyunturas críticas los que más sufren son los que ya estaban en una situación vulnerable y no hay razón para pensar que esta vez no será así nuevamente.
Si nos vamos a guiar por estudios hay otro que se conoció a principios de mes que aporta datos sobre el mismo tema. En el informe del Banco Mundial se reconoce que Uruguay “prácticamente” erradicó la pobreza extrema, aunque los niveles de inequidad siguen siendo altos. Uruguay es el país de América Latina menos con menos pobreza y con menos inequidad, algo que el Banco Mundial reconoce (luego de 2001 se convirtió en “un líder regional en la lucha contra la inequidad históricamente arraigada y perniciosa de América Latina”), pero ahora nos compara con economías similares y países de la OCDE.
Uruguay mejoró ampliamente en todas las variables que llevan a la pobreza, pero hay ciertos grupos históricamente excluidos (dice el BM) que están sobrerrepresentados entre los pobres. Por ejemplo, las familias con mujeres jefas del hogar tienen dos veces más probabilidad de ser pobres que aquellas en las que el jefe es un hombre. Los afrodescendientes duplican la tasa de pobreza nacional y llegan a alrededor del 20%, por mencionar solo algunos de los grupos más afectados.
Mientras que la pobreza bajaba, a los asentamientos no había con qué darle. Mientras que se trabajaba para erradicar efectivamente a muchos, otros tantos surgían en una de las manifestaciones más claras de que la pobreza es mucho más que hacer cuentas. Hasta 2018 se registraron 607 asentamientos, 45 más que en 2011. De estos nuevos asentamientos informales, solamente el 2% están conectados a la red de saneamiento y 9% tienen conexiones formales de electricidad.
Lo único que demuestran todos estos datos, que tienen múltiples lecturas pero que en un mundo ideal no deberían ser leídos para un aprovechamiento partidario, es que queda mucho para hacer para que casi medio millón de uruguayos vivan con las condiciones mínimas que nuestra Constitución define como derechos.
El gobierno actual tiene un desafío enorme. Si alguien pensó -y afirmó, como efectivamente pasó- que las cifras difundidas por Ceres son una “operación”, un ataque al trabajo de 15 años de gobiernos frenteamplistas, es bueno que recuerde que quién deberá lidiar ahora con esa cifra -y esa cantidad enorme de uruguayos- es el presidente Luis Lacalle Pou. Los 500.000 no desaparecerán de un día para el otro. No se crearon por combustión espontánea y no dejarán de ser pobres con un pase de varita mágica. Son ya responsabilidad de este gobierno, que deberá dar cuentas más tarde o más temprano, por lo que haga o no pueda o sepa hacer para sacarlos de ese estado.
Se mida como se mida, hay demasiada pobreza en este país y tenemos que partirnos todos el lomo para que se reduzca. La guerra no es contra un número, aunque el objetivo sea reducir ese número. La guerra es contra la indignidad de no tener trabajo, de vivir apretujados y sin baño y con frío que se cuela entre las rendijas de las paredes de chapa; la indignidad de no poder apoyar a tus hijos ni ayudarlos para que, con una mejor educación, les vaya mejor que a vos. La guerra es contra la desesperanza, que es más dañina que cualquier definición de pobreza. A esa guerra la ganamos con un sistema político que deja de tirarse dardos de juguete para intentar ganar un voto o un punto de popularidad, o simplemente para apuntarse una chicana vacía. Y la ganamos con una ciudadanía responsable que intenta ayudar como puede, desde una olla popular hasta un trabajo con el que genera oportunidades para otros. La guerra contra la pobreza es complicadísima y tal vez nunca acabe. Pero hay muchas batallas que se pueden ganar si por fin dejamos resentimientos inútiles de lado.
