Una lanza por Marina

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quedó en minoría y se adueñó esta semana del espacio políticamente incorrecto. Así las cosas, es tentador quebrar una lanza por ella.

Sin mucho escudo en sus tiendas para los flechazos opositores, la viceministra Ana Olivera volvió a expresar el rechazo de su cartera al mecanismo de suprimir la asignación familiar a los padres de niños que abandonan la escuela. Esa partida es, en su máximo, $ 693 para familias con ingresos de hasta $ 26.132.

Su argumento es que esa sanción agrava la situación económica y social de familias en situación vulnerable y perjudica más al menor que se busca favorecer.

La avalancha de críticas fundamentalmente defendió la asistencia a clase como contraprestación al subsidio económico. Se trata de defender un mecanismo coercitivo para favorecer la escolarización de los niños.

La suspensión de 5.000 asignaciones familiares significa la recuperación de 1.500 niños, o sea, el 30%. El resultado del mecanismo coercitivo es más bien pobre ya que el 70% de los chicos no volvieron al aula, que es el asunto central de la discusión.

Entonces, el combate a la deserción estudiantil necesita otras medidas, sustitutivas o complementarias que los especialistas deberán definir. La suspensión por sí sola no funciona. También se podría dar vuelta el argumento: ya que no funciona, por lo menos no les paguemos por hacer nada.

Eso lleva al asunto de la contraprestación. Es una buena fórmula, un contrato social en todos los términos. Supone obligaciones de las dos partes y conlleva la aceptación de una sanción en caso de que una parte no cumpla. Esta noción en sí misma inobjetable se completa con un rechazo fuerte a planes del Mides que representan o representaron para muchos plata fácil sin nada cambio y avivadas que campean en el campo.

Pero Arismendi igual tiene un buen punto. Cualquier acción del Estado en busca de los niños que faltan del aula tendrá mejor recepción si quien golpea la puerta es el que previamente ayuda. Seguramente sea muy significativa en el hogar, aun cuando para el Estado tenga escasa significación.

El problema es que un subsidio sin contrapartida fácilmente puede interpretarse como una maniobra con fines electorales y eso es algo que más vale evitar.

Otra vez: el punto central en este caso no es el subsidio sino los instrumentos idóneos para luchar contra la deserción escolar.

La decisión de suspender o no las partidas debe estar precedida de un plan específico, dirigido a que regresen los niños a clase. Que hablen los números, los objetivos, las metas y los resultados.

La planilla dirá.