La ley de minería de gran porte promulgada en setiembre de 2013 establece un nuevo mecanismo estricto de negociación entre el Poder Ejecutivo y las empresas interesadas en explotar minerales a cielo abierto en esa escala. En cumplimiento de esas normas, el gobierno declaró el 4 de diciembre del año pasado a la propuesta de la Zamin Ferrous (Aratirí) como proyecto de minería de gran porte, lo que activó un plazo de un año (con opción a prórroga de 90 días) para una negociación bajo las reglas de la ley. De esa forma, los representantes legales de la firma en Uruguay se reunieron en distintas instancias y con diferentes interlocutores del gobierno. Quien lleva la voz cantante de la parte pública es el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Sin embargo la decisión final la tiene el presidente José Mujica.
Ese intercambio tuvo distintos momentos, idas y vueltas que atrasavan o adealantaban el acuerdo. Desde hace un tiempo el acuerdo pareció enfriarse producto de una baja en la cotización internacional del mineral de hierro, entre otras cosas. Además, la empresa pidió sin éxito cambiar el lugar de construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, ya que le conviene tenerlo en La Angostura y no en El Palenque, dode finalmente se levantará la ambiciosa obra.
El presidente Mujica recibió al principal de la firma y en declaraciones posteriores dejó entrever que el negocio se podía caer. “El hierro va a seguir amontonado ahí, no se lo va a llevar nadie (si no está Aratirí). En algún momento las generaciones que vienen le van a echar mano. Bajó el precio del hierro y tal vez lo que era negocio hace un año hoy no lo es tanto”, dijo Mujica en setiembre de este año.
Según supo El Observador, en el gobierno confían en poder firmar el contrato de extracción con Aratirí en el verano de 2015, es decir, cuando hayan pasado las elecciones de octubre y noviembre, y le quede poco al actual gobierno para dejar el cargo el 1º de marzo. Aratirí se propone extraer 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año, durante un plazo estimado de 20 años.
Hubo momentos donde voceros del gobierno daban por hecho la firma. Incluso se dieron fechas concretas para ese evento, cosa que nunca se cumplió. Entre los principales motivos de la postergación se encuentran detalles referidos a las garantías. Según la ley, la empresa debe depositar fuertes sumas de dinero. Para garantizar el mantenimiento fiel del contrato, por ejemplo, la empresa debe presentar una garantía equivalente aUS$ 139 millones. La ley plantea para ello varias opciones, desde un depósito hasta la presentación de un aval bancario. A eso se le debe sumar otra garantía para cubrir eventuales impactos ambientales que la empresa no pueda hacer frente.
