Una nueva protesta contra la reforma jubilatoria de Macron paralizó las principales ciudades francesas

La multitudinaria protesta, que sigue a huelgas sectoriales que afectaron el transporte público, la educación y el suministro de energía, se concretó un día después de que el Parlamento iniciara el debate de la polémica iniciativa, que busca equilibrar las finanzas del sistema previsional hacia 2030 para evitar un aumento del gasto fiscal, en momentos en que la deuda pública se ubica en el orden del 112% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al igual que en las calles de Niza, Marsella, Toulouse, Nantes y otras ciudades, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, desfilaron pacíficamente por la capital francesa con pancartas que decían "Salve su pensión" y "Graven a los multimillonarios, no a las abuelas".

"Si el gobierno sigue sin escuchar, tendremos que pasar al siguiente nivel", advirtió el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, quien no descartó huelgas "más duras, más numerosas, más masivas e indefinidas".

Pese al extendido repudio, los funcionarios del gobierno insistieron en declaraciones a los medios locales sobre la necesidad de la reforma para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones y acercar la edad de jubilación del país, que en la actualidad es una de las más bajas de las que rige en sus socios de bloque de la Unión Europea (UE).

Por su parte, las centrales obreras redoblaron su ofensiva apoyados en las altas cifras de rechazo al proyecto oficial y tras la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas, con entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles el 31 de enero pasado. Aquella protesta, al igual que la de esta ocasión, provocó demoras en los aeropuertos, causó una reducción temporal de los suministros de electricidad y la parálisis casi total de las refinerías de TotalEnergies, según informó la agencia de noticias AFP.

Pese al repudio, el gobierno mantiene su plan, que busca a su juicio evitar un déficit de unos US$ 14.600 millones en la caja de las pensiones para 2030 y acercarse a la realidad previsional de otros países europeos. Laurent Berger, líder de la CFDT, el principal sindicato galo, llamó al Gobierno a escuchar a los manifestantes: "¿Cuál sería la perspectiva si no responde? ¿Necesitamos la indignación, la violencia y la ira para que se nos escuche?", se preguntó en una entrevista concedida al diario La Croix.

El llamado, hasta el momento, no encontró eco en un Parlamento que amaneció con pintadas contra el proyecto. Horas antes, en la primera jornada de debate en el pleno de la Asamblea Nacional, 292 diputados votaron en contra y 243 a favor de una moción de la izquierda que pedía la retirada de la reforma.

"Es la reforma o la quiebra del sistema de reparto”, insistió el ministro de Finanzas Gabriel Attal con relación a la iniciativa que formó parte de la promesa electoral de Macron y que el mandatario postergó a raíz de la pandemia y retomó en momentos en que, según los analistas, su caudal político es sólo fruto del deseo de un sector de evitar el avance de la ultraderechista Marine Le Pen.

En lo inmediato, el oficialismo, que perdió su mayoría absoluta en la Asamblea, busca ahora los votos de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para aprobar la reforma, ante la negativa de Le Pen y de la izquierda. En ese contexto, el gobierno deslizó la posibilidad de una concesión de última hora. La expresó la primera ministra Elisabeth Borne, quien propuso que las personas que empezaron a trabajar entre los 20 y 21 años podrán jubilarse con 63 años, alternativa que no consiguió convencer a la derecha.

El Gobierno, decidido a sacar adelante la reforma pese al rechazo, apeló a un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado hasta el 26 de marzo. Esta opción, permitiría al Ejecutivo poner en vigencia la reforma por la vía de un decreto presidencial, alternativa que sin embargo reforzaría la imagen de Macron como un presidente autoritario que gobierna para los ricos, según advierten los analistas locales.

Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su decisión de "sacudir" el sistema con reformas de corte liberal, que en ocasiones le valieron una imagen de "presidente de los ricos", como durante la protesta social de los chalecos amarillos, el movimiento social que sacudió a Francia y países vecinos en 2018 en reclamo de mejores salarios.