Nacional > transparencia y ética pública

Una por una, las 16 medidas que el MPP pretende aprobar antes de fin de año

Legisladores de la oposición no creen que sea viable y cuestionan las motivaciones de la fuerza política 

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19 de marzo de 2019 a las 14:00

El Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó un paquete de 16 medidas para "defender la política" y "recomponer la confianza en el sistema político sin distinciones partidarias". El sector liderado por el expresidente José Mujica pretende que estas propuestas —que persiguen una mayor transparencia y el fortalecimiento de la ética pública— adquieran "carácter legal" antes de que termine el 2019. 

Con este propósito en mente, el MPP está a la espera de la respuesta de los demás sectores del Frente Amplio para presentar formalmente las medidas y que sean discutidas en el Parlamento. "Estamos abiertos a que todos los sectores hagan aportes, siempre y cuando vayan en línea con los planteos de la Propuesta de Acuerdo Nacional", indicó a El Observador el senador Charles Carrera, quien a su vez explicó que la invitación a "realizar aportes" fue extendida a los dirigentes de los demás partidos políticos. 

"Estos proyectos son muy sencillos: el más largo de todos tiene tres artículos. Así como se proponen, se sancionan", defendió el legislador del MPP al explicar por qué su sector confía en que este año podrán ser hechas las modificaciones. Luego de incluir los aportes de los demás políticos, las 16 medidas serían distribuidas entre la Cámaras de Representantes y la de Senadores, y tratadas en las comisiones correspondientes. "La que refiere al Instituto Nacional de Colonización podría ser tratada en la comisión de Ganadería", dijo Carrera a modo de ejemplo. 

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que tendría que "analizar caso a caso" cada una de las propuestas para saber si votaría a favor de ellas. "Intentar sacar 16 proyectos de ley en menos de un año es un 'saludo a la bandera' de aquellos. Esto huele a una sola cosa: demagogia", objetó.

El punto cuatro del documento presentado por el MPP refiere a la necesidad de "establecer por ley que cada ministro de Estado no podrá tener un número superior a cinco adscriptos y un secretario". Para Mieres esta es una "propuesta para la tribuna", porque fue durante la administración de Mujica que los ministros empezaron a tener la potestad para contratar adscriptos. A su vez indicó que en 2017 el Partido Independiente presentó nueve propuestas para fortalecer a los organismos de contralor, pero no tuvo receptividad del MPP y esas medidas no fueron consideradas. 

La senadora del Partido Nacional Carol Aviaga reconoció que no leyó la Propuesta de Acuerdo Nacional, pero entiende que las 16 medidas no van a poder ser aprobadas este año debido a los "plazos propios del Parlamento". Por otra parte, consideró que el documento "es una burda maniobra de (José) Mujica para manipular a la población, para conseguir votos".

La legisladora sostuvo que "no hay una sola persona en el Senado" que no quiera lograr mayor transparencia en el gobierno, pero que cada vez que intentaron "investigar e ir a fondo" encontraron obstáculos. Por eso, aseguró, "la preocupación máxima del Partido Nacional es sacar al Frente Amplio del gobierno" e intentar impulsar la realización de auditorías internas en los organismos del Estado, como propuso el precandidato a la Presidencia Luis Lacalle Pou. 

En qué consisten las modificaciones: 
1. Creación de una ley general de sueldos del Estado. El sueldo más elevado dentro del Estado será el del presidente de la República, y a partir de este se configurará el resto de la escala general de sueldos. En diálogo con El Observador, Carrera sostuvo que "es inadmisible" que algunos intendentes ganen más que el presidente Tabaré Vázquez. 
2. Establecer una ley nacional un sistema democrático de ingreso a la administración pública. De este modo, será obligatorio la creación de concursos para el ingreso a cualquier organismo estatal. 
3. Creación de la ley de un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza. Lo recaudado con este impuesto será destinado a la Agencia Nacional de Viviendas.
4. Establecer por ley que cada ministro no podrá tener un número superior a cinco adscriptos y un secretario. El MPP entiende que estos funcionarios permiten "elevar la calidad de la gestión", pero considera que ese dinero podría ser redestinado a finalidades sociales. 
5. Modificar el sistema de los pases en comisión. 
6. Destinar el excedente del FONASA a los cargos políticos y de particular confianza al financiamiento del Fondo Nacional de Recursos.
7. Establecer por ley que los cargos políticos y de particular confianza son cargos full time. A su vez se explicitará que no podrán cobrar viáticos ni compensaciones, y que los viáticos que reciban los funcionarios públicos en misión oficial en el exterior serán la mitad del previsto por Naciones Unidas. 
8. Redestinar los montos por partida de prensa al financiamiento del Plan Ceibal u otra finalidad social. Esto sería posible haciendo una trasposición de rubros.   
9. Eliminar el subsidio de un año para los cargos políticos y de particular confianza. Se les aplicaría las mismas reglas que el Segurode Paro de los Trabajadores de la actividad privada, un subsidio por un plazo máximo de seis meses.
10. Establecer por ley que el padrón del Jardín Botánico que fue destinado a la residencia presidencial sea devuelto a la institución.
11. Establecer un Nuevo Sistema Para el Régimen de Donaciones Especiales, para las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio.
12. Instaurar por ley un nuevo régimen jurídico, donde se establecerá el destino de las ganancias de las empresas públicas.  "Un porcentaje irá a Rentas
Generales; un porcentaje se reinvertirá para que siga produciendo y prestando adecuadamente el Servicio Público; y por último un porcentaje que vuelva a sus propietarios – los usuarios", indica el documento. 
13. Instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento Nacional,  los estados contables de las personas
públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado y las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe.
14. Establecer legalmente que todas las fincas e inmuebles vacíos de la administración central, entes autónomos y servicios descentralizados, irán con destino a la Cartera de tierras y viviendas.
15- Establecer la obligatoriedad de que los cargos políticos y de particular confianza tengan que presentar una declaración y certificación de la DGI y BPS
de estar al día con sus obligaciones tributarias.
A su vez proponen levantar sin excepciones el secreto bancario para quienes ejerzan cargos políticos y de particular confianza.
16- Reducir los directorios de ciertos entes autónomos y servicios descentralizados. 

 

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