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Cámaras de Comercio y de Industria estuvieron en el Parlamento.

Nacional > Negociación colectiva

Una "sabana que quedó corta": empresarios critican el proyecto para levantar observaciones de OIT

Cámaras marcaron en el Parlamento "omisiones graves" de un proyecto que, afirmaron, es "casi idéntico" al que había presentado el gobierno del FA. 

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11 de junio de 2022 a las 19:29

Las Cámaras Empresariales "aceptan los avances" pero plantean una serie de "aspectos pendientes" en torno al proyecto de ley que el gobierno envió el Parlamento para modificar la Negociación Colectiva en el sector privado. Su objetivo: levantar las observaciones aplicadas a Uruguay por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante una queja, precisamente del sector patronal, presentada hace 13 años. 

El texto comenzó a analizarse en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. La bancada de la coalición de gobierno está dispuesta a votar el texto y pretende un trámite rápido, en tanto el Frente Amplio lo rechaza y plantea una discusión profunda de la iniciativa. 

"Celebramos los avances que se plantean", destacó ante los legisladores el presidente de las Cámara de Industrias, Alfredo Antía. En especial valoró la propuesta de que, en aquellas empresas en donde no exista un sindicato, sean los propios trabajadores los que designen a sus representantes para negociar en forma bipartita y que esa tarea no quede a cargo, como hasta ahora, de los sindicatos de rama. 

De todas formas, los empresarios "sugirieron" que se reconozca y legitime a esos representantes, tal como lo establece el Convenio 135 de la OIT. Así lo planteó el gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, al señalar que, pese a todos los "estándares promocionales de la sindicalización", las tres cuartas partes de los trabajadores del sector privado no están afiliados a ningún sindicato. Por lo tanto, sostuvo, debería reconocérseles el derecho a negociar colectivamente. 

"La ley queda corta, la sábana queda corta y no termina adecuándose plenamente al convenio", dijo Mailhos. "Estamos perdiendo la posibilidad de hacer una mejora para una ley que es trascendente para las relaciones colectivas de trabajo". 

Fuentes empresariales consultadas días atrás por El Observador habían dejado la puerta abierta a mantener la queja en la OIT si el proyecto no es modificado. 

Otro aspecto relevante para los empresarios es lo planteado en el artículo 1: las organizaciones de empleadores y trabajadores deben contar con personería jurídica reconocida para poder negociar colectivamente. El asesor jurídico de la Cámara de Industrias, Gonzalo Irrazabal señaló que las empresas compiten entre ellas por mercados o proveedores. Por lo tanto, la información que tengan que brindar en la negociación colectiva debería tener la garantía de alguien que se haga personal y patrimonialmente. 

"Esa información muchas veces tiene una trascendencia sustantiva para las empresas", apuntó Mailhos. "Pueden estar afectando maneras de producir, de organizar el trabajo, por lo que tienen que ser brindadas a un sujeto al que se pueda responsabilizar por esa información", sostuvo. En ese punto, planteó una falencia de la normativa uruguaya: a diferencia de los empresarios, ningún trabajador puede ser sancionado por violar la confidencialidad en el manejo de esa información. 

Para las cámaras, un tercer punto clave es de la eliminación del concepto de ultraactividad, que preveía que ciertos efectos de un convenio colectivo seguían vigentes luego de su finalización. 

"Entendemos que las circunstancias, el tiempo y el momento en que se está negociando pueden variar en futuro y lo que allí se resuelve, conforme a lo que hoy está vigente, queda para siempre", señaló Antía. De todas formas, reclamaron que el texto debería aclarar que la regla general debe ser la temporalidad. "Un convenio es como un contrato", planteó Irrazábal. "Cuando termina su período de vigencia, a excepción obvia del monto del salario, deben cesar todos sus efectos". 

Mailhos recordó en ese sentido que cuando los empesarios negocian en los consejos de salarios, asumen un compromiso en función de su realidad de acuerdo con el tiempo que tendrá vigencia el convenio. "No es para toda la vida", remarcó.  El representante de la Cámara de Comercio sostuvo además que deberían establecerse mecanismos más ágiles de denuncia del convenio colectivo. Un aspecto en el que, señaló, existe un "trauma bastante grande" pero que ha resultado hasta hoy muy difícil de utilizar. 

El proyecto carece de algo fundamental para los empresarios: que el Estado no intervenga en los ajustes y beneficios salariales, que a su juicio deben ser consensuados en el marco de una negociación voluntaria y bipartita conforme a lo que establece el Convenio 98 de la OIT. 

Según Mailhos el gobierno incurre en una "omisión grave" al no reformular el artículo 12 de la vigente ley que establece cuál debe ser el contenido de la negociación en los Consejos de Salarios. Según la tesis empresarial, se sigue incumpliendo con el artículo 42 de ese convenio internacional, que dice que la negociación tripartita debe reservarse solo para establecer salarios mínimos. 

Poder de veto

Si bien afirmó que los empresarios están dispuestos a "arrimar el bochín" y aportar soluciones, Mailhos sostuvo que el actual proyecto es "casi idéntico" al que en su momento presentó el gobierno del Frente Amplio y que no prosperó. Un fracaso que atribuyó a la voluntad del Poder Ejecutivo de la época de que la iniciativa también debía contar el visto bueno del PIT-CNT, al que le terminó consagrando el "derecho al veto". 

"Este proyecto de ley que ustedes analizan fue presentado con la firma de Tabaré Vázquez Rosas y Ernesto Murro y fue archivado por el presidente de la comisión del Senado, Juan Castillo", aseguró. "Esa es la realidad". 

Ante los legisladores, Mailhos rechazó que los empresarios, con su queja, hayan sido responsables de la inclusión de Uruguay en una "lista negra" de la OIT. "Creo que fue el ministro Murro", señaló. Según el asesor, en el organismo no existe ninguna "lista negra". Lo que hay, precisó, es un mecanismo de control por el que se seleccionan los casos más relevantes para ser tratados en una discusión pública. 

 






 

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