Una sociedad que perdió el rumbo, II

La violencia empieza a ser el pan nuestro de cada día, afectando significativamente el goce de la vida y el valor de la convivencia. En una nota anterior analizamos esa nueva geografía social y moral: el aumento de los femicidios, las crecientes tasas de homicidios (duplica las tasas de EEUU y cuatriplica la de Europa occidental), el aumento de los suicidios (con la tasa más elevada de América Latina), la violencia sobre los niños, en el deporte, las maestras golpeadas.

Agregábamos fenómenos como la concentración de la pobreza en la infancia (10 veces más que en las edades mayores), los índices de embarazos adolescentes, 100 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Entrelazado con estos fenómenos están las adicciones y el consumo de drogas (pasta base) y las organizaciones que controlan ese tráfico y el delito.

Estos fenómenos nos están diciendo que hay algo enfermo en nuestra sociedad, que hay un desajuste severo, una insatisfacción creciente que se canaliza mediante estas formas disruptivas. Somos una sociedad fragmentada, con un tejido de integración desgarrado, que ha perdido la cordialidad de nuestra forma de ser colectiva. Como sociedad nos cuesta entender cómo olvidamos aquello de ser "un país de cercanías" humanas, dónde fueron a parar los mitos de "como el Uruguay no hay" que construyeron la identidad colectiva.

En la nota anterior anunciábamos que indagaríamos posibles explicaciones en tres andariveles. Uno, los factores sociales de exclusión, desafiliación y segregación territorial que alimentan la estructura del delito y la violencia. Dos, el debilitamiento de la institución y de la autoridad. Tres, la incidencia de un nuevo paradigma político que sustenta una "cultura del pobrismo".

Hay en el país unas 330 mil personas en situación de pobreza monetaria. De ellas, el 48% (160 mil) tienen entre 0 y 17 años. Otro 42% corresponde a adultos jóvenes que viven con ellos. De los menores que viven bajo la línea de pobreza, el 53% reside en Montevideo y el 47% se ubica en los municipios de la periferia (A, G, D, F,). Si medimos la pobreza por las NBI, los departamentos de la zona norte son los más afectados.

En Montevideo, el porcentaje mayor de población con al menos una NBI, se concentran en Casavalle (con el 60%), Villa García, Manga, Toledo chico, La Paloma, Tomkinson, Punta de Rieles, Bella Italia, Tres Ombúes, Victoria, Bañado de Carrasco, Casabó, Pajas Blancas, Manga, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Nuevo París, Las Acacias (40%).

Las dimensiones más críticas de carencias son NBI combinada con artefactos básicos y NBI combinada con falta de vivienda decorosa, calefacción, calentador de agua para baño. Conclusión: la pobreza se concentra en las generaciones jóvenes y en zonas con múltiples carencias materiales y deterioro de su entorno.

La segregación territorial de la pobreza configura sectores homogéneos que refuerzan sus pautas de valor y de conducta debido a que participan de interacciones endógenas, y muy débilmente de circuitos sociales de intercambios múltiples y diversos con el resto.

La segregación territorial se "evidencia en la fuerte identificación con el espacio local, con el barrio, y la percepción de que la salida de él es como un cruce de fronteras con diferentes niveles de dificultad, no sólo material sino simbólica...(Sus habitantes) se sienten objeto de discriminaciones, en el acceso al trabajo y a instituciones fuera del barrio.

La discriminación se asienta en su aspecto físico, vestimenta y/o en vivir en el barrio. Las vías de acceso al trabajo ponen de manifiesto la marginación ecológica: cuesta salir del barrio, por la distancia, por el costo del pasaje, porque la infancia y la adolescencia suelen transcurrir sin salidas del ámbito local. Además se carece de redes sociales desde donde pueda provenir un trabajo fuera del barrio" (Claudia Jacinto, "Políticas públicas, trayectorias y subjetividades").

La familia es central en el proceso de individuación y en la transmisión de un acervo social y cultural a los más jóvenes. Sin embargo, la reproducción biológica y social del país se hace mayormente a través de las familias pobres, hecho que proyecta una realidad de vulnerabilidad social y carencias en la provisión de los activos (capital cultural y social) necesarios para la efectiva integración social.

Muchos jóvenes de estos sectores solo acceden a centros educativos de baja performance y están atravesados por transformaciones en las configuraciones socio-familiares que determinan sus oportunidades y sus referencias (hogares sin trabajo, hogares con trabajo precario, hogares subvencionados por planes asistenciales, jefes de hogar que por razones de trabajo deben migrar de un lugar a otro) lo que influye en la representación que puedan hacerse del futuro.

En la socialización primaria, los niños van aprendiendo y naturalizando ciertas formas de ver el mundo en relación con sus condicionamientos materiales y simbólicos de vida. A la falta de proyección hacia el futuro se suma que, la "cultura del trabajo" que caracterizó a muchas generaciones, dejó de ser un cimiento y, por lo tanto, la educación no puede apoyarse en ella y edificar desde allí el trabajo escolar.

Como ha explicado el sociólogo Robert Castel, en estas condiciones los sujetos hacen un proceso desde la "zona de integración" a la "zona de vulnerabilidad" y de ésta a la "zona de desafiliación", proceso que acarrea efectos económicos y pérdida de sentido y de la visión de futuro como expectativa de mejora. A diferencia de la pobreza, estas nuevas categorías incorporan un fuerte componente de desafiliación – que según Castel- es fruto del proceso que hacen los individuos que no encuentran un lugar de utilidad social, lo que desencadena una ruptura del lazo social, de la inscripción relacional en las redes familiares y de sociabilidad.

En esas condiciones, esta población por indefensión es víctima no solo del delito. Es también objeto de apropiación por las organizaciones delictivas insertas en esa cultura territorial de marginalidad. Éstas disputan a las agencias del Estado, debilitadas en su presencia institucional y representación, no solo el control del territorio en el ejercicio de la violencia y en la imposición de pautas de sociabilidad, sino en el control del capital humano que es utilizado para su "negocio".

La concentración estructural de la pobreza y su segregación territorial crea las condiciones que alimentan la estructura del delito y el imperio de la violencia. Romper ese juego, requiere un Estado que ingrese de lleno con políticas públicas territoriales que desestructuren esa concentración de factores que se retroalimentan, de una intervención estructural en los espacios públicos y en la ecología del territorio que cambie dramáticamente la calidad del hábitat y su disfrute, ofreciendo servicios sociales y formativos de calidad que abran nuevas oportunidades.

El ejemplo luminoso de ciertos liceos como "Impulso" y otros similares en Casavalle, debe rescatarse como respuesta posible. Es el paso de la angustia de no ver la salida a la esperanza de que hay un futuro para los hijos que da sentido a la vida, la diferencia entre tener tiempo por delante y tener futuro.