Unos 200 líderes de todo el mundo se pronunciaron a favor de la Carta Magna que Chile plebiscitará el 4 de setiembre

El texto señala que si la nueva Constitución resulta aprobada proporcionará al país “una base sólida de democracia igualitaria que inspirará a los pueblos de todo el mundo”. El documento, además, puntualiza la importancia de la reforma, que pondría fin a la Carta Magna heredada de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Reconocemos las décadas de lucha que hicieron posible esta (nueva) Constitución, desde la valiente resistencia a la dictadura de Pinochet y su junta militar hasta el levantamiento contra el presidente Sebastián Piñera y su ortodoxia neoliberal”, consignan los firmantes con relación al modelo económico y social que rige desde hace tres décadas en Chile y propició la intensa lucha social que alcanzó su punto máximo en octubre de 2019, estallido que derivó en la convocatoria a la asamblea constituyente.

La carta, coordinada por la Internacional Progresista, y que también incluye, entre otros, las firmas de la legisladora estadounidense Rashida Tlaib y del ex líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, afirma que la propuesta que será sometida a plebiscito “se hace eco de la inseguridad, garantizando la salud, el trabajo decente, la vivienda, el agua y la alimentación sana como derechos inalienables”.

La declaración destaca que contempla “la reproducción social, el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico que se reconocen explícitamente como ‘socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad‘”. También pondera “la reserva (de espacios) para la participación indígena en todos los niveles de gobierno” y la “autonomía territorial y la libre determinación” de los pueblos originarios al reconocer a Chile como un Estado plurinacional.

El plebiscito

La reforma de la Constitución vigente, redactada en 1980 y modificada parcialmente en 2005 durante la presidencial de Ricardo Lagos (2000-2006), se aprobó con el 80 % de los votos el 25 de octubre de 2020 mediante un plebiscito nacional y, unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que redactaron el nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado o rechazado con el voto obligatorio de los chilenos.

De cara a la concreción de la consulta, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció las medidas de seguridad que regirán el día del plebiscito, entre las que se destacan el despliegue de 45.000 policías en los locales de votación y la apertura de 904 comisarías para recibir las constancias de las personas que no puedan votar, según informó la ministra del Interior, Izkia Siches, durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de La Moneda.

Siches hizo un llamado a que el proceso sea "ordenado, tranquilo y en paz", ya que en esta ocasión el voto será obligatorio, por lo que se espera que la cantidad de personas que acuda a las urnas sea mayor que en la última elección presidencial. "Estamos preparados para que todos los que están habilitados concurran; para eso hemos estado trabajando en los sistemas de transporte, la operatividad, el funcionamiento y los protocolos sanitarios para que esto pueda ocurrir en esa sintonía", agregó la ministra.

Por su parte, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, valoró la coordinación con el gobierno y Carabineros. "Nuestra expectativa, más que un dato, es que ojalá superáramos la cifra de votantes de la segunda vuelta del año pasado, que fue el récord de votaciones en Chile", agregó Tagle, quien adelantó que dos horas después del cierre de las mesas de votación ya podría haber una tendencia con los resultados que se vayan actualizando.

Según las estimaciones oficiales, se espera que la cifra total de votantes supera las 8 millones de personas que concurrieron a la segunda vuelta presidencial que determinó la elección del actual mandatario con una participación de 55% del padrón. En esta ocasión, las autoridades habilitaron un total de 38.4762 meses en todo el país y 286 en el extranjero.

“Desconfían de la democracia”

Por su parte, el presidente Boric salió en las últimas horas al cruce de un sector de la derecha política chilena que además oponerse a la aprobación de la nueva Constitución viene sembrando dudas sobre la transparencia del escrutinio al hacer blanco de sus críticas al Servicio Electoral, dejando así la puerta abierta para una posterior denuncia de un supuesto fraude en caso de ganar la aprobación.

Las palabras del mandatario se dieron en una jornada marcada por la publicación del diputado conservador y ex conductor radial Gonzalo de la Carrera, quien subió la foto de un cementerio a su cuenta de Twitter en referencia a la una denuncia que él mismo impulsa sobre la aparición de algunos pocos casos de personas fallecidas en el padrón electoral. Carrera llamó a constituir “comunas populares” porque -según sostuvo- “el gobierno hará todo lo posible para robarse la elección”.

Marco Enríquez Ominami fue uno de los primeros en manifestarse. “Cuánta crueldad, miseria e indecencia. Esto excedió los límites, incluso para Gonzalo de la Carrera. La derecha es responsable de que estos discursos de odio hayan llegado al Congreso”, señaló el excandidato presidencial chileno. 

Por su parte, Boric afirmó que lo expresado por De la Carrera “forma parte del manual de quienes desconfían de la democracia”. El presidente aseguró que se trata de “un intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan”.

“Como gobierno apoyaremos firmemente nuestra institucionalidad electoral”, tuiteó el mandatario, quien en el mismo mensaje recordó a la ciudanía que el voto “en esta elección es obligatorio, porque es un derecho y a la vez un deber”, al tiempo que destacó que “todos los chilenos somos protagonistas de la historia que estamos escribiendo”.