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Uruguay cobrará la residencia Mercosur y temen que afecte a “miles” de venezolanos
“En Uruguay es sencillo tramitar la residencia”. Esa es una de las justificaciones más repetidas por los venezolanos que buscan suerte en este país al sur del sur. Pero un cambio administrativo que entrará en vigencia dentro de diez días —y que incluye un costo de más de $ 3.400— podría perjudicar la llegada de nuevos inmigrantes. Al menos eso consideran desde la sociedad civil organizada.
Los trámites de residencia en Uruguay por el acuerdo del Mercosur —a la que pueden acudir los venezolanos, entre otras nacionalidades sudamericanas— dejarán de realizarse en la Cancillería. A partir del 17 de febrero, la documentación la centralizará en la Dirección Nacional de Migración, perteneciente a Interior, y tendrá un costo de $ 3.134 por dar inicio al trámite y otros $ 314 por el certificado migratorio.
“Es bastante plata para muchos de los recién llegados”, advierte la activista Rinche Roodenburg, integrante de la Red de Migrantes. “El problema no es de qué organismo dependa el trámite, sino su costo: porque eso va a desestimular la llegada, hará que muchos soliciten refugio como vía de escapar a la paga, se burocratizará aún más el sistema, y haremos más difícil la concreción de un derecho que debería ser cada vez más simple”.
Si se tiene en cuenta la cantidad de residencias por Mercosur iniciadas el año pasado, el Estado uruguayo pasaría a recaudar más de $ 47 millones, de los cuales más de $ 9 millones son de ciudadanos venezolanos.
Vanessa Sarmiento, de la ONG Manos Veneguayas, sabía que se “iría a cobrar algo”, pero pesaba que “sería un monto simbólico y no más de $ 3.000 como acabó siendo”.
El Observador había informado que el año pasado se batió el récord de llegada de inmigrantes venezolanos: ingresaron a Uruguay unos 9.000 ciudadanos más de los que se fueron. Este hito, tras dos años de emergencia sanitaria, tenía dos principales motivaciones: el retorno de quienes intentaron suerte en la ruta hacia el norte y se tuvieron que regresar, y la atracción de familias que había probado suerte en terceros países —sobre todo de la costa pacífica de Sudamérica— y, tras malas experiencias, ahora intentaban un arraigo en Uruguay.
En cualquier caso, son inmigrantes que, en su mayoría, tienen mayores limitaciones económicas que las primeras olas de venezolanos que llegaron al país desde que se desató la crisis humanitaria en el país caribeño.
“Muchos de estos venezolanos no necesitan la protección del Estado uruguayo —el status de refugiado—, sino que la regularización sencilla de trámites para estabilizarse”, dice Roodenburg.
Los venezolanos, quienes están huyendo de la crisis, podrían pedir el refugio aunque no estén siendo perseguidos, pero se trata de un trámite más lento, que requiere entrevistas y un filtro por parte de la comisión de refugiados.
En cambio, por ser parte de los Estados asociados al Mercosur, podían solicitar la residencia de manera sencilla. Este trámite, desde 2014 estaba en la órbita de Cancillería luego de una modificación en la normativa y la saturación de la Dirección Nacional de Migración. Pero ahora “se ha entendido que la concentración de las residencias en un único organismo redunda en beneficio del usuario que podrá solicitar su residencia —cualquiera de las categorías disponibles— en un mismo lugar, obteniendo además el asesoramiento integral necesario y fundamentalmente, presentando su solicitud en cualquier departamento del país teniendo en cuenta la presencia descentralizada de la DNM en el territorio nacional”, explica el vocero de Cancillería, Horacio Abadie. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue organismo que pidió el cambio en la última Rendición de Cuentas.
¿Existe una manera de tramitar la residencia sin pagar? Más allá de la posibilidad de solicitar el refugio, el inmigrante reciente en situación de vulnerabilidad puede solicitar en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la exoneración de la paga para acceder a la documentación. Pero Roodenburg insiste con que “eso implica un chequeo, entrevistas, pasaje a otra división, más burocracia, más lentitud, cuellos de botella y más gastos para el Estado”.
Por su parte, Sarmiento, de Manos Veneguayas, advierte que "estos cambios normativos están generando mucho descontrol entre la población venezolana recién llegada y se hace necesaria una campaña de información bien contundente". La activista da como ejemplo el cambio en la presentación de antecedentes penales: "Antes los venezolanos tenían cierta flexibilidad y no necesitaban apostillar ese documento, ahora se exige el apostillado lo que les complicará a muchos dada la dificultad de hacer trámites en oficinas venezolanas". Y concluye: "En las redes sociales la comunidad de venezolanos está haciendo muchas preguntas que, por ahora, no tenemos respuesta para todas ellas".
Por el momento el sitio web del Ministerio del Interior no está actualizado, por lo que no especifica sobre este cambio. El portal Trámites Uy señala que el cambio empezará a regir el 17 de febrero, sin más detalles.
