Seis meses después de la llegada del coronavirus, Uruguay luce asombrosamente bien parado en medio de un mundo ominoso y caótico. Los golpes sicológicos y económicos que provocó la pandemia de covid-19, que no son pocos, parecen casi irrelevantes en el contexto regional y mundial.
Perú, que registra la peor situación del mundo, ha tenido hasta ahora casi 1.000 muertos por millón de habitantes; España, Bolivia, Chile y Brasil cerca de 650; Estados Unidos más de 600; México más de 560; Argentina ronda los 280; Alemania y Dinamarca unos 115; y Uruguay apenas 13 muertos por millón de pobladores, sólo superado por territorios insulares o herméticos como Japón (12), Corea del Sur (7) o Nueva Zelanda (5).
¿Cómo se explica el aparente milagro oriental?
Uruguay tiene algunas ventajas evidentes, como cierta buena salubridad general, además de una baja densidad de población. Incluso el hacinamiento en los cinturones de pobreza, en la periferia de Montevideo o de algunas ciudades del interior, es leve comparado con las “villas” argentinas o las “favelas” brasileñas.
La economía uruguaya se hundió entre marzo y junio, pero no tanto, ni por asomo, como las del resto de los países de América y Europa.
Miles de empresas pequeñas y medianas han bajado la cortina en Uruguay. Muchas otras subsisten en base a más endeudamiento. El desempleo y la pobreza son cada vez más evidentes, pero el espejo de Argentina devuelve una imagen infinitamente peor, de lo que pudo ser y no fue.
El 7 de setiembre el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó el éxito de Uruguay contra el coronavirus gracias a su sistema de salud, “uno de los más robustos y resilientes de América Latina”.
En parte es cierto; y en parte un mito. Todos los médicos y burócratas tienen sus enfermedades y situaciones favoritas. El jefe de la OMS, naturalmente, ha sido muy proclive a resaltar la importancia de los sistemas de salud nacionales y globales, a pesar de sus evidentes errores de previsión, pues vive de eso.
Aunque el sistema uruguayo cumple un papel decisivo en la detección, rastreo y tratamiento de los contagios, el dique contra el covid-19 parece situarse bastante antes de las puertas de mutualistas y hospitales.
Uruguay ha tenido un total de casos per capita extraordinariamente bajo: poco más de 500 contagios por millón de habitantes, muy en la cola de una comparativa mundial. Relativamente pocos enfermos de coronavirus han llegado a hospitales y mutualistas. El sistema no ha sido puesto a prueba.
Parece que en esta crisis sobran camas, al menos por ahora, y faltan psiquíatras.
El sistema de salud incluso es abusivo con los viajeros, o con las personas que desean conocer su estado. Un test PCR para detección de covid-19 se cobra entre 5.000 y 7.500 pesos, cuando en Brasil el mismo análisis se obtiene por 2.000. Peor aún: para un usuario común, el resultado puede demorar tres días, e incluso cinco días si cae en fin de semana, mientras en Brasil se conoce en cuatro o seis horas.
El sistema público de salud, mientras tanto, si bien más económico, es escandalosamente desatento y demorón.
Tenían razón los camioneros en las fronteras, que cumplen el decisivo comercio exterior con Brasil y Argentina, cuando protestaron por precios y plazos abusivos.
El dique contra la pandemia en Uruguay no estuvo tanto en el sistema de salud, sino más bien antes: en las maravillas de su territorio, en sus condiciones socioeconómicas, en las familias, en las calles, las aulas, fábricas y oficinas.
Es muy notorio el desdén de muchas personas por las normas comunes de higiene y cortesía; pero, pese a ellos, la mayoría muestra cierto respeto básico.
El ensayista e investigador literario Aldo Mazzucchelli, un crítico feroz de la forma en que el mundo afronta la pandemia, y receloso del control social, dijo a El País que en Uruguay las cosas salieron particularmente bien porque quien “manejó la crisis fue el sistema político, no los médicos ni los científicos”.
El sistema político no cedió a la tentación tecnocrática; ni recurrió al lockdown radical, al modo argentino, como al principio pareció el camino políticamente correcto o progre. Los encierros radicales solo funcionan si se recurre a la fuerza.
La salud pública es demasiado importante y compleja para quedar exclusivamente en manos de médicos y científicos. Porque: ¿cuál ciencia había que aplicar? ¿Cuál de todos los caminos propuestos?
Hubo un buen diagnóstico científico y, al fin, una buena decisión política. Y, en este como en otros asuntos, los políticos serán los responsables del resultado.
Las autoridades tampoco incurrieron en la tentación demagógica de oponer falsamente la salud de la población y la economía, cuando son asuntos interdependientes.
Ahora la OMS advierte que la pandemia empeorará en Europa en los próximos meses, con la llegada del otoño, y que la mortalidad va a aumentar. Es probable que ese ciclo, una segunda ola, se repita en América Latina después de este verano, en parte porque la población más joven baja la guardia y propaga el virus.
No habrá vacuna para todos, o para las poblaciones de mayor riesgo, al menos hasta fines de 2021, e incluso hasta 2022.
“La competencia entre los países (por diseñar la vacuna) es tan feroz que han detectado espías que buscan robar información de los laboratorios para tomar atajo”, dijo The New York Times esta semana. “China, por su parte, usa los ensayos clínicos como una suerte de salvoconducto para mejorar su relación con otros países”.
Al fin, la crisis del covid-19 se resuelve con ciencia solo en parte; también es una batalla cultural, política y afectiva. Los efectos perdurarán más que el virus. El corazón es un músculo muy elástico, y los prejuicios son mucho más duraderos que las pandemias.