La justicia argentina comprobó la existencia de una triangulación fraudulenta, que involucró a empresas argentinas y de Uruguay -en este último caso falsa-, que sobrefacturaba importaciones originadas en China. La investigación, que empezó en el año 2011, terminó con el procesamiento de tres empresarios: dos argentinos y una ciudadana uruguaya.
Se les procesó por el delito de “Contrabando documentado” en más de 700 operaciones por un monto de U$S 170 millones que permitió el traslado de divisas al exterior de más de U$S 35 millones, que finalmente terminaron en inversiones inmobiliarias de Estados Unidos, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El procesamiento estuvo a cargo del juez federal de Bell Ville (Córdoba) Roque Rebak.
El diario de la AFIP, Diálogo Fiscal, informó este lunes que la investigación comenzó con el análisis de riesgo que llevó adelante la Aduana argentina para detectar posibles fugas de divisas, contrabando y evasión tributaria vinculada a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, que son grandes importadoras. Esas compañías se dedican a vender productos de ferretería industrial y jardinería.
La maniobra, según la publicación oficial, consistió en utilizar a una empresa “fantasma” creada en Uruguay que “refacturaba injustificadamente en un 20%” el valor de mercaderías que se compraba en China.
Por esa vía se movieron divisas, se eludió el pago de ganancias, se generó un falso crédito fiscal y se burló el control aduanero. En los hechos se declaró valores distintos a los que correspondía, utilizándose documentación falsa.
De acuerdo a documentos incautados en Argentina, se comprobó que otras empresas vinculadas al mismo grupo económico, pudieron haber cometido ilícitos aduaneros en Uruguay, por lo que en base a los acuerdos de asistencia mutua existente, se presentó una denuncia en Uruguay.
Eso permitió que la Justicia y Aduana de Uruguay concretaron cuatro allanamientos en diciembre de 2001, todos en Montevideo, en sedes de las empresas que supuestamente facturaban millones de dólares. Sin embargo, se encontró que esas firmas eran “simples escritorios vacios”, sin identificación personal y sin funcionarios, en definitiva, oficiaban de fachada para ocultar que las operaciones comerciales -ya sean negociación de precios, pedidos, pagos y entrega de mercadería- se concretaban directamente desde Argentina.
El artículo de la AFIP -que en el período pasado de gobierno presionó a Uruguay para que firme un convenio de intercambio de información financiera- afirma que ese tipo de maniobras de contrabando requiere de personas jurídicas “de cartón (...) en países de nula o baja tributación”.
La nota finaliza diciendo que la AFIP seguirá trabajando “contra los paraísos fiscales” para lo que promoverá la eficiencia en el intercambio de información que asegure un comercio internacional “fluido y lícito”.
