La jueza letrada de primer turno de Toledo, Xenia Pedrozo, no accedió al pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva contra un defensor de oficio que le pidió favores sexuales a la pareja de uno de sus defendidos que está preso.
La situación se dio en una audiencia en celebrada en la ciudad de Toledo, el 13 de febrero, según narró una fuente judicial.
El acusado trabaja en Atlántida, y la investigación en su contra se formalizó por la presunta comisión de un delito de concusión.
Según la solicitud fiscal María Sigonia la víctima denunció al defensor de oficio el 8 de febrero.
La mujer relató que en una comunicación vía Whatsapp el defensor de oficio le pidió que realice “algo a su favor” a cambio de reducir la pena de su defendido, el esposo de la víctima, quien se encuentra en prisión preventiva.
A cambio de eso, el abogado le ofreció beneficiar a su marido en un acuerdo abreviado.
“¿Usted me está pidiendo cosas a cambio?”, preguntó la víctima. A lo que el defensor de oficio respondió, según la Fiscalía: “Y si”.
Ante la negativa de la mujer, el funcionario público le respondió que entonces la pena no se vería reducida en tanto eso dependía de ella.
En la conversación, el defensor de oficio escribió frases tales como: “Usted lo debe extrañar sexualmente y se entiende, ¿entonces entre nosotros nada?”.
La fiscal Sigonia pidió prisión preventiva por existir riesgo para la víctima y también para la buena marcha de la investigación.
La jueza no la concedió. Argumentó, entre otras razones, que esos riesgos no existen y que el imputado vive con su madre “y que la misma depende de él”.
La magistrada, en cambio, le fijó la obligación al defensor de oficio de presentarse semanalmente en la seccional de su domicilio y la prohibición de salir de este país.
Raúl Oxandabarat, vocero del Poder Judicial, del cual dependen los defensores de oficio, no quiso hacer comentarios sobre el caso.
Consultado el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, afirmó que la fiscal solicitó la prisión preventiva por entender que había riesgo para la víctima y, ante la decisión de la jueza, apeló la decisión.
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