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Venezuela: un camino sin retorno

Pese a presión internacional, la Constituyente toma decisiones basada en sus plenos poderes

8 de agosto de 2017 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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AFP

Apartir de la instalación, el viernes pasado, de la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela ingresó en un camino sin retorno, ya que según coinciden en señalar analistas y distintos países de Latinoamérica y el mundo, no se respeta el orden democrático.

Operativa desde el viernes pasado, la Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, comenzó a operar en medio de una creciente desconfianza y presiones de la comunidad internacional.

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos, así como Estados Unidos, la Unión Europea y hasta el Vaticano habían pedido a Maduro que desistiera de convocar al nuevo organismo.

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De manera coincidente, las voces críticas contra la decisión del presidente venezolano insisten en reclamar un calendario electoral y en que se respeten todas las garantías democráticas, además de convocar a un diálogo con la oposición.

En ese marco, el argumento prevaleciente indica que hoy por hoy, y más aún después de la instalación de la Asamblea Constituyente, Venezuela dejó de ser un país regido por un sistema democrático para convertirse en una suerte de dictadura. Es que la Asamblea, plenipotenciaria, por ejemplo, asume roles legislativos y desconoce las potestades del Parlamento, donde la oposición tiene mayorías.

En ese estado de crispación social, institucional y política, simpatizantes del gobierno se movilizaron este lunes hasta el edificio del Parlamento como forma de apoyar a la Constituyente.

A su vez, en los últimos cuatro meses, la oposición se movilizó para pedir la salida de Maduro y en contra de la Constituyente.

La instalación del organismo fue convalidada el pasado domingo 30 de julio por una elección, en la que según el gobierno, votaron 8 millones de venezolanos.

Pero la empresa que proyevó de la plafatorma de software para esa elección y otras anteriores indicó que las cifras de votantes fueron manipuladas en al menos 1 millón de personas.

A su vez, este domingo el gobierno anunció que desactivó un intento para tomar un destacamento militar en Valencia, en el que dijo que hubo dos muertos.

Gobierna en los hechos

La Asamblea Nacional Constituyente –que fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo– debía abocarse, casi exclusivamente, a la reforma constitucional.

Desde el principio, la oposición siempre rechazó esa herramienta, a la que calificó de fraude, con el argumento de que servirá para que el chavismo se perpetúe en el poder.

Pero la realidad marca que este organismo dejó de lado su cometido original y en los hechos, como un brazo ejecutor del propio gobierno, en los hechos está ejerciendo acciones de gobierno.

Destitución de la fiscal general

Las atribuciones conferidas a la Constituyente por el presidente Maduro tuvieron el sábado pasado una muestra elocuente, ya que una de sus primeras decisiones fue la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, una chavista que enfrenta al régimen.

Solo la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, podía hacerlo.

Sin separación de poderes

Precisamente, la decisión de cesar en el cargo a la fiscal general es una demostración clara de que la Asamblea Constituyente no respeta la independencia de poderes, un principio elemental e innegociable consagrado en el orden constitucional de cualquier país regido por gobiernos democráticos.

¿Y las elecciones?

En primera instancia, la Asamblea Constituyente debía funcionar por un período de un año, ya anunció que lo hará hasta por dos años, con lo cual esa intención se superpone con la convocatoria a elecciones presidenciales, que están previstas justamente para el año 2018.

El régimen chavista ya incumplió con la realización de elecciones de gobernadores, que según la Constitución vigente, debieron realizarse en diciembre, pero pasaron para dicienmbre próximo.

Sin referéndum previo

El presidente debió convocar a una consulta popular previa para someter a consideración de la ciudadanía la convocatoria a elecciones para elegir los 545 miembros de la Asamblea Constituyente.

Pero no lo hizo y además señaló una y otra vez -y es lo que está sucediendo- que el flamante organismo tendría plenos poderes.

Hay 431 presos políticos

Según datos divulgados a julio por la organización Foro Penal Venezolano, en Venezuela hay 431 presos políticos, la mayoría de los cuales están recluidos en distintas cárceles.

Se trata de dirigentes de la oposición, encarcelados por oponerse a las acciones del gobierno.

Dos de los presos políticos más emblemáticos, Leopoldo López, y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledeama, recuperaron el arresto domiciliario, delq ue hafueron sacados la semana pasada.

Dirigentes proscriptos

Como forma de silenciar a los principales candidatos de la oposició y evitar, además, que puedan participar de distintas instancias electorales, el gobierno chavista no encontró un mejor método para hacerlo que disponer inhabilitaciones masivas.

Por ejemplo, Henrique Capriles está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años.

Parlamento en desacato

La Asamblea Constituyente, que preside la excanciller Delcy Rodríguez, sesiona en el edificio del Parlamento en Caracas, cuando en ese lugar debe hacerlo la Asamblea Nacional.

El chavismo perdió la mayoría en diciembre de 2015 y desde entonces instrumentó distintas acciones para deslegitimar al Poder Legislativo, al que incluso el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato.

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