La Vertiente Artiguista –el sector del Frente Amplio que tiene entre sus filas a Fernando Pereira, Mariano Arana, Enrique Rubio, entre otros– apuesta a construir un "espacio más amplio denominado artiguista", según definió este fin de semana la Dirección Nacional de la agrupación. Dirigentes del sector confiaron a El Observador que buscan pararse "en el centro político pero sin perder la perspectiva de izquierda".
La Vertiente aún no definió a quién acompañará como precandidato a la presidencia, aunque se inclina a apoyar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Pese a que la Convocatoria Seregnista Progresistas –que unió al astorismo con Mario Bergara– busca posicionarse como el ala socialdemócrata del Frente Amplio y ha sondeado al propio sector como un posible aliado, la Vertiente definió tomar un camino propio.
La agrupación sostuvo que apuntará a ser "campo de encuentro" e irá en busca de "ciudadanos que votaron al actual gobierno y hoy están desencantados, de integrantes de los partidos tradicionales, de distintas fuerzas vivas y ciudadanos y ciudadanas progresistas que se sienten impulsados a construir una alternativa".
La Vertiente refirió a "un contexto condicionado por la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China que tiene uno de sus principales espacios de tensión en la guerra de Ucrania". Con ese trasfondo –al que se suman problemáticas ambientales y los cambios tecnológicos–, la Vertiente declaró que "las relaciones internacionales del FA deben adquirir prioridad estratégica", incorporando al programa una "lectura de los cambios geopolíticos globales".
Parte de esa posición responde a la necesidad de lograr la unidad entre gobiernos de la región, como han manifestado el presidente brasileño Lula Da Silva y el exmandatario José Mujica, según indicaron desde la Vertiente a El Observador.
En otro orden, el sector arremetió contra el gobierno por las revelaciones del caso Astesiano y sostuvo que su estrategia "no puede ser responsabilizar al FA o adjudicarle intencionalidad política al periodismo, sino reconocer la responsabilidad institucional ante un problema que afecta la calidad de nuestra democracia". "Es Presidencia quien debe dar explicaciones claras a la ciudadanía", afirmaron.
