La Asamblea General no logró alcanzar los tres quintos en ambas cámaras para levantar el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley aprobada en el Parlamento para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia.
La situación motivó que la coalición volviera a votar dividida, ya que los legisladores de Cabildo Abierto junto a los afines al senador nacionalista Sergio Botana, César Vega del PERI y el colorado Germán Cardoso, sumaron sus manos a las del Frente Amplio para intentar levantar la observación.
Según confirmó El Observador con fuentes de Presidencia, el posicionamiento de la bancada cabildante motivó comunicaciones entre el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros Raúl Lozano (Vivienda) y Karina Rando (Salud Pública), a quienes les transmitió que su partido no los había “respaldado políticamente” ya que el veto parcial había ido al Parlamento con la firma de todo el Consejo de Ministros.
Lacalle Pou optó por la comunicación con los ministros en parte dado que interrumpió las conversaciones con el líder cabildante, Guido Manini Ríos, tras el incidente por la entrega de viviendas a militantes de su partido que desembocó en la salida de Irene Moreira del gabinete. Desde entonces, el vínculo se realiza a través de los ministros o mediante el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
A fines de octubre, cuando la ley se discutía en el Parlamento, Lacalle Pou había enviado a tres ministros (Economía, Salud Pública y Trabajo) para persuadir a la coalición de no votarla. En ese momento, Rando llegó incluso a reunirse personalmente con Manini Ríos e Irene Moreira para decirles que era “inconveniente” lo que estaban pidiendo aunque de todos modos votaron en contra de su sugerencia.
Llamada decisiva
Desde Río de Janeiro, ciudad a la que viajó para participar de la cumbre del Mercosur, el mandatario siguió con atención la jornada parlamentaria y también hizo otros llamados, ya que se comunicó con Juan Sartori y su suplente Juan Straneo para pedirles su "respaldo al gobierno".
Les dijo que la ley tenía consecuencias económicas negativas y afectaba las cuentas públicas. También manejó que si el veto se levantaba se generaría una afectación a la imagen institucional del país, dijeron fuentes políticas.
El contacto del mandatario fue decisivo para que Straneo, quien había votado la iniciativa en el Senado –y tenía preparado el fundamento para alzar la mano en favor de levantar el veto presidencial–, se retirara de sala y no estuviera durante la votación, lo que motivó que la Cámara Alta quedara a un voto de alcanzar los necesarios.
La Constitución exige tres quintos de los presentes de cada cámara en la Asamblea General para poder dejar sin efecto un veto del Poder Ejecutivo. A nivel del Senado, hubo 17 votos en 29 para levantarlo, pero de acuerdo al reglamento se hubieran precisado al menos 18 (tan solo uno más) para el quórum que había en ese momento.
Con que solo una de las cámaras no alcanzara la mayoría especial necesaria, el Poder Legislativo ya no podía levantar el veto, y eso fue lo que ocurrió en ambas cámaras, aunque el resultado estuvo parejo y mantuvo en vilo al oficialismo hasta última hora.