La libertad de expresión a través de los medios de comunicación es siempre una de las primeras víctimas sacrificadas por los gobiernos autoritarios, como lo ejemplifica el sonado caso de Martín Sabbatella en Argentina. En la región ocurre en Cuba, Venezuela y Ecuador, pese a que se trata de un derecho fundamental. Hasta bajo un gobierno plenamente democrático como el uruguayo se amaga coartarla a las escondidas con la ley de medios, aprobada solo por el Frente Amplio durante la administración Mujica.
En Argentina los ataques a la prensa estuvieron simbolizados por Sabbatella. Este oscuro personaje de la era kirchnerista presidía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Es un organismo autónomo creado bajo una espuria ley de medios aprobada por la mayoría parlamentaria del kirchnerismo. La impulsó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, airada por la dura oposición de Clarín a su régimen, con el notorio objetivo central de desmembrar a ese poderoso grupo de medios de comunicación. El nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri dispuso la intervención de Afsca pero Sabbatella se negó a aceptar la intervención y se atrincheró en la institución, ante lo cual un juez ordenó su desalojo, cumplido cerca de la medianoche de Nochebuena luego de una tensa jornada. Aunque el mandato de Sabbatella vencía recién en 2017, Macri optó por el recurso legal de la intervención bajo acusación al jerarca de violación de los deberes de funcionario público y otros cargos fundados. Sabbatella, Afsca y la ley de medios conformaban un conglomerado de represión a la libertad de expresión, bajo un tenue barniz de legitimidad acordado por la dócil mayoría parlamentaria kirchnerista.
El asedio a este derecho es aun más grave en otros países de la región. En Cuba solo hay prensa oficial de la dictadura castrista desde hace 56 años, aunque la emergencia de la era informática ha permitido alguna ocasional voz disidente por internet. El chavismo venezolano clausuró sin disimulo medios que denunció como opositores, incluyendo al principal canal de televisión, y coarta a otros negándoles las divisas para importar papel, equipos y todo otro tipo de insumos. En Ecuador se acaban de aprobar una serie de enmiendas constitucionales que le conceden al Estado la propiedad y la potestad de regular a la información como si fuera un servicio público más. Algo que bate todos los récords.
Hasta en gobiernos democráticos asoma la tentación a acallar opositores o a inducirlos a seguir lineamientos oficiales. Es lo que ocurre en Uruguay con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue aprobada al fin de la administración Mujica, pese a que el expresidente se había declarado antes opuesto a cualquier ley de prensa. Pero no ha sido reglamentada por el gobierno actual, a la espera del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre decenas de recursos de inconstitucionalidad, presentados por los canales abiertos, los de cable y radios de la capital e interior. El declarado objetivo de la ley de regular el funcionamiento y programación de canales y radios no esconde disposiciones que pueden conducir a formas directas o indirectas de censura, curso incompatible con la vigencia del estado de derecho.
