El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) no ha parado de hacer anuncios desde el inicio de esta administración. No solo en cuanto a la cantidad de viviendas nuevas que tenía previsto inaugurar, sino también a las nuevas técnicas en las que la ministra, Irene Moreira, ha puesto especial énfasis: primero la madera, después el steel framing y ahora con el hormigón celular. Los resultados, sin embargo y más allá de los anuncios, todavía no se dejan ver.
Ya pasó la mitad del período de gobierno, y recién esta semana el ministerio tenía previsto recibir los “perfiles” de los primeros seis proyectos en los que trabajará el Plan Avanzar, diseñado para regularizar o erradicar los asentamientos irregulares en todo el país. Se trata de la última de la larga serie de pequeños anuncios realizados por la cartera en torno a este plan, que verá el comienzo de su primera obra efectiva, según dicen desde la cartera, cerca de fin de año.
Según los números oficiales, al cerrar 2021 había 38 asentamientos, previstos en otros programas, con “diferentes grados de avance” que comprendían 8.421 hogares.
La autoridades optaron por comparar los dos primeros años de esta gestión con los dos primeros del último gobierno de Tabaré Vázquez, según consta en el Tomo II de la Rendición de Cuentas. En “el total de soluciones habitacionales” iniciadas en la administración encabezada por Irene Moreira exhibe una leve ventaja: 9.583 frente a 9.318. Sin embargo, cuando se hace el “desglose” de las que se terminaron, pierde: 3.066 frente a 3.449.
En cuanto a las garantías de alquileres, el promedio de 2015 y 2016 fue de 1.330, contra 1.262 de los dos primeros años de este período. Moreira afirma tener ventaja en las viviendas otorgadas mediante el plan de mejoramiento de barrios: 311 contra 71.
La Rendición de Cuentas –y así se hizo notar por parte del Frente Amplio– revela un descenso en la metas planteadas por el propio ministerio.
En el Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional, registraba nuevas soluciones habitacionales terminadas y en ejecución. La meta para 2021 era 1.571, pero el valor concretado fue 1.397. La meta para este año es 1.419.
En cuanto a las realizadas a través de cooperativas, en 2020 había 8.050 unidades. La meta para el año siguiente era 7.952, pero se concretaron 7.856. La meta para 2022 también baja: 7.564.
Una situación similar sucede en relación a las acciones sobre el “stock”, ya sean terminadas o en ejecución. El valor de 2020 era de 6.142 y la meta para 2021 era de 3.800 unidades. Lo concretado ese año fue 3.545. Para este año, la meta es de 4.606 viviendas.
El Plan Nacional de Relocalizaciones planteaba una meta de 1.030 hogares, pero se llegó a 1.014. El segmento en el que el ministerio puede exhibir sus mayores logros es en la escrituración de viviendas de Mevir. En 2021 se realizaron 675 trámites, una cifra que supera en 55% el promedio de los últimos años.
La ministra Moreira habló de que al asumir se encontraron con un “cuello de botella” con más de 100 cooperativas esperando escriturar. En lo que va de esta gestión se escrituraron 64, y la meta para este año es estar escriturando 1.700 viviendas, de las que 50 son cooperativas.
Moreira explicó que el 85% de los funcionarios de la cartera, que deberían haber hecho el relevamiento, estuvieron teletrabajando en pandemia. Eso obligó, dijo, a que estos últimos dos años pudiera hacerse solo un sorteo de cooperativas, con 1.500 cupos cada año.
El director general del ministerio, Gabriel Albornoz, admitió en la comisión otras dos metas incumplidas, aunque menos tangibles. Una relativa al fortalecimiento de la planificación estratégica de la cartera. “Consideré en su momento, y lo sigo considerando aún, fundamental para favorecer y facilitar la gestión”, afirmó.
Según indicó, el plan no avanzó debido a la decisión del Poder Ejecutivo de realizar una reestructura funcional en todos los incisos, prevista en la vigente ley del Presupuesto.
La segunda meta incumplida fue la de la unificación de criterios para los contratos. Albornoz admitió que al desembarcar en el ministerio se encontraron con una “nebulosa” que hacía “muy díficil” saber con cuántos funcionarios se contaba. Un trabajo inicial permitió detectar 800 contratos, pero el número final era de 903, aparte de los 287 presupuestados.
El Plan Avanzar
El plan incluye 40 asentamientos en los que ya se venía trabajando, otros 20 que no estaban inicialmente previstos, y se incorporaron otros 60 más, para totalizar 120 asentamientos dentro del programa. El Poder Ejecutivo decidió aplicar allí los US$ 240 millones que ya estaban previstos para el plan quinquenal presupuestado. Se ejecutará a través de un fideicomiso, que incluye también una partida variable, en un mecanismo que le permite pedir préstamos para “apalancar” su patrimonio.
El plan depende de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), creada en la ley de urgente consideración (LUC) vigente desde 2020. También articula el Plan de Integración Sociohabitacional Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Localizaciones. La Dinisu es presidida por Florencia Arbeleche, que esta semana anunció otra novedad: el fideicomiso ya está operativo y su “comisión de seguimiento”, integrada por Vivienda, Economía y Finanzas y Ganadería, ya realizó su primera sesión.
El fideicomiso recibirá este año unos US$ 40 millones y Economía anunció que allí irán US$ 112 millones hasta 2025. Además, se pidió y obtuvo un “refuerzo presupuestal” de US$ 35 millones de aquí al final de este período. En total, suma por el momento US$ 147 millones más. “No quiero entrar en lo que Economía está haciendo, pero se está trabajando con organismos multilaterales para pedir préstamos”, remarcó Arbeleche el lunes ante los legisladores.
Materiales amigables
Cada vez que comparece en el Parlamento, el ministerio insiste en su apuesta a la construcción de viviendas con “sistemas no tradicionales”. Según Moreira, esto no implica resignar calidad, sino reducir costos y tiempos de producción.
Entre otras técnicas, el steel framing y wood framing, son vistas como ideales para las viviendas de “interés social” y son avaladas por el ministerio a la través del Certificado de Sistemas Constructivos, que hasta ahora registra 13 modalidades.
La mayor apuesta de Moreira es la madera. El 5 de agosto del año pasado se presentó un plan piloto en Rivera que, el 23 de diciembre, entregaba las primeras casas. Según el ministerio se logró reducir el 50% el tiempo de obra y 43% el costo por metro cuadrado.
También el hormigón celular. Se trata de un material que se obtiene a través de una mezcla de cemento, arena de sílice, cal y agua, incorporando al final del proceso polvo de aluminio. Permite reducir, afirman en la cartera, 30% el tiempo de obra.
Con este método, que el ministerio destaca como más liviano y “amigable con la mano de obra femenina”, se inauguró recientemente un plan de 21 viviendas en la localidad floridense de Independencia, y otro con 25 unidades en Cardal. Un nuevo plan similar está comenzando en Casupá a través de Mevir, que en 2021 entregó 734 soluciones para 3.081 participantes. Según el ministerio, esto representó un crecimiento del 15% frente a lo que se h abía logrado en 2020. La apelación a estas novedosas técnicas despertó la preocupación de la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, que habló de “viviendas cáscara” y advirtió sobre la “precarización” de las soluciones que apuntan, sobre todo, a la población más carenciada. l