11 de abril de 2011 19:03 hs

Los invitados a cumplir como observadores en las polémicas elecciones del domingo en Honduras comenzaron a llegar este viernes, mientras el presidente depuesto, Manuel Zelaya, envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denunció la "ambigüedad" de EE.UU. ante la crisis.

Los primeros ex presidentes en llegar al país para actuar como observadores fueron el salvadoreño Armando Calderón y el boliviano Jorge Quiroga, quienes aterrizaron en la capital hondureña como parte de una avanzada de los más de 300 invitados que, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), supervisarán los comicios.

Calderón, presidente entre 1994 y 1999, defendió en declaraciones a Efe la idoneidad de los invitados, entre los que hay políticos y empresarios, y dijo que no se precisa de la presencia de los "burócratas" de la OEA ni de las Naciones Unidas.

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La OEA decidió no enviar observadores al considerar que las elecciones se van a desarrollar en medio de una situación de ruptura del orden constitucional por el golpe de Estado contra Zelaya, quien se encuentra desde hace dos meses en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Quiroga (2001-2002) dijo telefónicamente a Efe que, además, tiene previsto reunirse durante su estancia con los "principales candidatos" a la presidencia en unos comicios que defendió como la forma de que los hondureños "no queden como rehenes de la situación política que vive el país".

Mientras tanto, Manuel Zelaya reclamó hoy al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por la "ambigüedad" y "contradicción" de Estados Unidos en la crisis política de su país.

"Elevo ante usted en su carácter de secretario general de la OEA los reclamos formales de mi Gobierno y el pueblo hondureño por la actitud de irreverencia que estamos siendo víctimas por la ambigüedad manifiesta y la contradicción del Gobierno de los Estados Unidos de América y algunos países", subraya Zelaya en la carta.

Añade que EE.UU. y los otros países, que no identifica, están "utilizando posiciones ambiguas e imprecisas", y al respecto dice: "Por un lado reconocen mi Gobierno, empero, por otro lado, ignoran nuestra posición y las resoluciones de la OEA y de la ONU y atienden las instrucciones del régimen de facto", que preside Roberto Micheletti.

Por su parte, la ex presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Gloria Oquelí presentó hoy ante la Secretaría del TSE una petición de recusación contra dos magistrados y uno suplente de ese órgano y la petición de nulidad de las elecciones del próximo domingo.

"Eso implica la nulidad del proceso electoral", agregó Oquelí, quien presentó la recusación junto a la diputada Argentina Valle, ambas del Partido Liberal, al que pertenecen Zelaya, y el presidente de facto, Roberto Micheletti.

Ambas denuncias se basan en que entre las incompatibilidades previstas por la Constitución para poder ejercer como magistrado del TSE figura el estar ejerciendo cargo público de elección popular en el momento de su designación.

Según la ex presidenta del Parlamento Centroamericano, David Matamoros era diputado; Enrique Ortez, concejal, y Denis Gómez era diputado suplente en el momento de su designación, en mayo pasado. Oquelí descartó que sus acciones ante ambos órganos vayan a ser respondidas, pero señaló que con sendas denuncias busca "cumplir con la etapa interna" ante las instituciones de apelaciones competentes para luego ir a "una etapa internacional" acudiendo a organismos fuera de Honduras.

También hoy el Parlamento de Honduras completó el abanico de opiniones jurídicas en que basará su debate del 2 de diciembre sobre la restitución de Zelaya en la Presidencia. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregó al Congreso Nacional su informe sobre el caso de Zelaya, quien, según ratificó el presidente de ese tribunal, Jorge Rivera, debe someterse a la justicia porque tiene procesos pendientes.

Rivera aseguró que la CSJ no se pronunció sobre si Zelaya debe volver o no a la Presidencia, de la que fue derrocado el 28 de junio pasado. Tras las entregas de los informes del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado de los Derechos Humanos, la CSJ completó las opiniones jurídicas que el Congreso pidió para fundamentar su discusión, que tendrá lugar después de los comicios.

(EFE)

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