Este gobierno no deja de sorprendernos con decisiones que se toman y rápidamente deben corregirse o directamente se dejan sin efecto por su carácter indebido o erróneo. Las dificultades para llevar adelante una política de gobierno clara y ordenada son permanentes y cada vez sorprenden más.
Es una mala cosa naturalizarlas o, peor aún, pretender justificarlas en base a la reivindicación de que eso demuestra capacidad de autocrítica. Se parece mucho a las explicaciones sobre las confusiones en los discursos del presidente que se han pretendido convertir en un valor.
También se parece mucho a la referencia insólita a la “revolución de las cosas simples” que nadie entiende qué quiere decir, pero que se ha utilizado para justificar la falta de impulso e ideas de cambio que se proclamaron alegremente en la campaña electoral y que ahora brillan por su ausencia.
En definitiva, no corresponde echar mano a justificaciones para tratar de explicar simplemente que no hay idoneidad ni propuestas concretas y viables para gobernar. En estos días se agregó una nueva “perla” al collar, y ya van…
La mayoría de los directores de la Caja de Profesionales con el voto a favor decisivo de los representantes del Poder Ejecutivo, resolvió, de manera notoriamente ilegal, autoasignarse un monto mensual a título “indemnizatorio” equivalente a unos $ 131.000 mensuales, contrariando la norma que establecía que dichos cargos deben ser honorarios.
El carácter honorario de los cargos de directores de la Caja de Profesionales fue establecido en la ley de reforma de la seguridad social aprobada en 2023 y ratificada específicamente en la ley de salvataje de la referida caja aprobada en junio de 2025.
Es imposible alegar que quienes asumieron sus cargos en el Directorio en representación del Poder Ejecutivo no tuvieran conocimiento de esta situación, porque tuvo una notoria difusión en el debate público de los últimos tiempos.
Es notoria la enorme crisis patrimonial de la Caja de Profesionales y la urgente necesidad de tomar las medidas de austeridad más intensas posibles para buscar revertir su situación, del mismo modo que se incorporaron aumentos en los aportes de los afiliados y cambios en las tasas de reemplazo de los futuros jubilados para contribuir a la sostenibilidad de la caja.
Pero, además, la normativa incluyó un subsidio muy significativo del Estado, es decir de parte de todos los uruguayos, para contribuir al sostenimiento de esa institución.
Por lo tanto, es directamente un escándalo que el Directorio por mayoría, haya votado esta asignación ilegal, pero además es totalmente contraria a la sensibilidad básica de entender la situación que se vive en esa institución.
Es necesario destacar la posición de los actuales presidente y vicepresidenta de la Caja de Profesionales, Daniel Alza y Virginia Romero, quienes, con total lógica y coherencia, votaron en contra de esta decisión. Del mismo modo, Blauco Rodríguez, también integrante del Directorio y ausente el día en que se votó esta barbaridad, ya anunció que votaría en sentido contrario para revertir la decisión adoptada.
Pero lo cierto es que se adoptó esta decisión con el voto decisivo de los representantes del gobierno y esto es particularmente grave. Más grave aún, conocer pocos días después, que esta decisión se había adoptado sin el conocimiento del presidente de la República ni de sus ministros vinculados al tema, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Este hecho, lejos de salvar la responsabilidad política de lo ocurrido, es una demostración más de la falta de coherencia y coordinación en el ejercicio del gobierno entre sus diferentes autoridades.
Como era obvio y estaba en la “tapa del libro”, aunque la decisión demoró demasiado, los representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio presentaron su renuncia.
Bueno hubiera sido que no ocurriera, sin embargo en la nota de renuncia de uno de los directores quedó en evidencia que la responsabilidad de esta decisión no fue sólo de los directores renunciantes, sino que se hizo referencia directa a que se siguieron las orientaciones de autoridades del Ministerio de Trabajo, lo que parece muy lógico.
Habida cuenta de que el ministro, según se dijo, no estaba enterado, entonces la responsabilidad recae en el director de Seguridad Social del MTSS, puesto que la gestión de las cajas paraestatales se coordina con ese jerarca en el ministerio.
Por lo tanto, el problema va más allá de la situación de los directores renunciantes; es más, resulta notoriamente injusto y preocupante que sólo asuman la responsabilidad estos y no quien tuvo la decisión efectiva y aconsejó a los directores de la Caja Profesional que votaran este disparate.
Por lo tanto, el gobierno no ha resuelto adecuadamente este problema, puesto que mantiene en su cargo al responsable jerárquico de este grave error. No es justo que sólo quienes integraban el Directorio renuncien, sin que exista ningún impacto sobre sus mandantes.
Pero, habida cuenta de los antecedentes en la gestión de gobierno, todo puede suceder.
