Por un lado, el Ministerio de Educación y Cultura presentó el nuevo decreto que regulará a las universidades privadas, que viene a sustituir el de 2014, ya que al asumir el nuevo gobierno se derogó el que había sido aprobado en los últimos meses del gobierno de Luis Lacalle Pou, que le daba mayor autonomía a las universidades privadas.
Por otro lado, el Consejo de Formación Docente de ANEP, con el fin de “fortalecer la educación pública”, decidió cortar líneas de crédito que financiaban becas para cursar posgrados en universidades privadas del Uruguay y firmó un convenio con la estatal Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe), informó Búsqueda.
“Acá no hay un preconcepto ni hacia el sector privado, ni hacia el público”, dijo y agregó que había un recurso de queja de la Universidad de la República, y otro de una universidad privada.
Por ello se alegaron cuestiones de legalidad, lo que generó que a su vez las principales universidades privadas (la Universidad Católica del Uruguay, la de Montevideo, la de la Empresa, la ORT y el Claeh) presentaran un recurso contra la derogación y señalaran que era un derecho adquirido y el cambio generaba "inseguridad jurídica".
Es cierto que el gobierno anterior se tomó demasiado tiempo para resolver el tema y sacarlo en medio del proceso electoral no resultó conveniente. De todos modos, el decreto permitía que las universidades que tuvieran más de 20 años de actividad y no hubieran tenido observaciones graves solicitaran una autorización definitiva, lo que se traducía en más autonomía para abrir carreras, modificar planes de estudio y habilitar nuevas sedes.
Según afirmó el rector de la ORT, Jorge Grunberg, cuando el Consejo de Rectores fue al Parlamento por este asunto en agosto, se les daba un “grado de autonomía adicional para poder actualizar los planes de estudios más ágilmente y sin tanta burocracia y para poder firmar acuerdos de doble titulación con universidades brasileras, argentinas y demás, lo que hoy en los hechos está muy bloqueado porque hay un tope de reválidas que lo impide”.
El nuevo decreto, al que le falta la aprobación del presidente Orsi y que fue presentado el martes por las autoridades educativas, elimina el concepto de autorización definitiva, e incorpora la noción de “consolidación institucional”. Como no podía ser de otra manera, tratándose de un gobierno de izquierda, tenía que aparecer el término consolidación, un eufemismo para hacer valer –en este caso– el peso del Estado.
De hecho, en la web de Presidencia no se compartió el texto del decreto pero se destacó que se derogó una norma que “abdicaba el rol del Estado en la definición de aspectos estratégicos para el funcionamiento de las universidades”. Se destacó, en cambio, que la nueva normativa “fortalece el rol regulador del Estado”.
La propuesta de decreto establece que las instituciones que cuenten con la acreditación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (Inaeet), que recientemente comenzó a funcionar, van a lograr cierta flexibilidad.
La directora de Educación Terciaria del MEC, Virignia Villalba, dijo a La Diaria que ya no tendrán que tener el aval explícito del ministerio para “cambios de implementación del plan de estudios, cambio de modalidades de enseñanza o cambios en las orientaciones” y que deberán informar de esos cambios, pero no deberán ser autorizados previamente.
El tema es que el Inaeet todavía no ha realizado procesos de acreditación, por lo que la reglamentación llevará un largo proceso.
Esto se complementa con lo informado por Búsqueda el martes: con el fin de “no financiar con dinero público a universidades privadas”, las autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE) firmaron este lunes un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe) para implementar una maestría en formación docente y suspendieron los convenios que tenían con universidades privadas uruguayas con el mismo propósito.
El convenio para que 80 docentes de la ANEP cursen la maestría de dos años sin costo, le cuesta al CFE US$ 71.500. El presidente del consejo, Walter Fernández Val, dijo a Búsqueda que es “muy conveniente financieramente” y aclaró que hoy esta es la única maestría para educadores de la ANEP. “Nos parecía que la financiación de becas de posgrado con dineros del Estado tiene que correr hacia universidades públicas, ya sea la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica o de la región”, aclaró.
La Unipe de Argentina es un centro de formación de referencia por lo que seguramente pueda aportar buenos conocimientos a los docentes que se formen allí pero lo que motiva la decisión huele a rancio y vetusto.
¿Por qué está tan mal visto por determinados sectores de izquierda que el dinero del Estado vaya a las universidades privadas? ¿Por qué, según esa concepción se interpreta que cualquier beneficio –por mínimo que sea– que se le otorgue a las privadas va en detrimento de las públicas? ¿Por qué no es posible ver el ecosistema de universidades como uno sólo y que los educadores, o los estudiantes del nivel de grado que sean, puedan elegir dónde formarse? ¿Por qué hay rechazar o repudiar a lo privado para ser defensor de la igualdad en la formación académica?
En todo el trasfondo del debate las autoridades del MEC han remarcado que la educación privada representa sólo el 11%, dando a entender que sólo acceden a ella un mínimo grupo de privilegidos. Sin embargo, al comparecer ante el parlamento el 11 de agosto, los rectores de las privadas informaron que la mitad de los posgrados del Uruguay se gradúa en universidades privadas, incluyendo los posgrados en medicina, según datos de 2023.
En el área de Tecnología de la Información llegan al 70% los graduados sale de universidades privadas, sin contar las carreras cortas, dijo Grunberg.
Con el peso que tienen los posgrados para el desarrollo de un país y con la cada vez mayor demanda y escasa oferta que existe en determinadas carreras, no es un dato menor.
Por lo general estas visiones asocian lo privado con una lógica mercantilista, en la que la educación privada tiene un fin netamente comercial, mientras que le educación pública es la única garante de la igualdad y la verdaderamente destinada a la defensa de derechos y garantías. Según esa idea las instituciones privadas son hermanas menores que sin el control de "papá Estado" se desmadran.
La ley 19.852, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2019, que creó el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, establece que sus competencias se guiarán por los siguientes principios generales: “la consideración de la educación como un bien público y social, no susceptible de ser orientada por la finalidad de lucro”, “el respeto a la libertad de enseñanza establecida en el artículo 68 de la Constitución de la República” y “la promoción de niveles crecientes de calidad en la educación terciaria”. El Inaeed regirá tanto a universidades públicas como a privadas.
Para que haya calidad es necesario que haya variedad, que existan opciones, lo que es un derecho consagrado en la Constitución que garantiza elegir la institución que se "desee”.
Además hay un dato de la realidad que muestra que las universidades privadas son más eficaces que la Udelar. Según el anuario estadístico del MEC de cada 100 estudiantes que ingresaron a la Universidad de la República hace un lustro, menos de 21 se recibieron en el tiempo óptimo. En las universidades privadas, en cambio, se graduaron casi 58 de cada 100. El entonces rector de la Udelar, Alvaro Mombrú, tuvo que reconocer que “es un indicador clave que la Udelar tiene que mejorar”.
Como decía el maestro Juan Pedro Mir en esta columna “la educación es un bien público aunque las instituciones sean privadas”. Si se entendiera esa frase de quien fue director de Educación al comienzo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, tal vez se lograría colocar al estudiante, al que quiere formarse, en el centro, y no a concepciones ideológicas de épocas pasadas.
