La estancia en la que la familia Caram-Dos Santos ha convertido al departamento de Artigas, repartiendo dádivas por doquier y millonarias horas extras entre sus conocidos que eran justificadas, entre otras cosas, por la caza de murciélagos en la madrugada es, antes que nada, una indecencia y un robo perpetrado por los gobernantes al dinero que le confían sus gobernados.
Es un episodio delictivo por el cual la Justicia castigó al intendente Pablo Caram por omisión, a su primo y director de Desarrollo Productivo, Rodolfo Caram, por fraude y a la diputada Valentina Dos Santos por usurpación de funciones. A todos se les cambió la pena de prisión –Caram 14 meses y Dos Santos 6 meses- por libertad a prueba y algunas escasas tareas comunitarias.
Tras las trapisondas de los Caram-Dos Santos, el fallo de la Justicia luce tímido y abona esa sentencia popular de que para ir preso se necesita ser pobre y débil, y que los ricos y poderosos siempre encuentran vericuetos para zafar.
Pero con lo ya descubierto, el affaire se convierte en un indudable hecho político que pone al Partido Nacional en un brete del que difícilmente salga bien plantado porque los protagonistas son gente cercana al presidente Luis Lacalle Pou y al precandidato Álvaro Delgado.
Además, casi todos los blancos se llamaron a silencio una vez conocidas las sentencias y los dirigentes políticos consultados por El Observador en esas horas no se animaron a deplorar lo sucedido.
El sector Alianza Nacional que encabeza entre otros el senador Carlos Camy fue el único que se animó el miércoles 17 a reclamar que la Comisión de Ética del partido abordara el caso de los jerarcas condenados.
Unas horas después, Dos Santos y Rodolfo Caram renunciaron al Partido Nacional, en tanto que el intendente Pablo Caram pidió que su situación fuera abordada en esa comisión partidaria.
El Partido Nacional se perdió entonces la oportunidad de actuar de manera exprés cuestionando sin ambages y expulsando a los dirigentes involucrados, pero se eligió esperar la renuncia de los condenados.
Se dice que muerto el perro, muerta la rabia, pero aquí el perro fronterizo sigue ladrando y el sonido traspasa las fronteras del departamento.
Votos y dignidad
Por estas horas, la diputada Dos Santos evalúa si asume la intendencia en lugar de su tío, que tiene previsto postularse para una banca parlamentaria en las próximas elecciones. Es decir, quieren seguir señoreando en Artigas, en donde –según coinciden dentro del partido– sus fechorías no tendrán demasiadas consecuencias electorales.
Y eso que constitucionalistas de todo pelo advierten que los Caram-Dos Santos quedaron inhabilitados para ejercer o postularse para cargos públicos mientras dure la pena impuesta. Este asunto será resuelto por la Corte Electoral.
Recién este jueves y viernes el candidato a presidente por el Partido Nacional, Alvaro Delgado, y su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, criticaron a sus correligionarios de Artigas.
"Lo que está mal, está mal. Uno no puede tener dos cristales para mirar estas cosas. El sentimiento personal es muy triste, amargo, es una irregularidad que no comparto”, dijo Delgado y advirtió que no considera que sea “lo más adecuado” que Dos Santos asuma al frente de la intendencia artíguense.
Un día después, Ripoll dijo que la “alegra mucho” que los dirigentes condenados “ya no estén dentro del partido y no lo representen”.
En realidad, el intendente Caram sigue dentro del partido a la espera de que la comisión de ética lo expulse o lo absuelva. Es muy probable que el jefe comunal sea echado de esa colectividad. Pero también es muy posible que vuelva a ser cobijado en el futuro cuando haya caducado su condena. O no.
Por ahora la palabra “corrupción” no ha salido de la boca de ningún dirigente blanco para referirse a la grosería de los Caram-Dos Santos y apenas se desliza el calificativo “irregularidad”.
El “nuevo paradigma” de los blancos que Delgado propuso al elegir a Ripoll como candidata a la vicepresidencia debería contener alguna disposición no escrita acerca de la actitud a asumir ante hechos como los ocurridos en Artigas.
La familia Caram obtuvo 30 mil votos en las pasadas elecciones municipales, un nada desdeñable botín electoral en un país donde la Presidencia de la República se definió por esa misma cantidad de sufragios en el pasado balotaje.
Pero el costo a pagar puede ser mayor para los blancos si se apañan o se trata con guantes de terciopelo a los corruptos por más votos propios que puedan exhibir.
Es verdad lo que dijo Ripoll acerca de que los dirigentes condenados tenían “cargos electos” y no habían sido designados por el presidente Lacalle Pou –quien por el momento ha preferido no expedirse sobre la decisión de la Justicia.
También es verdad, como ella dice, que el Frente Amplio apoyó a funcionarios sobres los que pesaron condenas judiciales como es el caso del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, o el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por su actuación en el affaire Pluna.
Pero toda crítica contra aquellos que están parados en la vereda de enfrente se desvanece si las buenas costumbres no se practican en casa.
Si bien el Partido Nacional tiene centrados buena parte de sus reales en el interior, las malas acciones de sus intendentes no deberían poner en aprietos a quienes tienen la obligación de gobernar a todo el país.
El traumático paso de sacarse de encima al clan Caram, sería un excelente principio para demostrar que, verdaderamente, los blancos creen que para que haya regocijo abajo, arriba debe campear la dignidad.
