Entre gallos y medianoches, el martes 14 el Senado aprobó, con “carácter grave y urgente” “su” proyecto de ley de Medios, tan llevada y traída desde el inicio de esta administración. Esta ley procura derogar varios de los puntos más importantes de la ley de Medios aprobada en el fin del gobierno de José Mujica. Un José Mujica que si bien se había cansado de repetir por activa y por pasiva la máxima de que “la mejor ley de medios es la que no existe”, capituló al final de su mandato.
El gobierno actual comenzó con gran celeridad a redactar su propia ley para generar cambios que básicamente permitieran más licencias por titular, permitir a cableoperadores ofrecer servicios de internet y eliminar la exigencia de tener un mínimo horario de contenidos nacionales. Algunas cosas razonables como esta última, otras no razonables como la primera, toda vez que las licencias son gratuitas.
Pero la nueva iniciativa fue chocando con diversos obstáculos, entre los cuales estaba el tema de los minutos de publicidad gratuita a los partidos políticos, lo cual a su vez se mezcló con la ley de financiamiento de los partidos que sigue trancada.
El pasado martes el tema parece que adquirió “carácter grave y urgente”. Tan grave y urgente que no dio tiempo de avisarle siquiera a la Esc. Beatriz Argimón, presidenta del Senado. Qué es “lo grave y urgente” nadie lo ha explicado ni lo explicará porque no lo hay.
Hay con todo, algo “muy grave” pero dentro de la propia ley: el aditivo que se le agregó a último momento sobre “Los derechos de los ciudadanos”. El proyecto, que ahora pasa a estudio de Diputados, establece el derecho de estos de “recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. Y, como contrapartida, los servicios de difusión regulados, “tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Este artículo, desde sus fundamentos hasta su redacción, es un ataque en toda la regla a la libertad de prensa. Veamos por qué.
En primer lugar, del lado del supuesto protegido que sería “El derecho del ciudadano” a “recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”.
¿Solo comunicación política? ¿No así comunicación deportiva, económica, internacional, sanitaria, meteorológica, agrícola, del entretenimiento? ¿Por qué solo la “comunicación política” debe tener estas características tan exigentes? ¿La ley solo “protege” a los políticos, gobernantes y partidos políticos pero no al resto de los actores sociales?
Siguiendo el artículo, resulta obvio que los conceptos “completa”, “imparcial”, “seria”, “rigurosa” “plural” y “equilibrada” son subjetivos y pueden ser interpretados de diferentes maneras. Esto da al Estado o al Ente Regulador que se cree para aplicar y controlar estos conceptos un margen demasiado amplio para decidir qué es aceptable y qué no. Y eso podría ser usado para silenciar voces críticas o disidentes. Y además cambiar el criterio según el gobierno de turno.
En segundo lugar, por el lado del obligado: los medios: “tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. en “todos los programas y espacios” donde se realizan análisis y se brinda información “de carácter político en el sentido más amplio del término”.
¿Se imagina el lector a un periodista entrevistando al aire a un actor político que da datos falsos o equivocados o poco rigurosos? Que debería hacer? ¿Cancelar la entrevista? ¿Denunciar a su entrevistado? ¿Pedir un fact checking instantáneo?
En tercer lugar, miremos el aditivo desde el punto de vista del público y la sociedad.
Hay que decir que la diversidad de medios, estilos de comunicación y la variedad de puntos de vista es una característica esencial de una sociedad libre. Imponer criterios uniformes puede homogeneizar la información y limitar la riqueza del debate público. Un ecosistema de medios de comunicación diverso y pluralista es crucial para una democracia saludable. Y que la ley, al imponer normas estrictas sobre cómo debe ser la información, podría reducir la diversidad de voces y opiniones, afectando negativamente el pluralismo informativo. La libertad de los medios es clave para competir en términos de enfoque, estilo y contenido fomenta la creatividad y la innovación. Esta regulación podría afectar severamente estas dinámicas.
En resumen, es todo tan ridículo y absurdo como incumplible. El artículo se presenta como una defensa del derecho de los ciudadanos, pero en realidad termina perjudicándolo con relación al beneficio que conlleva tener garantizada la libertad de expresión. Thomas Paine, en su Disertación sobre los principios básicos del gobierno, en 1795, hizo una fundamentación iluminadora sobre esto: "Quien desee asegurar su propia libertad, debe guardar de la opresión incluso a su enemigo; pues, si incumple su deber, sienta un precedente que se volverá en su contra".
Por lo demás, ¿cómo se aplica un texto tan ambiguo? En caso de sancionarse, sería necesario un decreto reglamentario para definir cómo se implementarán y medirán estos criterios. Habrá que crear una especie de “Policía de la Comunicación” para evaluar los programas políticos (los noticieros y los programas de actualidad, cuando hablan de política pero no de otra cosa), medir los minutos de cada político, contar los caracteres de los artículos publicados en la web y juzgar si las “opiniones” son imparciales, serias y completas.
Dirán algunos que al no tener sanción, ese aditivo no es más que “un saludo a la bandera” o “un precio razonable a pagar” para tener esta ley. No es argumento válido. La ley, además de su función normativa, tiene una función pedagógica. Por eso, es inaceptable una ley que propone cosas que afectan gravemente la libertad de expresión y que además son de cumplimiento imposible.
Esa ley no puede estar en nuestra legislación. Es impresentable en la forma que ingresó al Senado y en el contenido. Además de la vergüenza que supone, nos haría bajar muchos escalones en el ranking de las democracias y perder el status de democracia plena.
Quizá convenga recordar una vez más la famosa frase de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Dijo: “Si yo tuviera que decidir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo”.
Si esta ley se sanciona, es señal que la libertad de prensa no goza de buena reputación en nuestro país. De alguna manera hay que evitar el oprobio de aprobar esta ley con este inciso. Cada quien asuma sus responsabilidades. Tiempo y oportunidad para evitarlo habrá.
