La madre de la alumna de la escuela 123 de Flor de Maroñas que había vuelto a su casa golpeada por compañeras, les advirtió a las maestras que habría “bala y palo para todos”. Anunció que volvería al día siguiente acompañada de niños para que le pegaran a otros niños, y de mayores, para que le pegaran a mayores. Y cumplió.
Así surgió la trifulca del miércoles 5 que se viralizó en redes y como ocurre cada vez que se trepa al siguiente escalón en la escala de la violencia, se lo señaló como “un antes y un después” en el capítulo de madres que le pegan a las maestras, con un paro que dejó durante cuatro días a los niños sin clases y trajo como reacción la adopción de medidas urgentes.
El triste episodio trajo repercusiones a nivel social, judicial, sindical y político, pero ¿cómo se ataca el tema de fondo? Este será el tema de esta newsletter EnClave.
Patoterismo social y sindical
La justicia imputó a la madre, de 30 años, por dos delitos de violencia privada, uno de lesiones personales (por golpear a una madre) y otro de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.
Durante cuatro meses la mujer tendrá arresto domiciliario con tobillera electrónica y tendrá prohibido acercarse a la escuela, aunque la jueza Blanca Rieiro accedió a dejarla salir a trabajar, ya que es encargada de la limpieza de un comercio de Montevideo Shopping. Además, el padre de la niña también es indagado, según dijo la fiscal Patricia Rodríguez en la audiencia.
El abogado de la mujer, Rodrigo Rey, aseguró que la niña sufre un “bullying sistemático” desde hace años y que la escuela ha estado omisa en el asunto.
De modo que no se pueden cargar las tintas solo en esa madre que ante el sufrimiento de su hija tuvo una reacción totalmente desmedida y violenta. Está bien, sí, que le haya recaído la sanción penal tanto a ella, como se espera le ocurra al resto de los adultos que promovieron el acto patoteril. Cometer delitos tiene consecuencias.
Pero, ¿qué sucede en la escuela? ¿Cómo se procesa la violencia en esta y en cualquier otra? ¿Cómo se trata a las familias, sean una pareja, una madre sola o una abuela? ¿Se conocen sus nombres y sus problemas familiares? ¿Se las involucra en el centro educativo?
Una medición de las pruebas Aristas demostraba que mientras en 2017 solo el 9% de los padres de sexto grado, encuestados decía que “nunca” o “pocas veces” tenían diálogo con los docentes de sus hijos, en 2023 ese porcentaje trepó a casi el 16%, según informó Tomer Urwicz en este nota que abordó el conflicto en la escuela.
En el caso de la niña cuya madre fue imputada, deberá volver cuanto antes al aula y la escuela deberá garantizarle que se sentirá segura, como se deberán sentir las otras dos con la que tuvo o tiene el problema.
En el ámbito político, el presidente Yamandú Orsi recibió a los representantes sindicales de los maestros que se manifestaban frente a Torre Ejecutiva, junto a la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, y al presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.
Paola López, secretaria general de Ademu Montevideo, destacó el gesto del mandatario de recibirlos en persona. Dijo que la vez anterior había sido en 2018, cuando se reunieron con Tabaré Vázquez.
Como medidas para la escuela 123 –y la 55, que funciona en el turno de la tarde en el mismo local– se habilitó servicio de portería por el resto del año, la intervención del programa Escuelas Disfrutables –psicólogos que trabajan con los niños– y la policía realizará mayor patrullaje en el barrio.
López destacó que Orsi manifestó su “compromiso” para “acelerar” los procesos en Fiscalía cuando se dan estas situaciones de violencia en los centros educativos y se habilitó que las directoras de la escuela tengan “un teléfono de contacto directo” con la policía. Y celebró que no se les descontarían del salario los días no trabajados.
En otro capítulo de interna sindical-política la asamblea de la Asociación de Maestros de Montevideo que votó por volver a las clases, también votó, por mayoría, desafiliar del sindicato a Pablo Caggiani, titular de ANEP, alegando que su cargo es incompatible con la actividad sindical. Es raro que ello ocurra ahora y justo en medio de un conflicto, cuando Caggiani lleva ocho meses en el cargo, pero lo más cuestionable es que se desafilió del sindicato a maestras –y no fueron pocas– que no adhirieron al paro. Otro acto de patoterismo, pero sindical.
Movilización de maestros
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Frente a esta situación, ¿qué se está haciendo?
Este miércoles, cuando se retomaron las clases, en la escuela 123 había un patrullero en la puerta y no faltaba ninguna autoridad de primaria, entre directores, inspectores y otros jerarcas. Pero el tema es mucho más profundo y requiere que se acompañe de otro tipo de acciones duraderas y no solo en Maroñas sino en todas las escuelas y, sobre todo, en las que están más proclives a sufrir este tipo de acciones.
En febrero pasado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentó el informe Aristas que planteaba claramente la constatación de un “deterioro de la convivencia escolar” entre 2017 y 2023. El estudio detallaba cinco indicadores que han ido empeorando, lo que implica “un reto adicional” ya que en ese clima más hostil no se facilita una mejora académica.
Esos cinco indicadores que se han deteriorado, según el estudio, son: el comportamiento en el aula; el vínculo entre alumnos y docentes (implica que los docentes tratan bien a los alumnos y están presentes ante eventuales problemas); el sentido de pertenencia a sus escuelas; habilidades socioemocionales; y la seguridad. Casi cuatro de cada diez escolares se sienten “poco” o “nada” seguros en los baños de su centro educativo. En el aula, en cambio, es uno de cada diez.
La socióloga Nilia Viscardi, que es una académica referente en el tema de la violencia en centros educativos, asumió como directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
En la misma línea que ha hecho el gobierno en seguridad que sumó a académicos para trabajar sobre evidencia, como les gusta decir, es una buena noticia que se haya incorporado a alguien que sabe del tema para delinear la política de convivencia que es tan importante y está tan desgastada en la actualidad.
El problema parece estar en que la metodología de los académicos es participativa y recién se instaló una Comisión de Convivencia y Participación, que trabaja en una hoja de ruta y apuntan a que esté operativo en 2026. Tratándose de la persona que más sabe y que tiene clarísimo el diagnóstico de un problema que se ha ido agudizando, es de esperarse que las autoridades puedan gestionar y aplicar soluciones inmediatas.
Según informó La Diaria, que entrevistó a Viscardi, la socióloga dijo que se trabajará con el objetivo del “diálogo con los actores”. Afirmó que se buscará evitar repetir “algunas tendencias que están presentes en la sociedad”, como la “judicialización de los conflictos”, y consideró que los protocolos, como hay en primaría para este tipo de situaciones, dan un enfoque “más jurídico” que resulta “excluyente”.
Otro capítulo fundamental en la ecuación es la formación de los docentes para que tengan las herramientas para enfrentarse a los conflictos que son pan de todos los días en las escuelas.
Con la sola sanción penal a los padres no se resuelve el problema. Tampoco dejando a los niños sin clase durante cuatro días. Se requiere un plan de acción de convivencia para la escuela y el barrio que ya debería estar en ejecución.
