Santiago Caro es veterinario especializado en tecnología, inspección y comercialización de productos pesqueros. Fue director de Información y Promoción Comercial del organismo regional INFOPESCA. Estuvo a cargo de la Unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA-MGAP).
En Uruguay la pesca industrial tuvo su gran desarrollo a partir de mediados de la década del70, cuando se lanzó el Plan Pesquero. El despegue del sector, orientado a la exportación, se basó inicialmente en la explotación de tres especies: merluza, corvina y pescadilla (capturadas por buques arrastreros que transportaban sus capturas frescas).
Con el transcurso del tiempo se llegaron a capturar, procesar y comercializar a nivel industrial, más de 40 especies. Por diversas razones, la industria procesadora ha sufrido un sostenido descenso en las últimas décadas, pasando de algunas decenas de establecimientos en tierra (entre plantas procesadoras, depósitos frigoríficos, fábricas de harina de pescado, etc) en las décadas del 70’ y 80’, a unas pocas unidades en la actualidad.
Paralelamente se produjo un proceso de “commoditización”, dado que mientras que en las épocas de auge la industria llegó a exportar una alta variedad de productos destinados al consumidor final, en los últimos tiempos el mercado ha venido imponiendo la máxima de que “cuanto menos se toque al pescado menos plata se pierde”.
Recursos sin datos
Los principales recursos pesqueros industriales se obtienen dentro de la Zona Común de Pesca compartida con Argentina, lo que impone una peculiar condicionante: el ordenamiento de la pesca no depende solo de nosotros sino que debemos negociarlo año a año con el vecino.
La información siempre es un elemento esencial, sobre todo cuando se trata de recursos naturales. Pues bien, desde hace un tiempo está faltando esa información: una de las primeras medidas que adoptó la DINARA en el actual período de gobierno, alegando altos costos operativos, fue la de decretar la inactividad del buque de investigaciones institucional (el que se utilizaba para realizar las campañas de evaluación). De esa manera el país se quedó sin datos de origen nacional. Esto implica que la información que obtiene Uruguay sobre la situación de sus recursos explotables, pasó a depender de los datos que pueda obtener (y desee compartir) Argentina.
Vulnerables a la competencia
Los productos tradicionales que Uruguay exporta se ubican dentro de segmentos de mediana cotización comercial, generalmente orientados a consumos populares en los mercados de destino. Eso ya de por sí acota las perspectivas comerciales, al darse una mayor vulnerabilidad frente a posibles competidores. De hecho fue lo que le sucedió a la merluza una vez superado su status de “vedette” durante el boom de los 70’: irrumpieron en el mercado competidores internacionales más económicos (por mayor biomasa y menores costos operativos, o por la aparición de productos de acuicultura)y como consecuencia su demanda y precios bajaron dramáticamente. El resultado fue un impacto contundente sobre el sector, con el cierre de varias empresas entre los 80’ y 90’s del que nunca logró recuperarse plenamente.
Corresponde mencionar sin embargo, que en años posteriores se desarrollaron pesquerías destinadas a segmentos de mayor cotización, como fue el caso de la merluza negra, el cangrejo rojo y los grandes pelágicos (atunes y pez espada). Luego de un relativo éxito comercial, por distintas razones no se mantuvieron los volúmenes de producción y exportación del principio. En resumen, no lograron mantenerse ni tampoco ayudar a revertir la crisis general.
Altos costos
La flota industrial pesquera nacional está constituida por unos 50 barcos, que operan fundamentalmente con la modalidad de arrastre. Uno de los grandes problemas es que no se ha dado (salvo honrosas excepciones),un proceso de renovación. Hay por lo tanto una flota obsoleta, con unidades que llegan a tener entre 40 y 50 años de antigüedad. Barcos tan viejos generan un alto consumo de combustible y de mantenimiento, lo que afecta directamente ala rentabilidad de las operativas. Los empresarios del sector apuntan también a la necesidad de adecuar algunas cargas laborales que consideran excesivas, como el caso de los aportes patronales a la seguridad social, que por el tipo de trabajo y sus riesgos, son mayores que en otros rubros industriales. Existen además otros costos que por su elevado valor están acusados de encarecer la operativa pesquera, como el de los seguros, el precio de los combustibles y los permisos de pesca.
Impulsos institucionales
Fue durante el período 2005-2019 que se impulsaron una serie de políticas novedosas destinadas a contrarrestar las causas y efectos de aquella prolongada crisis del sector. Estas acciones abarcaban todas las áreas, ya que iban desde la renovación del marco normativo hasta la promoción comercial, pasando por innovaciones en la gobernanza y el mejoramiento de la articulación institucional. En ese marco se presentó una nueva Ley sancionada en 2013 (la original vigente era de 1969); se crearon consejos consultivos tripartitos, se tecnificó el monitoreo y control de los buques, se aportaron estudios y gestiones para una posible modernización de la flota industrial, se proyectó el fomento a la acuicultura, se cooperó activamente en la promoción internacional de los productos, se intentó colaborar con el incremento del consumo interno y se encaminó el siempre complejo ordenamiento de la pesca artesanal. Sin embargo, no se vieron todos los resultados esperados, ya que en muchos casos faltó el tiempo necesario (son políticas de largo plazo), y en otros, no fue fácil obtener las respuestas que se esperaba por parte de los demás actores. También hay que tener en cuenta el contexto internacional con sus variables, como elemento condicionante de cualquier industria exportadora. De todas maneras, quedaron trazadas las líneas; se demostró que las salidas son posibles cuando se trabaja en los consensos y que siempre hay espacio para la creatividad. Pese a estos resultados esperanzadores, muchas de esas acciones fueron discontinuadas a partir de 2020.
Qué pasará
Está claro que una crisis tan compleja y de larga data no puede tener soluciones fáciles y rápidas. Hecha esta salvedad, todo intento de mejorar las cosas debería pasar necesariamente por la reanudación (y la natural adecuación y ajuste) de las grandes líneas impulsadas anteriormente, así como de la aplicación de soluciones a problemas paralelos (como el re-fortalecimiento de la propia DINARA, que ha venido sufriendo una creciente reducción de su plantilla técnica y científica). Pero mucho antes debería iniciarse con una toma de conciencia a nivel de todas las jerarquías del Estado, de las autoridades competentes y porqué no, de la sociedad en general, acerca del valor de la pesca como sector y de la importancia de tenerla en permanente consideración, sobre todo en el momento de delinear políticas que, con la mejor intención de beneficiar a otros desarrollos, terminen relegándola a un segundo plano, o incluso perjudicándola directamente.
Esta columna es parte del acuerdo de colaboración entre El Observador y el Instituto Juan Pablo Terra (https://institutojuanpabloterra.org.uy/). El objetivo de estas contribuciones es aportar al impostergable debate nacional sobre la formulación de políticas públicas para las diferentes áreas (social, económica, productiva, ambiental) relevantes para el desarrollo del país.
