Sorprende la insistencia de diferentes jerarcas del gobierno en señalar que la enorme caída de la aprobación de la ciudadanía a su gestión se debe a problemas de comunicación y errores en las formas o procedimientos por las que se cuentan o comunican las decisiones del actual gobierno.
Es una manera de reducir la importancia del problema, si efectivamente lo que ocurre es que se comunica mal, entonces, sólo se trata de un proceso y no de los contenidos de la gestión del gobierno.
La culpa la tienen los comunicadores que trabajan en las diferentes reparticiones del gobierno y que, curiosamente, todos ellos realizan mal su tarea porque la desaprobación del gobierno es pareja a lo largo y ancho del Estado. La cosa es mucho más compleja y preocupante. Se trata de errores graves en la toma de decisiones sobre temas muy relevantes, también en la falta de impulso y dinámica en la gestión de gobierno y además en las notorias y cada vez menos disimulables diferencias internas dentro del partido de gobierno. No es ajeno a estas circunstancias el episodio que podemos llamar de “la camioneta” porque a través de ese episodio ha quedado en evidencia una situación que no termina de aclararse y en donde se confunde la preocupación por no afectar la institucionalidad con la preocupación con no afectar la imagen del Presidente, como si ambas cosas fueran lo mismo.
Defender la institucionalidad es defender la vigencia y aplicación del orden normativo que nos rige a todos los ciudadanos, incluido el más encumbrado. No le hace bien a la institucionalidad del país que existan criterios diferentes para evaluar y juzgar las conductas de los ciudadanos. Por otra parte, la imagen de la conducción a nivel del gobierno refleja una situación de confusión, lentitud y contradicciones que preocupa y exaspera a buena parte de los uruguayos.
Tomemos simplemente como ejemplo, el caso más reciente que consiste en la decisión de “incorporar a las Fuerzas Armadas” en la lucha contra el crimen organizado. Así dicho, parece simple, sin embargo, en menos de 24 horas diferentes jerarcas del gobierno dieron por lo menos seis o siete versiones diferentes de lo que iban a hacer.
Difícilmente se encuentre un ejemplo más evidente de descoordinación en las jerarquías de gobierno. Y esto no es un problema de comunicación, es un problema de falta de sintonía y de definición sobre el contenido de la decisión que además refleja una falta de acuerdo sobre lo que se piensa hacer.
Resulta muy obvio que la situación de inseguridad ha ido aumentando de manera notoria. La idea de que el delito en algunas zonas parecería estar escalando hacia niveles que ponen en riesgo el control territorial, se presenta como una posibilidad cada vez más alta. Frente a eso, el gobierno salió “a las corridas” a anunciar que echaría mano a los recursos militares para enfrentar el desafío. Y, a partir de esa noticia comenzaron la enorme variedad de versiones sobre en qué, concretamente, se traduciría esa decisión.
Algunos dijeron que sería un patrullaje militar por las calles de los barrios más desprotegidos, otros se apuraron a decir que sólo se utilizarían vehículos militares. Muy rápidamente se indicó que se utilizarían los vehículos que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos en 2024, ahora nos enteramos que la Embajada de ese país advirtió que esa donación no era para cualquier uso y excluyó que fueran para patrullaje contra la delincuencia. Otros dijeron que los funcionarios militares serían solamente los choferes de los vehículos. Después dijeron que podrían ir armados, pero otras fuentes de gobierno dijeron que no.
A su vez, también comenzaron a expresarse opiniones, no de cualquiera sino de nada menos que algún Ministro, señalando su discrepancia con la medida. En otro momento se habló de que se realizarían pases en comisión desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior para los funcionarios militares que participaran de esta nueva función.
En fin, podríamos seguir. Pero, lamentablemente, esto es sólo un ejemplo más de una forma de gobernar, totalmente desordenada, apurada, anárquica e ineficiente. Se podrá decir que esto ha ocurrido sólo en este caso. Pero no es así.
Hay que recordar las diversas versiones que surgieron luego del anuncio de la compra famosa del campo de Colonización en homenaje a Mujica. Que sería para un determinado número de productores lecheros, que se utilizaría en arriendo, que se compraría de una manera o de otra.
Todo tipo de versiones acompañaron la decisión sobre este asunto. Algo similar ocurrió con Cardama. Salieron en conferencia de prensa urgente y del más alto nivel presidencial para anunciar que se “rescindiría” el contrato sin haber mantenido ninguna conversación ni negociación previa con el contratante a efectos de intimar su cumplimiento o buscando alternativas. Y después intentaron negociar, para finalmente generar una situación en la que, lamentablemente, puede ocurrir que, al final de la historia el Estado uruguayo tenga que pagar indemnizaciones por su desordenada y desprolija actuación.
Ahora vamos a presenciar un nuevo error garrafal, cuando acaba de anunciarse que avanzarán con el llamado a licitación para la construcción de una represa en Casupá que, aunque la ley lo obliga, no cuenta con un informe ambiental previo. Pero, además, su construcción generará costos muy elevados en el plano ambiental, social y productivo, sin siquiera ser útil para resolver el grave problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.
Y podríamos seguir con otros casos. Así “a los ponchazos” se está gobernando. Sin análisis, sin sintonía fina, sin preparar las decisiones antes de anunciarlas y ejecutarlas. Con contradicciones internas cada vez más visibles y reiteradas. El problema es la improvisación. El problema es la falta de profundidad y orden en la definición de los temas
Porque como dice el dicho “la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana”, por lo tanto, el proceso de pérdida de apoyo ciudadano que está ocurriendo en este gobierno como en ningún otro en lo que va de este siglo, lo único que genera es que aumente el nerviosismo y que emerja un reflejo de “sálvese quien pueda” que aumenta la propensión al error y al fracaso.
No nos alegra esta situación, nos preocupa enormemente porque la cuenta la pagan los ciudadanos y en especial los más débiles cuando un gobierno no “da en la tecla”. Pero lo que no se puede hacer es, encima, minimizar el error y restringirlo a problemas de comunicación. No hay que subestimar al ciudadano que expresa su desaprobación, en definitiva, simplemente porque se trata de un mal gobierno.
