El ministro lo presentó en el marco de los “operativos para prevenir y disuadir homicidios” en zonas con mayor incidencia de criminalidad, entre los que figuran los operativos Atenea, que consisten en una estrategia policial basada en inteligencia, y Dominio, que es una intervención territorial de policiamiento focalizado en zonas determinadas.
“Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones; son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”, dijo Negro.
No hubo un legislador de los allí presentes —ni de la oposición ni del oficialismo— que reparara en el hecho ni le hiciera preguntas al respecto al ministro.
Si bien es cierto que la atención de cualquier ser humano después de cuatro horas se dispersa, llama la atención que tampoco se les ocurriera anunciarlo formalmente, sabiendo el debate que se generaría.
Así fue que durante toda la semana se escucharon todo tipo de consideraciones y hasta divisiones en el gabinete, ya que el comunista Juan Castillo (ministro de Trabajo) dijo en Arriba Gente de Canal 10 que no le parecía “buena cosa” la “imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército”.
Con el pragmatismo que sabe encarnar, el presidente Orsi dijo que no se trataba de un “tema de imagen”, sino de “resolver un problema que ya es internacional”.
Tampoco tardaron en llegaron los reparos a la “militarización de la seguridad”. Y los recuerdos a Vivir sin miedo, la propuesta de Jorge Larrañaga que se plebiscitó en 2019, entre cuyas medidas estaba la creación de una Guardia Nacional integrada por unos 2.000 efectivos militares para apoyar a la Policía en tareas de seguridad interna y patrullaje.
Y como nos tienen acostumbrados los políticos, llegaron los golpes bajos entre oficialismo y oposición, esta vez de la mano del diputado del MPP Sebastian Valdomir que le dijo a Jorge Larrañga Vidal que era hijo de un “fracasado”, aunque luego le pidió disculpas y borró el posteo.
También se mencionó que la medida va en contra del propio Plan Nacional de Seguridad Pública que establece que “para reducir el delito asociado a drogas en puntos calientes (…) los operativos reactivos, los patrullajes de saturación y las intervenciones militarizadas muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamiento o escalamiento de la violencia, por lo que no se recomiendan como herramientas centrales”.
Eso lo ha demostrado la evidencia, sin ir más lejos con los operativos de saturación aplicados por el ministro del Interior Eduardo Bonomi (2010-2020). Esos procedimientos de despliegues policiales masivos y allanamientos en zonas críticas de Montevideo, que buscaban capturar delincuentes requeridos, incautar drogas y desarticular bocas de venta tenían un efecto en ese momento pero no a largo plazo, ya que redundaban en muy pocos procesamientos judiciales.
Pese a las críticas que despertaron en el propio partido de gobierno, en su momento Bonomi, impulsor de la “mano dura” en la izquierda, no dudó en defenderlos. Allá por 2013 cuando hubo advertencias por “estigmatización” en esos barrios, el entonces ministro dijo que “los liberales de izquierda estaban defendiendo a los chorros”. Reconoció que lo que le faltó fue que luego llegaran las políticas sociales en esas zonas que no se aplicaron.
Este viernes en la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, Negro y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, hicieron algunas precisiones más.
Negro dijo que Defensa “pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados de distinto tipo, conducidos por personal policial debidamente capacitado”. Aclaró que en los casos que no se pueda contar con esa capacitación, los blindados van a ser conducidos por un chofer militar en comisión de servicio, y que para ello “no se precisa ley”.
Lazo acotó que los 12 vehículos son de cinco tipos. Luego periodistas de redacción supieron que se tratará de los Vodnik, Urutu, Rpz Condor, Mowag y los famosos Mamba.
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Algunas consideraciones
1. No se trata de una solución mágica
El hecho de poner blindados del Ejército no a “resolver" el problema. Es una medida que aislada no servirá para mejorar la seguridad.
La propuesta tiene un objetivo muy claro que es solucionar la falta de blindados en la policía. Actualmente cuenta con 6 Tigr que son bastante viejos y están en mal estado, otros 4 blindados que se adquirieron en el período pasado y dos camiones hidrantes. Pero por los daños que sufren en ataques o porque son viejos suelen estar en reparación, por lo que la mayoría de las veces hay solo dos de ellos operativos. Asimismo, son de extrema necesidad para los operativos en los barrios complicados donde la Policía es recibida no sólo con piedras sino también con balas.
Además, no se puede negar el efecto disuasivo que tienen como imagen esos “bichos” entrando al barrio.
2. La militarización y sus resultados
Está claro la fobia que genera la idea de la militarización en la izquierda, lo que llevo rápidamente a los ministros Negro y Lazo en la conferencia de prensa de este viernes a aclarar que “no corresponde” usar ese término. Negro dijo que es una “manera de mejor policializar o resguardar el policiamiento en zonas más afectadas”.
Es real que trabajos de centros de investigación, universidades y organismos multilaterales han mostrado que la militarización no erradica la delincuencia a largo plazo y suele elevar la violencia global. Se menciona que el crimen organizado no desaparece, sino que muta o desplaza sus rutas y actividades hacia zonas adyacentes no militarizadas. Y es lo que decía el Plan de Seguridad elaborado por técnicos.
No obstante, ejemplos concretos en los que se utilizan militares para algunos temas de seguridad han dado buenos resultados. Por un lado, la Prefectura (Armada) como auxiliar de la justicia en zonas costeras hace un buen trabajo. También la custodia perimetral de las cárceles está a cargo del Ejército desde 1997 y desde el período de gobierno pasado soldados colaboran con el control de las fronteras.
Tampoco se puede negar que es una decisión que convive con la idea tan temida de la militarización.
3. El rol del soldado que conduce el vehículo
Una de las dudas que quedaba es con qué herramientas contarán él o los militares que vayan en el blindado en caso de ser atacados y tener que repeler una agresión. Negro dijo que el militar por su estatuto tiene derecho al porte de armas y va a hacer uso de ese derecho. Y, llegado el caso en que tenga que utilizarla, la utilizará, como cualquier ciudadano haciendo uso en legítima defensa.
4 ¿Y los Mamba?
Si se revisan las características de los cinco modelos que se usarán según el convenio, es notorio que los Mamba son los que cumplen mejor con los requerimientos de la Policía. Además son los que menos aspecto tienen de tanqueta de guerra.
Son más altos y permiten una mayor visibilidad desde adentro del vehículo, como explicaban Ramiro Pisabarro y Santiago Soravilla en esta nota que contaba de las conversaciones entre Interior y Defensa en las que se manejaron las otras opciones como los Vodnik VML-M7 adquiridos a Rusia en 2006, que son más bajos, tienen escasa visión y son similares a los GAZ-2330 Tigr blindados que ya tiene la Guardia Republicana.
Evidentemente, para evitar la polémica se amplió el convenio a los cinco modelos.
Desde Defensa explicaron que cuando se usen los Mamba el gobierno enviará una nota formal a la Embajada de Estados Unidos para que puedan cumplir esa función, por lo que se deducen conversaciones previas con este país para que formen parte del acuerdo.
