El titular de esta cartera, Carlos Negro, aguarda por una compra para renovar la flota de móviles policiales e incorporar en ella una serie vehículos blindados para engrosar el patrullaje en los barrios con mayor incidencia criminal. Sin embargo, en la reunión quedó claro que Interior no tendrá avances en los próximos tres a seis meses, por lo que los blindados del Ejército Nacional aparecían como una opción viable.
Pero en la cadena de conversaciones entre que el gobierno decidió avanzar hacia un convenio entre ambos ministerios, que el ministro Negro lo adelantó a la bancada frenteamplista de la Comisión de Seguridad de Diputados y que el pasado jueves 18 lo hizo oficial ante los legisladores de ese ámbito, quedaron evidenciados cortocircuitos de comunicación entre los jerarcas involucrados.
Negro sostuvo en comisión que serán “doce en total” los vehículos Mamba que empezarán “a circular por algunos barrios de Montevideo” en “colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”. Lazo habló al día siguiente de que podrán ser "estos u otros vehículos".
Pero mientras la ministra avanza en los detalles del convenio referidos a Defensa para presentarlo al gabinete el viernes, en el oficialismo ya está claro que es imposible que sea esa la cantidad de unidades que serán cedidas al Ministerio del Interior, según confirmaron fuentes políticas a El Observador.
Fuentes del entorno de Defensa indicaron que en principio manejaron transferir entre cuatro o seis coches Mamba, dado que ceder 12 de ellos implicaría traspasar la casi totalidad de los 13 vehículos de este tipo que Estados Unidos donó para que Uruguay los destine a crear una Fuerza de Rápida Respuesta en las misiones de paz.
Por otro lado, aún no está definido que los blindados del Ejército cedidos a la Policía sean efectivamente los Mamba. De hecho, está estipulado que algunos de estos vehículos sean parte del relevo de efectivos en el Congo que tendrá lugar en diciembre.
Mientras tanto, la Jurídica del Ministerio de Defensa analiza el detalle del programa de Global Peace Operations Initiative en el que se enmarcó la donación estadounidense, bajo la premisa de que el texto limita el manejo de los vehículos a efectivos militares.
Las conversaciones continuarán este jueves y serán uno de los temas a tratar en una reunión del presidente Orsi con la ministra Lazo y con el comandante del Ejército, Mario Stevenazzi.
Razones de altura y visibilidad
En las interacciones con Defensa, la policía planteó que quería usar los Mamba MK-7 dado que son más altos y permiten una mayor visualización desde adentro en el momento en que están siendo atacados. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció en rueda de prensa que muchas veces la policía es recibida “a balazos” en los barrios.
Fuentes militares confirmaron a El Observador que el Ejército ofreció como contrapropuesta destinar algunos de los 48 Vodnik VML-M7 que tiene y que fueron comprados a Rusia en 2006. Si bien los utiliza –se los puede ver en algún momento afuera de las cárceles y hay dos en la misión de paz en Altos del Golán– los vehículos podrían ser manejados por policías porque su conducción es más sencilla.
Sin embargo, Interior respondió que los Vodnik son más bajos, tienen escasa visión y son similares a los GAZ-2330 Tigr blindados que ya tiene la Guardia Republicana. Fuentes policiales señalaron que esta fuerza tiene en total seis de este tipo, aunque la mayoría suele estar fuera de funciones ya que son de principios del gobierno de José Mujica.
En el gobierno pasado, la Republicana también recibió otros cuatro blindados que están basados en un minibus Mercedes Benz Lo 814 con carrocería reforzada por la firma MGA en Brasil. Suelen utilizarse como parte de los operativos de seguridad en partidos de alto riesgo y en operativos en barrios, aunque frecuentemente salen de circulación por los ataques. A modo de ejemplo, la administración pasada disponía que estuvieran 24x7 en Marconi durante la intervención. Por último, la fuerza tiene dos camiones hidrantes que también son blindados.
Sin uso y sin Fuerza de Rápida Respuesta
Más allá de la visión y la altura, la policía utiliza como tercer argumento para pedir la cesión de los Mamba que estos vehículos están sin uso pese a que llegaron en 2024.
Actualmente están en unidades militares a la espera de destino. El Ejército los lució durante el desfile del 18 de mayo en el que Orsi estuvo presente.
Fuentes militares dijeron que los soldados están terminando la capacitación, que hubo varios cursos impartidos por Estados Unidos y replicados por los centros de instrucción, y que algunos de ellos serán enviados a la misión de paz del Congo a fin de año.
Los vehículos fueron donados para misiones de paz tras gestiones que comenzaron al principio de la administración de Luis Lacalle Pou. Los diálogos incluyeron una conversación en el Pentágono por parte de Javier García.
La idea original era que formaran parte de una Fuerza de Rápida Respuesta que el Ejército iba a crear para desplegar en otras misiones tras la autorización de Naciones Unidas, aunque esto no ocurrió dado que la administración anterior no envió el proyecto al Parlamento.
La posibilidad –anunciada por el exministro García– era impulsada por la coalición pero es rechazada por el Frente Amplio, que de hecho estableció su negativa en el programa de gobierno que llevó a Orsi a la Presidencia. “Como principio general, no se enviarán tropas uruguayas a misiones de imposición coercitiva de la paz”, dice el documento y aclara que se refiere a las actuaciones que se enmarcan en el capítulo 7 de la carta de las Naciones Unidas.
Habitualmente, los cascos azules uruguayos intervienen en misiones que están amparadas bajo el capítulo 6 de ese texto, las cuales se basan en el “arreglo pacífico de controversias” y solo habilita a los soldados a usar la fuerza en “legítima defensa”.
El capítulo 7, en tanto, otorga la autorización para usar la fuerza táctica y letal más allá de la autodefensa en acciones consideradas de “amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”.
Ruidos en el Frente Amplio
Pese a que ni oficialismo ni oposición se detuvieron durante la comparecencia de Negro en su anuncio, el tema generó ruidos dentro del propio Frente Amplio en los días posteriores, en especial luego de que el propio presidente Orsi confirmara la noticia.
El ministro de Trabajo y referente del Partido Comunista, Juan Castillo, declaró este miércoles en Arriba Gente que “para la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa”.
Orsi rebatió horas más tarde desde Treinta y Tres que “no es un tema de imagen” sino “un tema de acción” para resolver “el derecho a la seguridad” a la gente, por lo que “la decisión está tomada” más allá de algunos aspectos jurídicos.
Sin embargo, distinto a otras discusiones con las que el Partido Comunista ha marcado perfil dentro del gobierno, este último no ha sido un tema en el que sus dirigentes hayan cerrado filas en la orgánica.
De hecho, uno de los principales colaboradores de la ministra, su adscripto Daniel Marsiglia, integra esas filas. Por su parte, el titular de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev) y dirigente del Comité Central comunista, Marcelo Metediera, escribió en sus redes que es una “medida más que necesaria” con la que “la izquierda no debe tener prurito”. “Menos retórica y más gestión. Sin perder los principios”, concluyó.
El tema volvió a evidenciar una fibra sensible para la izquierda, cuyas diferencias en torno a las Fuerzas Armadas afloran cada año en discusiones presupuestales o programáticas.
