Polémica por los US$ 250 mil del INAU a universidad argentina: una marcha atrás, una asesora del directorio como docente y advertencias por argumentos "insuficientes"
La oposición y el sindicato apuntan a que asesora del directorio que impulsó la contratación también es anunciada como docente del taller
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, irá la semana que viene al Parlamento junto con las autoridades del INAU para explicar las acciones del organismo ante las muertes de niños que estaban bajo su custodia.
El llamado, que puede ser el paso previo a una interpelación, fue impulsado por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian y el senador colorado Robert Silva pero tendrá la participación de otros legisladores de la oposición, que también pretenden cuestionar a los jerarcas por haber firmado un acuerdo de capacitación para 300 funcionarios por US$ 250 mil con la Universidad Atlántida de Argentina.
Este último tema ya motivó dos pedidos de informes por parte del senador Javier García y el diputado Walter Verri, y generó un comunicado del sindicato que celebra las oportunidades de capacitación pero cuestiona el monto y el proceso de selección.
Desde el INAU, la asesora Carmen Rodríguez ha defendido el acuerdo señalando que en Uruguay no había esta opción, que el costo es “muy económico” para el organismo y que el dinero quedó sin ejecutar del 2025 por lo que si no lo gastan vuelve a rentas generales.
Los expedientes de aprobación, a los que accedió El Observador, evidencian que inicialmente –el 3 de noviembre– el INAU intentó firmar un convenio con la universidad, pero descartó la idea luego de recibir un informe negativo del área jurídica.
En sus anotaciones, Jurídica le planteó que debía intervenir preventivamente el Tribunal de Cuentas –por el costo asumido– y que quien debía firmar era el Poder Ejecutivo. A su vez observó algunas cláusulas del convenio, pidió incluir una con sanciones por incumplimientos y sugirió que lo viera el área financiera-contable porque aplicaba el Tocaf.
Tras los comentarios, el 7 de noviembre la dirección general consideró que no era “viable la suscripción del convenio” y pidió el archivo de las actuaciones.
A la carga
Sin embargo, las autoridades del INAU no desistieron del acuerdo e iniciaron otro trámite para hacerlo por compra directa por excepción. El expediente comenzó el 10 de noviembre.
En este trámite, Rodríguez –la asesora– hizo un informe en el que afirmó que el plan abordaba problemáticas que eran el foco de las actuaciones que debe brindar el INAU y que la metodología diseñada estaba en “total consonancia” con las necesidades del organismo.
“En Uruguay es inédita una formación de esta naturaleza, no existe ninguna otra oferta de capacitación que cubra esta área de vacancia, con un altísimo nivel académico en la propuesta y en su equipo docentes y de extrema importancia para el INAU”, escribió Rodríguez.
La asesora recomendó “implementar dicho plan de estudios” porque era “único en su especificidad” y no existía en el país “ninguna otra modalidad de diplomado con el que pueda compararse”. “Es de suma importancia para mejorar las prácticas institucionales de protección de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un suministro exclusivo y no es posible la sustitución por otra propuesta similar”, sentenció.
A su vez, desde la dirección del Centro de Formación y Estudios (Cenfores), consideraron que la posibilidad era “oportuna” y ofrecía una “especificidad temática” que será “enriquecedora” para los trabajadores.
Cenfores aseguró que no existía, hasta el momento, una formación de esas características por lo que sería un “avance sustantivo”.
“Se considera que sería una oportunidad inédita a la cual se le puede ofrecer un valor agregado, poniendo a disposición parte del plantel técnico y docente para su acompañamiento y participación en espacios de reflexión, construcción y evaluación conjunta”, concluyó.
Causales insuficientes
Sin embargo, el departamento técnico de adquisiciones consideró que la carta de Rodríguez y el informe de Cenfores resultaban “insuficientes” para acreditar la causal de excepción prevista por el Tocaf para autorizar la compra.
“A juicio de quien suscribe, salvo mejor opinión, debería adjuntarse consulta a por lo menos 3 o 4 instituciones públicas y/o privadas referentes en la materia a nivel nacional, donde éstas últimas manifiesten expresamente que no están en condiciones de brindar una capacitación con el contenido, metodología, equipo profesional, formato y costos como la que presenta la Universidad Atlántida Argentina”, señaló.
El artículo 33 literal D del Tocaf señala: “La adquisición de bienes o la contratación de servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no fuera posible su sustitución por elementos similares. Las marcas de fábrica de los distintos productos y servicios no constituyen por sí mismas causal de exclusividad, salvo que por razones técnicas se demuestre que no hay sustitutos convenientes. En cada caso deberán acreditarse en forma fehaciente los extremos que habilitan la causal, acompañando el informe con la fundamentación respectiva”.
Pese a esto, el área de cooperación internacional consideró que ya habían incorporado las “fundamentaciones correspondientes” por lo que siguió adelante. El trámite no mereció observaciones de la delegada del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, el 5 de diciembre la compra fue aprobada en una sesión en la que no estuvo la presidenta Claudia Romero por lo que el vicepresidente Mauricio Fuentes hizo valer su voto doble.
Carina Gómez, la directora en representación de la oposición, se abstuvo ya que el trámite le había llegado pocas horas antes.
En su fundamentación de voto, Gómez relató que la autorización se había incorporado como “asunto extra” y con prioridad urgente.
“El cambio de modalidad de convenio a compra directa por excepción surge como asunto extra urgente, sin posibilidad de ser discutido en forma presencial por el directorio, por lo que resulta aprobado con el doble voto del presidente interino, frente a nuestra abstención”, escribió y pidió “cumplir” con la consulta a otras instituciones, tal como había sugerido el departamento técnico de adquisiciones.
¿De los dos lados?
El convenio se denomina “diplomatura superior universitaria en infancia e instituciones”. Tiene 240 horas de carga, de las cuales 90% serán a distancia y 10% de forma presencial. Las clases serán de dos horas una vez por semana.
La coordinadora será la psicóloga argentina Mercedes Minnicelli y el cuerpo docente estará integrado por tres coordinadoras y doce tutores.
Uno de los asuntos que llamó la atención de la oposición y del Suinau –tal como informó Carve– es que entre los docentes anunciados está Carmen Rodríguez, la asesora del directorio que promovió el convenio.
Su nombre figura en un flyer que ella divulgó en el que están otras técnicas argentinas y españolas.
WhatsApp Image 2026-02-10 at 17.57.51
De acuerdo con el expediente, los docentes serán remunerados, aunque fuentes del INAU señalaron que Rodríguez ha transmitido que ella no cobrará.
De los US$ 250 mil de costo, US$ 170.800 serán honorarios para el equipo de conducción y docentes, mientras que US$ 19.800 corresponderán a pagos de movilidad, pasajes y viáticos, US$ 9.400 para producción de materiales, US$ 37.500 a certificaciones y US$ 12.500 para gastos generales.
Más de 1.000 funcionarios ya se anotaron para el curso. De los 300 cupos, 250 serán para integrantes de equipos profesionales y/o técnicos , mientras que 50 se reservarán para agentes de hogares residenciales y programas.
