Para eso, el INC sirvió bien su cometido porque descomprimió un tema respetando mercados, propiedad privada e institucionalidad (lo opuesto a la reforma agraria guiada por el concepto lo político por encima de lo jurídico, frase predilecta de Mujica y repetida por Evo Morales, que erosiona la buena institucionalidad, decisiva para el desarrollo de los países, según estudios internacionales a esta altura incontrovertibles).
La idea original era comprar tierras de grandes extensiones con dineros públicos para venderla con muy largos financiamientos a colonos con vocación de vivir en el predio que se les otorgue.
Conceptualmente la idea era buena, porque el dinero público se invertía así para ser recuperado a través de la venta financiada a los colonos.
Para quienes sabemos algo de finanzas y hemos estudiado la vida entera los números del agro, queda muy claro que el corazón de la rentabilidad agropecuaria está en la capitalización de la tierra, para lo cual hay que llegar a ser dueño si o sí.
Pasarse una vida entera pagando rentas, perdiendo hasta las ganas de comer en sequías y otras adversidades climáticas, atravesando derrumbes de mercados y castigados por diversas plagas (algunas biológicas, otras como crecientes impuestos ciegos, encarecimiento en dólares o proliferación de regulaciones engorrosas y suma y sigue) no parece un destino atractivo.
Pero hacia allí fue girando el accionar del INC que, ahora bajo la conducción del Frente Amplio, se orienta a articular un sistema de inspiración feudal, como el todavía vigente en monarquías europeas donde la tierra es del soberano para siempre, arrendada a los siervos que la conservarán siempre y cuando no molesten a la Corona (traición es motivo explícito de pérdida de la tierra para la familia del ofensor).
Me parece que este esquema es indeseable para la nuestra sociedad y para los colonos también… la sociedad enterrará millones de dólares que no le reportarán nada y que necesita desesperadamente para otros fines y los colonos se verán enfrentados a arrendamientos cada vez más cortos que se renovarán siempre y cuando cumplan con la cartilla de buena conducta, dictada por los jefes de turno.
En esa línea de pensamiento, la actual conducción política del país acompaña los fundamentos de la ley de 1948, que establecía que para ser colono se requería vivir con la familia adentro del predio.
El objetivo bucólico era frenar el éxodo rural, repoblar la campaña, tener las escuelas rurales llenas de niños.
Pero el mundo cambió y nada volverá a ser igual, no importa cuántos recursos se le tiren a aquel objetivo bucólico, la gente se va del campo a las ciudades aquí y en absolutamente todos los países del mundo, en aquellos donde hay caminos asfaltados y pueblos con todos los servicios cada poco kilómetro y en los otros, como nuestro caso, en que hay caminos de tierra y donde para encontrar servicios elementales hay que recorrer muchísimos kilómetros.
Está demostrado que en todo el mundo, y en Uruguay también, los ingresos del agro cada vez tienen mayores porcentajes de fuentes no rurales: cerca del 50% sería un buen indicador de los ingresos obtenidos por gente del agro en otras actividades como servicios, logística, comercio, turismo, etcétera, lo que ayuda a que la gente viva fuera de los predios.
Sobre este punto, el INC en las décadas pasadas ha oscilado entre otorgar fracciones a personas (como profesionales) que no iban a vivir en los predios (y cobrarles puntualmente lo acordado a sabiendas que no vivían en el campo), para pasar luego a quitarles esas fracciones porque no vivían en los predios, lo cual es un accionar que vulnera la institucionalidad (los hombres pasan y las instituciones quedan) y los derechos adquiridos de quienes confiaron y pagaron puntualmente para cumplir un contrato luego revocado unilateralmente sin recibir indemnización.
Atentos a esta historia que se arrastra desde hace tantas décadas, a los enormes recursos que la sociedad ha destinado al INC (que ha comprado cerca de 600.000 hectáreas, o sea del orden de US$ 2.500 millones) y a la importancia que el nuevo gobierno parece asignarle, vista esta gran adquisición para homenaje del expresidente Mujica, a este instituto, parece buen tiempo para pensar a largo plazo qué conviene hacer con el INC, en beneficio de nuestra sociedad que ha puesto el dinero y con prioridad en las personas más desfavorecidas.
Tendiendo a largo plazo la mirada, es necesario presentar algunas consideraciones de base.
Es comprensible el atractivo de ver el campo poblado de familias criando muchos niños en condiciones saludables tanto físicas como morales. ¿Quién no compartiría este sueño (que de alguna manera yo llegue a vivir en mi niñez)? Muy lamentablemente el mundo cambió y el cambio es irreversible. La gente prefiere irse a vivir a las ciudades, aún bajo condiciones muy adversas, a quedarse a vivir en el medio del campo. Y los que tenemos el sueño bucólico de la campaña llena de familias y niños no vamos a instalarnos a vivir en el medio rural. Los que sí están todavía dispuestos a hacerlo son cada vez menos y en cuanto reúnen condiciones mínimas se mudan a la ciudad, y ni que hablar sus hijos que no querrán oír hablar de quedarse en el medio del campo.
Entonces... ¿qué estamos haciendo como sociedad? Ponemos cerca de un millón de dólares para que alguien que tiene vocación por el trabajo de campo disponga de un predio para su explotación, pero al hijo de un panadero que tiene vocación de poner una panadería propia no le damos 50.000 dólares para que se instale, ¿por qué?
Además, para tener chances de éxito en la explotación rural no basta con recibir un campo, se precisa capital humano (ese del que hablo Theodore Schultz y ganó su Premio Nobel), invertir en otros activos como alambrados, aguadas, pasturas, equipos, instalaciones, ganados, etcétera, y tener abundante capital de giro para operar.
¿Le damos al colono todo eso junto con el campo o lo dejamos a la deriva para nade o se hunda solito?
Por otro lado, el problema del Uruguay no es la escasez de tierras (como se ve en otros sitios donde se plantan hasta los bordes de las carreteras, mientras aquí se ven chircales por muchos lados y con más probabilidad en los campos del INC), sino el marco macroeconómico que frena la inversión y obstaculiza el agregado de valor a la producción nacional (cosa que todos queremos aunque muchos no han entendido por qué no sucede).
Bajo este estado de cosas, ¿tiene sentido que como sociedad enterremos decenas o cientos de millones de dólares más en el INC?
¿Cómo son nuestras prioridades?
Según la metodología anterior del INC, tenemos 22% de pobreza en niños menores de 6 años y con la nueva metodología se llega al 33% de pobreza en los que podemos llamar nuestro futuro. ¿Y nuestra prioridad es darle un campo a unas pocas personas al costo de decenas de millones de dólares? ¿Quién marcó esta prioridad? Porque son recursos de todos los que se comprometen y si se ponen en un lado no estarán disponibles para ayudar en otro.
Así las cosas, en mi mente yo imagino cambios para el bien de la sociedad y en especial de las personas más desfavorecidas, con prioridad en el rescate de los niños en peor situación.
En primer lugar, poner el foco en las áreas que ya tiene el INC, para que sean el espejo en el que se miren los demás productores y no al revés.
Hay mucho por hacer: manuales de buenas prácticas para todas las explotaciones, sistemas de riego regionales y locales, procesos de generación de servicios ambientales como captura neta de carbono, biodiversidad, ciclo del agua etcétera.
En segundo lugar, crear un Fondo Soberano con respaldo en las tierras del INC para emitir cuota partes a largo plazo y baja tasa (por la buena garantía y los aspectos sociales de ayuda a pequeños productores y ambientales por las buenas prácticas mencionadas arriba), que permita recaudar unos US$ 2.000 millones a plazos de entre 30 y 50 años y con tasa de interés bonificada por el mercado por garantía y fines sociales y ambientales.
Se debe afinar el proceso, pero el repago de esos 2.000 millones se podría encarar con la compra de sus fracciones por parte de los colonos arrendatarios que ayudados por el largo plazo y la baja tasa podrían comprar la tierra en esta generación para dejarla a la siguiente.
Con los 2.000 millones recaudados en la emisión del fondo se puede organizar un plan bien financiado de eliminación de asentamientos y recuperación de personas adictas y/o en situación de calle en todo el país, porque es difícil hablar de justicia social frente a alguien viviendo entre cartones y latas.
Las prioridades deben ser prioridades y estar claras y compartidas por todos para tener fuerza y conseguir logros.
De esta forma, lo invertido por la sociedad en el INC volvería a la sociedad, como ocurre con lo invertido en las empresas públicas que les brindan servicios a todos y aportan utilidades a rentas generales.
