La Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley de lavado de activos que el Poder Ejecutivo había enviado a mediados del año pasado y que el propio presidente Yamandú Orsi había pedido apurar su tratamiento luego del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
El texto, que se había votado en general en diciembre y que tras los cambios deberá volver al Senado, contó con amplio respaldo en la mayoría de sus artículos y la división del Partido Colorado le permitió a la bancada de gobierno conseguir la mayoría necesaria en uno de los artículos más cuestionados por parte de la oposición: bajar el límite al uso del efectivo.
Sin embargo, otros artículos quedaron por el camino porque el rechazo de Identidad Soberana hizo que ni el oficialismo pudiera aprobar algunos pasajes tal como venían del Senado ni que la oposición lograra respaldo suficiente a sus artículos sustitutivos. Gustavo y Nicole Salle votaron en contra de todas las alternativas a lo largo de toda la tarde.
Las polémicas de la tarde
Uno de los temas más polémicos y más discutidos a lo largo de la tarde de este lunes en el plenario de Diputados fue la intención del Poder Ejecutivo de bajar el tope máximo de uso de efectivo. Es que detrás de esa decisión hay un debate más amplio y que expuso visiones contrapuestas: ¿se puede o no modificar una normativa que la ciudadanía ratificó en un referéndum hace menos de 4 años?
Siete votos colorados le permitieron al Frente Amplio alcanzar una mayoría de 55 diputados para reducir el tope para el uso de efectivo fijado por la Ley de Urgente Consideración –y ratificado por un referéndum– de un millón de unidades indexadas (más de US$ 160 mil) a unos US$ 32 mil. La LUC había modificado una normativa anterior que establecía el límite en US$ 6 mil.
Desde la oposición, cuestionaron la actitud del gobierno de modificar “lo que respaldó el soberano” hace poco tiempo mientras que desde la bancada oficialista defendieron la legalidad del proceso y el diputado Alejandro Zavala adelantó que impulsarán los cambios a la LUC que entiendan necesario más allá del resultado del referéndum.
El colorado Walter Verri, uno de los siete que acompañó al gobierno, dijo que por el atraso cambiario y la indexación el monto establecido en la LUC se había ido muy alto y defendió que si bien todos los montos son arbitrarios era necesaria una revisión.
“Yo milité por la LUC, defendí la LUC. Fui parte del gobierno que la impulso, ahora ¿es infalible? No, no es infalible. ¿Es infalible que la ciudadanía la haya avalado con su voto? No, no la hace infalible. Eso no le da rango de inamovible”, dijo y agregó que cuando el Parlamento votó la LUC el límite, expresado en UI, era de unos US$ 100 mil.
“No es lo mismo US$ 100 mil, que ya de por sí algunos podemos considerar que es un límite alto, que casi el doble o un 75% más como tenemos ahora”, apuntó. Este debate generó varias negociaciones porque luego de esta argumentación los blancos plantearon llevarlo a un número cercano a los US$ 100 mil nuevamente pero no hubo acuerdo y se mantuvo lo votado en el Senado.
Otro de los puntos en los que los colorados acompañaron al Frente Amplio fue en los cambios al artículo 17 para que la debida diligencia simplificada no sea tan frecuente. El artículo, que ya había sido aprobado en el Senado, elimina los incisos dos, tres y cuatro –que habían sido agregados en la LUC– y deja a la reglamentación las condiciones en las que se podrá aplicar la debida diligencia simplificada.
Por otra parte, una de las dudas que faltaba despejar al inicio de la jornada era si el oficialismo iba a conseguir los votos para eliminar la fiscalía especializada. Ese artículo, que en el Senado tuvo amplio respaldo, fue rechazado de plano por blancos, cabildantes e independientes en Diputados y, otra vez, quedaba la duda de si los colorados se iban a dividir o no.
Finalmente, los colorados cambiaron la posición que habían tenido en el Senado y rechazaron la eliminación de la fiscalía especializada por lo que los 48 votos oficialistas no fueron suficientes para aprobar ese pasaje.
Las propuestas de la oposición
Pese a que la postura de Identidad Soberana de rechazar prácticamente todo no le permitió a la oposición imponerse por sobre el oficialismo en casi ningún pasaje, sí tuvo algunas victorias.
La oposición logró convencer al oficialismo para votar nuevas redacciones con algunos cambios, como incluir los activos electrónicos dentro de las operaciones que requieren de una debida diligencia o la inclusión de sindicatos entre los sujetos obligados. Como respuesta a esa propuesta, el Frente Amplio pidió incluir también a las organizaciones empresariales.
Sin embargo, en otros pasajes la oposición no logró convencer ni al oficialismo ni a los Salle de otros sustitutivos.
Ese fue el caso del artículo sobre los cambios en las potestades de la Secretaría Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) ya que la oposición pretendía la intervención judicial previa para que ese organismo pueda incautar documentación o inspeccionar bienes muebles o inmuebles de sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación directa en una operación que se esté investigando.
Desde el Frente Amplio defendieron que se trata de procedimientos administrativos y no judiciales, que están las garantías constitucionales ya previstas y que no es necesaria la participación de la justicia en estos casos. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo y el artículo quedó por el camino.
Lo mismo sucedió con el artículo que establecía la extensión de 5 a 10 años del plazo en el que los sujetos obligados tienen que conservar los registros y los documentos respaldantes de todas las operaciones realizadas con sus clientes. La operación pretendía ampliar el plazo solo para operaciones de alto riesgo. Tampoco hubo acuerdo y ese pasaje no fue aprobado.
Lo aprobado
El proyecto aprobado por los diputados modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017. En muchos casos se trata simplemente de adecuar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal –formalizado en vez de procesado o Fiscalía por juzgado– pero también introduce otros cambios.
Uno de ellos es agregar nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, es decir como la actividad que generó los recursos que luego se buscan blanquear. Entre los delitos que se agregan están los ambientales (introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas (US$ 16 mil).
Otro de las modificaciones es la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros, es decir de personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a reportar operaciones sospechosas.
Los nuevos sujetos obligados son los fiduciarios no financieros salvo cuando sea una persona física o jurídica sujeta al control del Banco Central y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que trabajen para negocios que en forma “profesional y habitual” desarrollen actividades financieras en el exterior.
“También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia de los sujetos obligados, las que consistirán en apercibimiento, observación, multa o inhabilitación para actuar ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos en forma temporaria o definitiva”, dice el texto aprobado.
