Los legisladores de la oposición Sebastián Andújar, Conrado Rodríguez y Álvaro Perrone ajustaron el proyecto de ley sobre reducción de los montos de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales y ataron la baja del precio al tiempo que demora el infractor en pagar.
Este cambio va en línea con lo planteado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que pidió ante la comisión que estudia el proyecto que el beneficio se aplique a los buenos pagadores. Inicialmente, los legisladores habían planteado directamente reducir el monto de las multas a la mitad pero con este cambio el monto real de las multas se mantiene pero existen beneficios para aquellos que paguen dentro de determinados plazos.
La modificación fue presentada este miércoles en comisión de Hacienda integrada con Transporte y desde el Frente Amplio transmitieron estar de acuerdo con el espíritu del proyecto pero adelantaron que les interesa incluir cambios vinculado con la reincidencia, algo que también fue solicitado por el Ministerio de Transporte. Es decir, el objetivo del Poder Ejecutivo y de la bancada es que el beneficio aplique para los buenos pagadores y que se excluya a los que reinciden.
Los legisladores opositores no incluyeron inicialmente ese planteo porque entienden que el comportamiento del conductor va a verse reflejado en la libreta por puntos que, pretenden desde el gobierno, quedará implementada este año. El acuerdo entre oficialismo y oposición es votar el proyecto el miércoles 29.
Actualmente existe una escala para fijar los montos: si un conductor sobrepasa el límite de velocidad por hasta 20 kilómetros por hora la multa es de 5 unidades reajustables ($9.570), si lo hace por entre 21 km y 30 km son 8 UR ($15312) y si lo hace por entre 31 km y el doble menos 1 km es de 12 UR ($ 22.968).
Con el cambio, esos valores se van a reducir a la mitad si la multa se abona dentro de los 90 días y tendrán una reducción de 30% en el caso de que sea entre los 90 y los 180 días. Sin embargo, todavía hay algunas conversaciones abiertas entre los promotores del proyecto ya que algunos entienden que el plazo durante el cual haya beneficios debería ser de un año.
Si el conductor supera el límite de velocidad por más del doble el monto se mantiene en 15 UR ($ 28.710) y no hay posibilidad de reducirlo ($28.710).
Si bien la propuesta va en línea con lo que planteó el Congreso de Intendentes respecto a beneficiar a los buenos pagadores, también tiene una diferencia que fue destacada por los promotores.
El Congreso acordó un descuento del 50% en el valor de las multas pero atado a que se abone antes del vencimiento de la primera cuota de la patente de rodados del año siguiente. Eso hace que si la multa es en marzo hay varios meses de plazo pero si es en diciembre puede ser menos de 30 días porque la primera cuota vence a mediados de enero.
El beneficio acordado por el Congreso de Intendentes, que corre para las multas en la jurisdicción departamental, aplica para todas las multas de tránsito menos:
- Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
- Negarse a la prueba de alcohol u otras drogas.
- Participar en competencias vehiculares no autorizadas.
- Conducir al doble o más de la velocidad permitida.
- Conducir sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría del vehículo que conduce.
- No usar cinturón de seguridad.
- No usar casco.
- Menor de 12 años en asiento delantero.
- Menor de 12 años sin Sistema de Retención Infantil.
Matrículas adulteradas
El proyecto también plantea dos cambios vinculados a la problemática de las matrículas adulteradas que fue advertida tanto por el Ministerio de Transporte, por sus implicancias en el tránsito, como por el Ministerio del Interior que lo señaló como un problema de seguridad pública. Por un lado, el proyecto aumenta de 4 UR ($7.664) a 15 UR la multa por "circular sin matrícula, con matrículas adulteradas con el propósito de cambiar su identificación original u ocultarla de forma deliberada".
Otro punto que también reclamaba el Poder Ejecutivo, y que fue recogido por el proyecto de la oposición, era que el Ministerio de Transporte pudiera fiscalizar el tema de la modificación de matrículas. Por eso el proyecto incluye un artículo que faculta a la Dirección Nacional de Vialidad a "a aplicar multas a titulares de vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional". Hasta ahora lo podía hacer Policía Caminera que depende del Ministerio del Interior.
Los fondos recaudados por esas multas serán destinados, dice el proyecto, a la ejecución de obras de infraestructura vial.
En 2025 se detectaron 684.375 incidentes sancionables. Esos incidentes luego son depurados –se eliminan, por ejemplo, las ambulancias en emergencias o los patrulleros en operativos– y a partir de esos números el Ministerio de Transporte aplicó unas 113 mil multas a vehículos nacionales y más de 105 mil a extranjeros (218 mil en total).
Sin embargo, en 2025 hubo 330 mil multas que no se pudieron aplicar porque la matrícula estaba adulterada, tapada o no existía. Es decir, casi la mitad de los incidentes que se registran no se pueden sancionar por ese motivo y, en promedio, el 80% de los que no se pueden identificar son motos.
Fondo de seguridad vial
El artículo 3 del proyecto presentado crea el Fondo de Educación en Seguridad Vial que será administrado por el Ministerio de Transporte y que se utilizará, con el asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, para diseñar e implementar campañas masivas de información y educación para la buena conducta de los conductores y para la instalación de radares pedagógicos.
Ese fondo se nutrirá con el 10% de lo recaudado por multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad.
