El límite de ChatGPT en el derecho: la oportunidad que explotan startups uruguayas suma un competidor extranejro

Pero recientemente se sumará una chilena, llamada Magnar, que está conquistando muchos países de América Latina.

Andrés Arellano, CEO y founder de Magnar, dijo que prevén conquistar a 6.000 abogados en el país, lo que equivale a una porción relevante de un universo estimado en cerca de 15.000 profesionales entre activos y en no ejercicio.

Lexia, por su parte, trabaja con más de 70 organizaciones, cuenta con más de 400 usuarios activos. The Legal Tool suma más de 2000 usuarios activos, más de 40K mil consultas respondidas, alrededor de 60 mil búsquedas realizadas y más de 1.000 horas de audio procesadas, según datos de la propia plataforma.

¿Pero por qué una IA para abogados?

En ese punto, Sciarra coincidió en la necesidad de diferenciar estas soluciones de herramientas generalistas. “Un enfoque que le estoy dando ahora es por qué un abogado debería contratar un servicio como el de ustedes y no ChatGPT. Estoy 100% de acuerdo con esto”, señaló, en referencia al valor de plataformas diseñadas específicamente para el trabajo jurídico.

Arellano señaló que, a diferencia de sectores creativos, en la práctica legal los errores tienen un margen de tolerancia significativamente menor, ya que impactan directamente en la validez de un argumento o en la interpretación de una norma. “No podemos tener ese tipo de errores”, afirmó, en referencia a las denominadas alucinaciones, donde los modelos generan respuestas incorrectas o sin respaldo verificable.

A partir de ese diagnóstico, el desarrollo de herramientas legales incorpora criterios distintos a los de la inteligencia artificial generalista, priorizando control, validación y consistencia. Magnar funciona como un asistente jurídico que replica tareas profesionales, pero bajo una arquitectura diseñada para reducir incertidumbre y mejorar la confiabilidad de los resultados en contextos de alta exigencia técnica.

Uno de los pilares del sistema es el uso de fuentes jurídicas oficiales, que incluyen leyes, normativas y jurisprudencia provenientes de organismos como la Suprema Corte y tribunales de apelaciones. Esta información es recopilada, procesada e indexada por equipos de ingenieros y abogados, con actualizaciones frecuentes que buscan mantener la vigencia del contenido.

A diferencia de otras plataformas, el sistema no realiza búsquedas abiertas en internet ni depende de información no validada, lo que introduce un cambio en la forma en que se construyen las respuestas. En cambio, trabaja sobre "repositorios controlados".

La trazabilidad aparece como un componente central en este enfoque, ya que permite auditar cada resultado y reconstruir el proceso de análisis realizado por el sistema. “Puedes ver exactamente cuáles son las fuentes que fue tomando”, indicó Arellano, al describir una funcionalidad que busca aportar transparencia en el uso de inteligencia artificial aplicada al derecho.

El desarrollo también contempla la necesidad de operar con grandes volúmenes de información, algo habitual en la práctica jurídica contemporánea. La plataforma permite cargar expedientes extensos, contratos, audios o videos, que luego son procesados dentro de un entorno estructurado que facilita su análisis y posterior consulta.

Impacto en el trabajo legal y en los servicios a la ciudadanía

La incorporación de inteligencia artificial en estudios jurídicos no solo introduce nuevas herramientas, sino que redefine la forma en que se organiza el trabajo, se distribuyen las tareas y se gestionan los tiempos dentro de la práctica profesional. Uno de los cambios más relevantes se observa en actividades vinculadas al análisis de jurisprudencia y normativa.

Arellano describió este proceso como una tarea intensiva en tiempo, que puede implicar la revisión de miles de documentos en busca de antecedentes específicos, muchas veces sin garantías de exhaustividad. En ese contexto, la inteligencia artificial permite reducir ese esfuerzo mediante sistemas capaces de identificar patrones, cruzar información relevante y entregar resultados en plazos considerablemente menores.

Este tipo de mejora no se limita a tareas repetitivas, sino que implica que la herramienta puede leer, comparar y analizar grandes cantidades de información en muy poco tiempo, algo que a una persona le llevaría días o semanas. Esa capacidad de procesar muchos documentos a la vez permite que los equipos legales trabajen más rápido y con más información disponible para tomar decisiones, explicó Arellano.

En áreas como litigio, donde hay que revisar muchas sentencias y antecedentes, esto puede traducirse en aumentos de productividad de entre 70% y 80%, según la empresa. En otras áreas, como el derecho corporativo, el impacto es menor, entre 30% y 40%, porque el trabajo depende más del criterio y la estrategia del abogado que de la revisión masiva de documentos.

Sciarra aportó un ejemplo concreto sobre ese impacto: “un cliente grande buscó durante 2 días una sentencia en la BJN y no logró encontrar lo que buscaba. En nuestra plataforma, le tomó dos interacciones con la IA para poder dar con la sentencia”, explicó, en referencia a la reducción de tiempos en la búsqueda de jurisprudencia.

“El reemplazo es de tareas, no de personas”, sostuvo Arellano, al describir el alcance de estas tecnologías dentro de la profesión. En ese marco, la inteligencia artificial asume funciones mecánicas o de análisis masivo, mientras que los abogados mantienen el control sobre la interpretación, el criterio jurídico y la toma de decisiones.

Este cambio también impacta en los perfiles profesionales, especialmente en las etapas iniciales de la carrera, donde tradicionalmente se concentraban tareas más operativas. Según explicó, quienes ingresan al mercado deberán adaptarse a un entorno donde esas funciones pierden centralidad y se requiere una participación más temprana en instancias de mayor complejidad.

La incorporación de estas herramientas en universidades responde a ese escenario, con iniciativas que buscan familiarizar a los estudiantes con el uso de inteligencia artificial desde el inicio de su formación. En esa línea, Sciarra indicó que actualmente la mayoría de los usuarios pagos son perfiles senior y que la empresa busca avanzar en acuerdos con universidades para ofrecer acceso a estudiantes.

Desde la perspectiva de la ciudadanía, los expertos aseguraron que estos cambios pueden traducirse en transformaciones en la prestación de servicios legales, tanto en términos de tiempos de respuesta como en la calidad del análisis disponible para resolver casos.