A cuatro meses de que un grupo de librerías independientes uruguayas impulsara la discusión sobre la Ley de precio único del libro en Uruguay en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro, la situación permanece incambiada y los ecos de parte del Poder Legislativo han sido más bien escasos. En aquel momento el mensaje fue claro: “nos estamos ahogando”, había dicho Martín Seoane, de Amazonia Libros, a El Observador en mayo, cuando el tema de la incidencia de los descuentos con tarjetas bancarias en el mercado editorial cobró mayor protagonismo en agenda. El mencionado ahogo ya está haciendo mella en el sector: librerías emblemáticas, como la sucursal de Pocitos de Libros de la Arena, y otras más recientes, como Arkham, anunciaron en las últimas semanas que cerrarán por no poder afrontar sus costos operativos; por otro lado, según supo El Observador, otro puñado de librerías pequeñas de la capital enviaron a sus libreros a seguro de paro.
Por el momento el último movimiento oficial en torno a esta ley fue una reunión que los representantes de la Cámara y las librerías independientes tuvieron con la Comisión de Cultura del Senado, que se comprometió a estudiar el tema. Por fuera de eso, no mucho más.
Sin embargo, y pese a que lo que ha imperado de este lado del río ha sido el silencio, la que movió el avispero del tema y lo trajo una vez más a la conversación fue la Argentina.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, impulsó en las últimas semanas una iniciativa que pretende modificar la Ley de protección de la actividad librera, que había sido tomada como uno de los ejemplos de regulación que se pretende implementar en Uruguay. Esta no es la primera vez que el gobierno de Milei intenta derogar esta ley que se aprobó hace 25 años y que establece la comercialización de libros a un precio “uniforme” de venta al público que lo diga el editor o el importador.
“En Argentina existe una ley no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, tuiteó Sturzenegger a fines de julio. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles. Crueldad es, a nuestro entender, emitir leyes que perjudican al consumidor. Y para quienes amamos la lectura en todas sus formas una ley que encarece los libros nos parece un pecado capital.”
La situación despertó indignación y resistencia de parte de la cadena del libro argentino, que entre otras cosas criticó la iniciativa entendiendo que amenaza uno de los principales valores que tiene el país en materia cultural, su bibliodiversidad.
En un comunicado conjunto publicado por la Cámara Argentina del Libro, la Federación de Librerías, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores y la Sociedad Argentina de Escritores, entre otras organizaciones del sector, se reclamó la defensa de las librerías, que “son las que seleccionan cuidadosamente su catálogo, lo acercan a sus lectores en cada ciudad, en cada pueblo, y sostienen un sinfín de actividades culturales”.
“Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras”, agrega la misiva, al tiempo que asegura que “la experiencia internacional desmiente la promesa oficial” de Sturzenegger de que al desregular los libros serán más baratos.
“Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados. Australia, que puso fin al acuerdo de precio fijo en 1972, vio caer su red de librerías de 2.879 a 1.457 entre 2013 y 2023, y hoy discute públicamente la regulación de los precios del libro.”
En Argentina la ley, por otro lado, no es rígida: tiene excepciones, como un descuento de 10% en ferias del libro y actividades similares, así como en descuentos mayores cuando se trata de compras de organismos públicos que distribuyen ejemplares de forma gratuita. Eso también se pretende en Uruguay, ya que la regulación argentina es muy similar a la que opera en países como Francia, España, Japón, Corea de Sur, Alemania o México, y lo que hace es impedir que las grandes cadenas de librerías o grandes superficies, en general asociadas a entidades bancarias, saquen ventaja con los descuentos a la hora de vender best-sellers o títulos nuevos, que son los que representan la principal fuente de ingresos para las librerías.
Sin regulación, las librerías pequeñas e independientes argumentan que la “corren de atrás”. Así lo explicaba Diego Traverso, economista especializado en economía creativa y de la cultura, en un artículo publicado el pasado 30 de julio en La Diaria:
“Una librería no sobrevive gracias a la venta de pocos ejemplares de una editorial independiente. Sobrevive, en buena medida, gracias a los títulos de mayor rotación: los grandes lanzamientos, los libros de autores conocidos, aquellos que venden muchos ejemplares (...) Los títulos de alta rotación hacen posible mantener un catálogo extenso en el que conviven los éxitos comerciales con los clásicos, la poesía, el ensayo, los autores nuevos y las publicaciones de pequeñas editoriales. ¿Qué ocurre si la competencia se concentra exclusivamente en los libros más vendidos? Una gran superficie, una plataforma digital o una cadena con mayor respaldo financiero puede ofrecerlos con importantes descuentos. En efecto, puede quedarse con la parte más rentable del negocio y dejarle a la librería independiente los libros menos rentables. El problema es que esos libros de mayor venta son precisamente los que permiten a la librería financiar el resto de su catálogo.”
Si esa porción de las ventas migra hacia comercios que ofrecen grandes descuentos, agrega Traverso, la librería pierde la base que le permite mantener una oferta diversa y sustentar su catálogo.
“Lo que desaparece no son los best sellers. Esos seguirán disponibles en supermercados, plataformas y grandes cadenas. Lo que corre peligro es la posibilidad de encontrar todo lo demás. La ley intenta preservar un modelo de mercado en el que las librerías puedan competir mediante la calidad de sus catálogos, la recomendación, el conocimiento de los libreros, la cercanía, la especialización y las actividades culturales, y no solamente mediante la capacidad financiera para poder hacer descuentos.”
Pero ¿qué propone exactamente el proyecto de Ley de Precio Único para los libros en Uruguay?
Para empezar, que se mantenga el precio fijado por los editores o la distribuidora durante los primeros 18 meses de existencia del libro, y que los descuentos estén topeados en un 10%, ya sea que se vendan en librerías o en una plataforma de comercio por internet. Este monto es, además, un descuento que se alínea con el “histórico” que se hacía con frecuencia en diversas librerías uruguayas. Actualmente hay librerías que, con determinadas tarjetas, ofrecen descuentos de hasta el 25% todo el año y de hasta un 30% en ocasiones especiales.
Desde la agrupación de librerías independientes, por otro lado, explicaron que la implementación de esta eventual ley no significa que los precios de los libros vayan a subir. Y, sobre todo, muestran “el diario del lunes”. Ese que evidencia qué pasó con el sector del libro en los países que cuentan con una ley de este tipo, y qué pasó con los que no.
