Gremiales empresariales ya han mostrado algunas cartas y propuestas para el siguiente período, pero este miércoles oficializaron posiciones en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Allí estuvieron representadas la Asociación Rural (ARU), la Cámara de Industrias (CIU), la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción y aunque cada uno de los expositores mencionó aspectos de su actividad puntual quedó en el ambiente una síntesis de sus aspiraciones para la próxima administración.
El presidente de la Asociación Rural (ARU), Patricio Cortabarría, expuso que el agro contribuye el 21% al Producto Interno Bruto (PIB) con más de 270 mil personas ocupadas. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del sector es el tipo de cambio bajo que “afecta de manera importante a todos los exportadores”, indicó.
Si bien la ARU no mencionó en qué valor el dólar sería competitivo para el agro sí lo hizo la otra gremial del sector. En marzo, la Federación Rural publicó en su cuenta de la red social X (exTwitter) que la moneda estadounidense debería oscilar en los $ 58. Con un tipo de cambio por debajo de esa referencia “es necesaria mayor producción para cubrir los impuestos y gastos en funcionamiento en pesos”, añadió.
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Los dólares que guardan los argentinos fuera del sistema alcanzaron los US$271.499 millones
Este miércoles, Cortabarría coincidió en que los costos de producción continúan siendo altos con aumento de los insumos, básicamente los combustibles.
La visión de la CIU, trasladada por el vicepresidente de la gremial, Gabriel Murara, fue que si el Banco Central (BCU) reconoce –como lo ha hecho- que hay un atraso cambiario debe corregirlo.
Uno de los puntos concordantes fue sobre la necesidad de una mayor inserción internacional. El presidente de la ARU expresó que los exportadores uruguayos pagaron US$ 538 millones anuales en aranceles para ingresar en países con los que no tiene acuerdos comerciales. “Lo que se pagó de aranceles es lo mismo que se destinó para la educación terciaria”, dijo.
Para Murara, Uruguay debe negociar acuerdos con terceros países a través del Mercosur o de manera individual si fuera necesario.
Uno de los mensajes para el próximo gobierno fue el de modernizar el Estado y reducir la carga tributaria. En este caso, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, se enfocó en el “Pacto por la Patria”, redactado recientemente por la gremial.
En el texto plantea el control de la carga tributaria y del peso del gasto público con un diseño de una política nacional, de mediano y largo plazo para su reducción. Eso debe incluir una revisión a fondo de las actividades que el Estado realiza o regula, identificando todas las acciones que resulten innecesarias o excesivas.
Murara indicó que en la próxima administración se deberá reducir y luego mantener el gasto público en torno al 20% del PIB. Eso permitirá reducir la presión tributaria. La CIU también propuso la necesidad de una disminución progresiva en la cantidad de funcionarios públicos, tanto en las empresas como en las intendencias.
Al igual que la Cámara de Comercio, la gremial industrial presentó días atrás un plan de acción para el próximo gobierno, en el que plasmó estas iniciativas.
Relaciones y normas laborales
En el capítulo de relaciones laborales también hubo coincidencias empresariales. Lestido propuso revisar los Consejos de Salarios y modernizar las normas laborales y sindicales.
En el documento ya presentado señaló que se deben propiciar negociaciones laborales en un clima de mayor entendimiento, guardando las confrontaciones para cuando no existan otros caminos de solución.
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Sindicatos
Diego Battiste
En la disertación de este miércoles también se refirió a la posibilidad de reducir la jornada laboral a seis horas y aclaró que la discusión sobre su aplicación debe introducir el concepto de productividad.
Murara afirmó que la negociación tripartita (que incluye al gobierno, empleadores y sindicatos) debe fijar solamente los salarios mínimos. De esa manera, los sobrelaudos quedarían liberados a la negociación bipartita por empresa. Otra propuesta fue la creación de procedimientos de prevención de conflictos que incluyan sanciones por incumplimientos.
Seguridad social
La defensa del actual régimen de seguridad social –aprobado en agosto del año pasado- fue otra de las coincidencias empresariales.
Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, fue el que mayor espacio le otorgó en su disertación y comentó cómo impactaría en el sector la eliminación de las Afaps si prosperara el plebiscito impulsado por el PIT-CNT.
Explicó que las administradoras de fondos previsionales aportaron en los últimos 10 años un financiamiento de US$ 2.215 millones para obras de construcción y proyectos de infraestructura que generaron 36 mil puestos de trabajo. Enumeró que con esa inversión se desarrollaron obras viales, de vivienda, escuelas y centros educativos, entre otras.
Con esos argumentos indicó que el plebiscito plantea una situación delicada. “Estamos dispuestos a llevar esta discusión a cualquier ámbito. Entendemos que con esto están en juego muchos puestos de trabajo y la estabilidad económica del país”, finalizó.
En la misma línea, Lestido mencionó que el plebiscito “afectaría de forma muy negativa al país”.