Las empresas pesqueras están paradas desde hace cinco meses y afirman que es inviable retomar la actividad
Empresas pesqueras
Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)Trabajadores en el seguro de paro, despidos y renuncias. Las empresas pesqueras están paralizadas desde hace meses y hay 2 mil puestos de trabajo en riesgo. Las dos cámaras empresariales aseguran que la industria es deficitaria por los altos costos estatales que enfrenta.
Afirman que las actuales condiciones no permiten volver a embarcarse y por esa razón decidieron que no se presentarán a negociar en los Consejos de Salarios.
La Cámara de de la Industria Pesquera (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) mantuvieron contactos con diferentes autoridades y trasladaron la “inminente viabilidad” del sector pesquero. La comunicación incluyó a la Administración Nacional de Puertos (ANP), el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), el Banco de Seguros (BSE) y Prefectura.
Los empresarios sostienen que después de cinco meses (con los 54 barcos que componen la flota pesquera parados) recibieron respuestas parciales a sus reclamos. Las propuestas oficiales, añaden las cámaras, estuvieron atadas a la firma de un convenio colectivo salarial “puente”. El Poder Ejecutivo había manejado la opción de este tipo de convenios durante la pandemia.
Los propietarios de las embarcaciones explican que es inviable volver a embarcarse en las actuales condiciones y, por tanto, no tiene sentido iniciar diálogos en los términos propuestos por el Ministerio de Trabajo.
Carlos Olivera, gerente general de la empresa Novabarca y vocero de la CAPU, dijo a El Observador que las cámaras no se van a presentar a los Consejos de Salarios. “El ministerio citó, las cámaras se presentaron y la posición fue que no tiene sentido iniciar una negociación salarial si sigue siendo inviable sacar los barcos a trabajar”, indicó.
La flota pesquera está compuesta de 54 barcos. Actualmente no hay ninguno en actividad. Hay 13 que se dedican a la pesca de altura y buscan merluza y calamar. Otros 33 efectúan pesca costera capturando principalmente corvina.
Olivera señaló que esas últimas embarcaciones son las que actualmente enfrentan las mayores dificultades por estar paradas. Además son las que proveen de pescado fresco a las plantas procesadoras. Hay unos 2 mil trabajadores entre los barcos y las plantas.
“Los que podían ir al seguro de paro ya fueron”, dijo. Además aseguró que ya hubo renuncias y despidos de personal en esas empresas. “Esos puestos de trabajo están en riesgo; hay un peligro inminente de cierre de empresas”, afirmó.
Las cámaras empresariales solicitaron al gobierno algunas modificaciones que generen una baja de los costos. Uno de los reclamos es sobre el decreto 233 del año 2009 que otorgó un cómputo jubilatorio bonificado para los trabajadores pesqueros.
También pretenden volver a un esquema de aportes por fictos –como se hizo anteriormente- y no por los salarios reales de los trabajadores.
El tercer pedido es sobre las primas por accidentes de trabajo del Banco de Seguros (BSE). Los empresarios afirman que son del 11% y eso la coloca en las más altas del país.