En concreto, esto incluye todos los fondos (públicos o privados) que promueven un desarrollo económico bajo en carbono y la adaptación: energías eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio; autos eléctricos; transición ecológica en la agricultura; reforestación; aislamiento térmico de viviendas; acceso seguro al agua; saneamiento; sistemas de salud capaces de gestionar olas de calor e inundaciones; diques para enfrentar el aumento del nivel del mar, etc.
Sin embargo, no existe una norma universal estricta sobre la financiación "verde" y a veces la frontera es borrosa entre la ayuda al desarrollo y la financiación climática.
Además, por citar un ejemplo, ¿puede una subvención para que un hotel sea eficiente en el uso del agua considerarse financiación climática? Las COP nunca lo han definido.
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¿Cuánto dinero se necesita?
Las necesidades de "financiación climática" a nivel mundial se estiman en 10 billones de dólares anuales entre 2030 y 2050, según un estudio del grupo de estudio Climate Policy Initiative. En comparación, se gastaron aproximadamente 1,3 billones en 2021/2022.
Pero en el ámbito de la ONU o los medios, la "financiación climática" se refiere más bien a las dificultades de los países en desarrollo para obtener a nivel internacional el dinero necesario para una "transición justa" ecológica y para enfrentar las catástrofes climáticas.
Sus necesidades (excluyendo a China) han sido evaluadas en 2,4 billones de dólares anuales para 2030 por expertos designados por la ONU, quienes afirman que solo se movilizaron US$ 550.000 millones en 2019.
¿Quién paga hoy?
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cnucc), adoptada en Río de Janeiro en 1992, enumeró los países obligados a proporcionar ayuda financiera al resto del mundo debido a su responsabilidad histórica.
Estos países —Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia— se comprometieron en 2009 a proporcionar US$ 100.000 millones anuales en ayuda climática hasta 2020 y hasta 2025.
Sin embargo, no lograron alcanzar ese objetivo hasta 2023, lo que provocó una brecha diplomática entre el Norte y el Sur.
En la COP29, los países firmantes del Acuerdo de París deben acordar un nuevo objetivo financiero más allá de 2025.
India ha propuesto un billón de dólares anuales, una cifra que los países ricos consideran una provocación, argumentando que solo representan el 30% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero.
Esos países exigen que China y los Estados del Golfo también contribuyan.
Actualmente, la mayor parte de esta ayuda se canaliza a través de bancos de desarrollo o fondos gestionados conjuntamente con los países afectados, como el Fondo Verde para el Clima (US$ 12.800 millones prometidos por los países donantes para 2024-2027) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (US$ 5.000 millones para 2022-2026).
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¿De dónde saldrá el dinero?
Los US$ 100.000 millones en ayudas son muy criticados porque dos tercios son préstamos —a menudo a tasas preferenciales—, y los detractores acusan de provocar un aumento de la deuda de los países pobres.
Incluso si se aumenta, el objetivo financiero estará lejos de satisfacer las necesidades, pero el sur otorga gran importancia simbólica a este compromiso y lo ve como una palanca para desbloquear otros flujos financieros, especialmente privados.
La diplomacia financiera también se juega mucho en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G20, cuya presidencia brasileña quiere crear un impuesto global sobre los más ricos.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, ha promovido ideas de impuestos innovadores, como aplicar una tasa a la aviación o el transporte marítimo. Estas propuestas están siendo estudiadas por grupos de trabajo lanzados por Francia, Kenia y Barbados.
Reorientar los subsidios de las energías fósiles hacia energías limpias o cancelar la deuda de los países pobres a cambio de inversiones climáticas también son vías posibles.
Otra propuesta, impulsada por Azerbaiyán, es que los productores de energías fósiles financien un nuevo "concepto" de fondo para los países en desarrollo.
En cuanto al fondo de "pérdidas y daños", creado en la COP28 para apoyar a los países pobres víctimas de desastres climáticos, aún está lejos de ser operativo (US$ 661.000 en promesas de donaciones hasta ahora).
La propuesta que hizo Uruguay en la Cepal
Uruguay mostró este martes su interés en generar acuerdos sobre el acceso a mecanismos de financiación de los bancos de desarrollo que puedan incluir incentivos para aquellos países que cumplan con estándares vinculados a indicadores sociales, ambientales y de gobernanza.
Así lo indicó el subsecretario de Relaciones Exteriores uruguayo, Nicolás Albertoni, durante su discurso en la cumbre de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se lleva a cabo en Lima, Perú.
"Uruguay está interesado realmente en generar acuerdos sobre el acceso a mecanismos de financiación en los bancos de desarrollo que puedan incluir incentivos positivos para los países que cumplan con estándares vinculados a indicadores sociales, ambientales y de gobernanza", subrayó.
De acuerdo con esto, Albertoni puso como ejemplo la emisión en Uruguay del primer Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático, "que incorpora incentivos para el cumplimiento de objetivos climáticos y de biodiversidad".
Según señaló el vicecanciller, dicha dinámica de promoción de incentivos positivos para el cumplimiento de metas ambientales "debería ser también trasladada al ámbito del comercio, discutiendo sobre cómo el sistema multilateral de comercio puede contribuir de forma concreta a la solución de los desafíos globales".
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"Uruguay sugiere considerar el diseño de incentivos comerciales positivos con base en el cumplimiento de criterios y compromisos ambientales. Estoy seguro de que Cepal podría ser un actor clave en este sentido", explicó.
Asimismo, Albertoni puntualizó que es "fundamental" el involucramiento de todas las partes en los desafíos que existen en materia de energía, mientras que recordó que en su país la matriz es un 98% basada en energías renovables.
"Para ello, resulta necesario hacia la nueva transición que tenemos de hidrógeno verde, reglas claras y establecimiento de incentivos fiscales, no solo en el ámbito nacional, sino también regional", sostuvo en su discurso.
El vicecanciller uruguayo señaló también que el mundo afronta una crisis climática, conflictos geopolíticos y un "estancamiento" en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
"Esto ha puesto de relieve la necesidad urgente de una acción colectiva para promover la paz, el desarrollo sostenible y la cooperación global", aseguró Albertoni.
Finalmente, resaltó el "rol preponderante" de Latinoamérica y el Caribe por su contribución a la seguridad alimentaria y a la preservación de la biodiversidad, al tiempo que destacó que los países de la región son protagonistas de instancias internacionales de relevancia para el desarrollo sostenible.
(En base a EFE y AFP)