¿Por qué mantenemos 23.000 efectivos militares y US$ 1.590 millones anuales en estructuras de defensa, mientras nos faltan recursos para seguridad ciudadana, educación y salud?
6 de noviembre 2025 - 5:00hs
Militares
Foto: Leonardo Carreño.
En nuestro país estamos bajo momentos de transición. Han pasado 40 años de la reinstauración democrática, sistema de gobierno y convivencia que se afianza, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de sus vaivenes. Este periodo de cuatro décadas abre una especie de revisión psicológica de varios aspectos del funcionamiento del Estado. Muchos de éstos datan incluso a tiempos anteriores.
El mundo avanza a un ritmo vertiginoso. La violencia actual no es la de otrora, y el crimen, que se ha organizado, tampoco. La tecnología, inteligencia artificial, el consenso social de un modo de convivir, el desarrollo histórico de la región y el mundo, imponen hacer revisiones sobre el modo en que configuramos el Estado. Además en tiempos donde escasean los recursos, el repensar en qué y cómo gastamos los dineros públicos es un imperativo.
Alejados de cualquier sesgo ideológico que podría entorpecer intercambios, un área estratégica clave que nos debemos como país, es discutir para qué invertimos en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué objetivos actuales perseguimos? ¿La dotación es la correcta a esos objetivos? ¿La disposición de los recursos tiene sentido en función a la atención de esos objetivos y sus resultados? ¿No será momento de reimaginarlas?
No es un análisis sencillo. Hay quienes dirán que las Fuerzas Armadas además cumplen un rol social. Cuerpo conformado por más de 23.000 efectivos, muchos de los cuales poseen salarios extraordinariamente bajos. Otros dirán que cumplen roles en momentos de emergencias como climáticas o sanitarias.
Se podrá decir también la relevancia de las misiones de paz. Nada de eso es excluyente en un análisis que las proyecte hacia el futuro. Debemos cuestionarnos en momentos de frazada muy corta, si efectivamente no estamos sosteniendo con recursos una gran capacidad ociosa, que pueda servir a otros ámbitos.
Militar, Militares, ministerio de defensa
Foto: Leonardo Carreño
En los últimos días, a consecuencia de las intervenciones militares en las favelas de Rio de Janeiro, destacados análisis a nivel local (Balsa, Sanjurjo) colocan con fundamentos muy compartibles las dudas de la eficiencia de la militarización tradicional para la resolución de este tipo de conflictos, lo que refuerza aún más la necesidad de redefinir los roles y las inversiones que se realizan.
La paradoja del gasto: primeros en inversión, últimos en capacidades
El gasto público en defensa que tiene Uruguay es extraordinariamente alto y presenta una paradoja. Uruguay mantiene el gasto militar per cápita más elevado de América Latina: US$ 361 por habitante, superando ampliamente a Brasil (US$ 145), Chile (US$ 242), Argentina (US$ 139) y Paraguay (US$ 53). En términos del producto, destinamos 2.0% del PIB a defensa, siendo el segundo país de Sudamérica en este indicador, solo superado por Colombia (2.87%) que enfrenta un conflicto interno histórico y aún activo.
Estos números contrastan con la realidad operativa de nuestras fuerzas. El 40% aproximadamente del presupuesto de defensa —unos US$ 583.5 millones anuales— se consume en pensiones militares que benefician a 51.000 jubilados. Esta cifra equivale a tres veces lo que el Estado transfiere al Banco de Previsión Social, que atiende a 800.000 beneficiarios. De los US$ 1.590 millones ejecutados en 2023, apenas 6% se destina a inversión y modernización de equipamiento. El resultado: capacidades operativas degradadas.
El agujero negro de las pensiones militares
La reforma previsional de 2023 (Ley 20.130) intentó abordar parcialmente este problema creando el Sistema Previsional Común, pero su implementación es de una lentitud, a mi modo de ver exasperante. Los regímenes anteriores (Decreto-Ley 14.157 de 1974 y Ley 19.695 de 2018) continuarán aplicándose plenamente hasta el 31 de diciembre de 2032 para quienes configuren causal de retiro. Solo entonces comenzará un período de convergencia que se extenderá hasta 2042, y recién en 2043 el nuevo sistema aplicará completamente.
Esto significa que durante los próximos 18 años continuaremos subsidiando un régimen donde los militares se jubilan en condiciones insostenibles.
Los primeros efectos económicos significativos de la reforma se materializarán recién en torno a 2033, y el 100% de los retiros bajo el nuevo régimen se producirá en torno a 2058. Es decir, estamos ante una "reforma" cuyo impacto pleno verán nuestros nietos, no nosotros.
El camino uruguayo: entre la audacia y la parálisis
Lejos de ser un experto en la materia, me genera impotencia que temas relevantes vayan quedando para atrás por el simple hecho que supuestamente en Uruguay los cambios deben procesarse con tranquilidad. Supimos tener un país que hacía reformas de vanguardia, y que poseía audacia en diferentes momentos de su historia para intentar parecerse al desarrollo. La experiencia internacional está allí para tomar buenas prácticas y en su caso adaptar al medio local.
Opciones pueden incluir crear un cuerpo más compacto y especializado, con reconversion de activos a funciones de seguridad pública, o incluso explorar una gendarmería unificada que integre capacidades de las tres fuerzas. Lo que no podemos seguir haciendo es mantener el statu quo, hasta por quienes son integrantes de forma directa. Porque seguir como estamos —con el gasto más alto de la región y las capacidades más degradadas— la política de defensa se parece más a una política de subsidios disfrazada que a de estrategia militar.
