El rol de la Administración Nacional de Puertos (ANP) ha sido uno de los focos de atención de Gabriel Oddone en los últimos años. Hace una década, como economista privado, realizó un estudio con cuestionamientos al funcionamiento del organismo. Ahora, como ministro de Economía, quiere generar cambios que dinamicen la actividad portuaria.
En marzo de 2015, Oddone participó en el primer Foro Internacional de Puertos que se desarrolló en el Hotel Radisson con la presencia de distintos operadores privados y autoridades del sector. En ese evento, el economista presentó un informe elaborado por CPA/Ferrere sobre la estructura de ingresos de la ANP, con especial mirada en las tarifas a la mercadería, que habían representado el 67% de las entradas en 2013.
Uno de los aspectos que marcó es que la mercadería debería pagar según la utilización de la infraestructura y el espacio portuario. Y por ese uso tendría que existir una sola tarifa. Sin embargo, según el relevamiento, había más de 30 tarifas para servicios de exportación, importación, admisiones temporarias y tránsitos y transbordos.
“Detrás la tarifa de la mercadería lo que hay es un resabio de un viejo sistema de tarificación portuaria, mucho más relacionado con una estructura de puerto público, que no competía y que tenía una lógica diferente, donde hay un conjunto de subsidios cruzados con efectos difíciles de establecer”, señaló Oddone ese día.
“No se sabe si son buenos o malos y son difíciles de modificar y esa es una de las cuestiones que deberían tener en cuenta las autoridades del puerto”, añadió.
Ya sobre el final de la presentación del estudio, expuso que “la importancia de la tarifa a la mercadería en el esquema actual de la ANP, sumado a los efectos distorsivos que genera, ameritan un análisis profundo del tema y plantea el desafío de encontrar alternativas para su reformulación”.
El informe finalizó con el recuento de las tarifas vigentes en el puerto de Montevideo. Enumeró seis para los despachos de exportación, 15 para las importaciones, ocho para las admisiones temporarias y seis para los tránsitos y transbordos.
La ANP una década después
En abril de 2021, el gobierno de Lacalle Pou acordó con Katoen Natie la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (propiedad mayoritaria de la multinacional belga, con participación estatal) hasta 2081. El acuerdo generó ruido político e interminables cruces dialécticos sobre monopolios y soberanía.
Semanas después se difundió un estudio realizado por CPA/Ferrere -a pedido de Katoen Natie- sobre los impactos en la eficiencia, precios y competitividad que generaría la extensión de la concesión a TCP.
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La demanda fue presentada ante la CIADI
Diego Battiste
Según el documento, el acuerdo implicaba sacrificar la competencia intraportuaria a corto y mediano plazo. Por ese motivo, se requerían reformas en materia de gobernanza y regulación de los servicios portuarios para asegurar que las ganancias de eficiencia dinámica se trasladaran a los usuarios finales. Además, planteaba un conflicto en el rol de la autoridad portuaria.
“La reconfiguración institucional actual resulta inadecuada en la medida que existe un conflicto de intereses entre el rol de accionista y el de regulador de la ANP. Solucionar ese conflicto implica separar los roles, algo que podría hacerse eventualmente si la ANP cediera su participación accionaria a otra entidad estatal independiente (por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo -CND-)”, señalaba el estudio.
El 30 de setiembre de 2023, Oddone se retiró de su cargo como socio de la consultora CPA Ferrere y un año después Yamandú Orsi anunció que sería el próximo ministro de Economía si el Frente Amplio ganaba las elecciones, algo que finalmente ocurrió.
Desde ese lugar le tocó observar a la ANP y la actividad portuaria con otra mirada. Pero pese al cambio mantiene la postura sobre el papel que deben cumplir las autoridades.
Días atrás, en una entrevista realizada en el programa En Perspectiva informó que junto a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, trabaja en modificaciones sobre el funcionamiento de la ANP y agregó que el objetivo es procesar esos cambios durante el primer cuatrimestre del año próximo.
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“Hay que avanzar en la gobernanza que es difusa. Es socia, al mismo tiempo propietaria del espacio público y a su vez el regulador del sistema portuario”, indicó.
La postura es que esas funciones deben estar separadas, con un regulador potente con capacidad de gestionar la competencia dentro del puerto de Montevideo.
“Hay que revisar el sistema tarifario; la tarifa de la mercadería sigue teniendo un criterio de componente arancelario, de política comercial, donde se grava en función de exportación o importación, no en función del espacio que ocupa o del costo de movilización“, expuso.
Desde su visión, lo importante es que la regulación del sistema portuario permite acceder a calidad de servicios y condiciones de precio razonables. “El único que puede establecer eso es un regulador potente y externo, con independencia que hoy en nuestro sistema de gobernanza no existe”, concluyó Oddone.
