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21 de enero 2025 - 5:00hs

La génesis de la controversia fue la firma del contrato y la elaboración de dos decretos complementarios que otorgaron a TCP (propiedad mayoritaria de Katoen Natie, con participación estatal) la prioridad de atraque para barcos portacontenedores en el puerto de Montevideo.

Desde ese momento la bancada del Frente Amplio se opuso al contrato y recorrió un camino que incluyó la órbita judicial, además de interpelaciones a jerarcas.

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En paralelo, Montecon –el principal competidor de TCP en la operativa de contenedores- se presentó más de una vez en la Comisión de Defensa de la Competencia –órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- alegando prácticas anticompetitivas dentro del puerto permitidas por el gobierno tras el contrato de extensión.

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Contenedores en el puerto
Contenedores en el puerto

Los reclamos también transitaron vías internacionales. La chilena Neltume Ports y la canadiense ATCO (accionistas de Montecon) iniciaron arbitrajes contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Las dos presentaciones expresaron que la firma del contrato con Katoen Natie violaba los tratados de inversión que Uruguay tiene vigentes con Canadá y Chile. Las demandas todavía continúan en curso.

Sin embargo, el gobierno continuó validando el contrato. Incluso, el presidente Luis Lacalle Pou dijo públicamente que era necesario sostener la inversión portuaria más grande de la historia. En mayo del año pasado señaló que se debía “velar por el interés nacional, para que haya inversiones en el puerto”.

Ese mismo día también se refirió al reclamo internacional y expuso que era un tema de los “empresarios que ven supuestamente afectados sus intereses y van por ese carril”. “Obviamente que no lo comparto y cuando se ve qué tipos de usuarios hay en el puerto, me parece que algunos fueron privilegiados en su momento”, añadió.

El contrato y el próximo gobierno

Las bases programáticas del Frente Amplio para el próximo gobierno tienen una mínima mención sobre la extensión de la concesión a TCP. Allí plantea “renegociar el contrato con la empresa Katoen Natie -que lesiona la soberanía y contradice el rol de la Administración Nacional de Puertos (ANP)- actuando dentro de los marcos permitidos por la ley”.

La nueva ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, fue consultada sobre este aspecto en los últimos días. El viernes 17 de este mes, luego de una reunión con el actual titular, José Luis Falero, dijo que se buscará establecer una mesa de diálogo con la multinacional belga y también continuar conversaciones con las autoridades actuales.

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“Primero que nada, para tomar conocimiento, analizar los hitos que tuvo y que tiene el contrato. Algunos son de cumplimiento continuo y hay otros puntualmente que son por etapas. A partir de eso, veremos. Decir algo antes sería arriesgado y poco responsable”, afirmó.

Etcheverry sostuvo que para el Frente Amplio es importante cumplir con los contratos. “Eso se honra siempre. Es cierto que hay algunos aspectos y componentes que son controvertidos; el reglamento de atraque es controvertido. Hay análisis jurídicos que entienden que habría que analizarlo”, indicó.

Por ese motivo, desde su visión es necesario establecer el diálogo previsto. “Podremos acordar o no, pero nunca vamos a perder la posibilidad de intercambiar. Y menos con actores tan importantes”, dijo la ministra.

“Esa concesión es importantísima; tiene que ver hasta con nuestra identidad. Hay compromisos que la empresa debe cumplir y que tienen plazos que se han modificado. Vamos a ver cuáles son los fundamentos”, concluyó.

La ampliación del contrato y los dos decretos complementarios se efectuaron en 2021. La extensión acordada tiene vigencia hasta 2081.

La postura del ministro de Economía, Gabriel Oddone

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone tiene una postura marcada respecto del acuerdo alcanzado entre el Estado y Katoen Natie que, de hecho le valieron críticas a la interna del Frente Amplio.

El año pasado, en el marco de la presentación del libro El despegue: cómo crecer y distribuir en Uruguay, en la mirada de Gabriel Oddone, previo a ser designado como ministro de Economía, Oddone había declarado al Semanario Búsqueda que él "no habría firmado un contrato de concesión como el que se firmó".

En esa ocasión, el ahora designado ministro había defendido su postura basado en una consultoría que hizo desde su rol de socio de la consultora CPA Ferrere. A partir de ese estudio, Oddone constató y argumentó que si bien "una única terminal de contenedores" en el puerto de Montevideo "podía tener sentido", también implicaba "riesgos y desafíos".

Para mitigar esos riesgos vinculados a la exclusividad, el trabajo sugería determinados cambios regulatorios y organizacionales. Las recomendaciones marcadas por la consultoría de CPA Ferrere, finalmente no fueron tenidas en cuenta por el gobierno, según dijo Oddone a dicho medio. Entre ellas mencionó la separación de "los roles de propietario de la infraestructura, socio estatal de la terminal y regulador de la actividad portuaria".

El economista remarcó en ese entonces que si bien no tiene discrepancias con el hecho de que exista exclusividad en el puerto de Montevideo, ya que considera que hay "fundamento económico" para ello, "no habría firmado un contrato" como el que finalmente el gobierno firmó con Katoen Natie.

En relación a la postura que ha tenido el Frente Amplio con este tema, Oddone dijo que los cuestionamientos de esa fuerza política tienen que ver con "la forma específica que se le dio al contrato de concesión" y admitió que "algunos colegas frenteamplistas discrepan" con su postura favorable a la exclusividad en el puerto.

"El centro de su preocupación no me parece que sea ese. Lo que a ellos les interesa denunciar es el contenido del contrato del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa concesionaria. Y en eso, yo no tengo discrepancias", admitió el economista a Búsqueda.

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