Este lunes comenzó en Ginebra la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo que marca el regreso de Uruguay a la “lista corta” del organismo. En este caso es por el incumplimiento del convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. La OIT ha observado a Uruguay por la ley de negociación colectiva -aprobada en 2009- que otorgó a los Consejos de Salarios la potestad de fijar condiciones de trabajo y ajustes a las remuneraciones que están por encima de los salarios mínimos por categoría.
La postura de los empresarios es que los Consejos de Salarios deben limitarse a la fijación de las remuneraciones mínimas y dejar de lado el resto de las condiciones de trabajo a la negociación bipartita y por empresa. Eso motivó que en 2009 presentaran una queja en la OIT que todavía sigue vigente.
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El reclamo tomó como base el convenio 98 que en su artículo 4 expresa que “deberán adoptarse las medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y empleados el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”.
La OIT avaló la queja y sugirió al gobierno que elaborara modificaciones. Más allá de algunos cambios, el reclamo continuó y en 2019 Uruguay ingresó por primera vez en la “lista corta” del organismo. Luego de negociaciones logró salir y este año se produjo el reingreso. El caso uruguayo será tratado en la Comisión de Aplicación de Normas el próximo miércoles 10 de junio.
Los otros países de la “lista corta”
Este año, la lista está conformada por 23 países. De la región están incluidos Argentina y Colombia. En el primer caso fue por reclamos a tres convenios sobre el sistema de inspección laboral en empresas industriales, en el sector agrícola, y sobre las actividades laborales en la administración pública. Las quejas son promovidas por una extensa delegación sindical de la CGT y las dos CTA y en contra de la reforma laboral que adoptó el gobierno de Javier Milei.
En el caso de Colombia fue por una queja de incumplimiento del convenio 87 que refiere a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Por el mismo motivo fueron agregados a la lista Yemen, Federación Rusa, Kirguistán, Liberia y Panamá.
Este convenio expresa que “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organizaciones”. Agrega que los Estados que lo hayan ratificado tiene que tomar medidas necesarias y apropiadas para garantizar a trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicacación.
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Archivo OIT
Siria está por el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. El texto plantea que los países deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de prácticas laborales pésimas para menores de 18 años. Entre ellas se encuentran la esclavitud, la venta y trata de niños o el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores para utilizarlos en conflictos armados. Entre esas peores formas también menciona “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones que se lleve a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
Laos (República Democrática Popular Lao) está incluido por el convenio 138 sobre la edad mínima de trabajo infantil. El documento marca que los gobiernos deben comprometerse a seguir una política nacional que asegure la “abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”.
Otros países que forman parte de la “lista corta” son Irak, Papua Nueva Guinea, Togo, Filipinas; Uzbekistán, Turkmenistán, Malí y Bosnia y Herzegovina. Filipinas y Nigeria fueron añadidos por el mismo convenio que Uruguay.
La queja sin resolver en la OIT
El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Leonardo García, fue el encargado este miércoles de transmitir el mensaje del sector empresarial en la conferencia anual.
“Han pasado 17 años desde que los empleadores uruguayos presentaron una queja ante la OIT que mantiene aspectos sin resolver. Ese estancamiento responde a varios factores, pero radica fundamentalmente en la ausencia de una voluntad de diálogo para avanzar en un acuerdo”, dijo.
García también hizo mención al Diálogo Social que culminó semanas atrás y que su resultado no conformó a los empresarios. “Muchas instancias de diálogo no tienen resultados; otras se convocan y parecería que el resultado ya está previsto de antemano”, expuso.
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Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias, en la conferencia anual de la OIT
OIT
“En ocasiones se critica al empresariado por no participar de ámbitos de diálogo social. La verdad es que estamos siempre dispuestos y abiertos a negociar, pero no a legitimar posiciones previamente adoptadas”, indicó.
En otro pasaje de su disertación se refirió a una hiperregulación normativa que, desde su visión, hay actualmente en Uruguay.
“Cada vez es más complejo contratar una persona, cada vez se asigna más carga a las empresas, que llegan a ser responsables de aspectos de la vida privada de un trabajador. Y las normas, en su mayoría, no tienen en cuenta el tamaño de las empresas, ni la realidad del país”, expresó.
El empresario planteó que ese exceso normativo ha dejado, en la práctica, de crear derechos y se transformó en un verdadero obstáculo para el empleo.
“Cada vez que se aprueba una nueva norma, inadecuada o inoportuna, estamos condenando a cientos de empresas y trabajadores a la informalidad”, concluyó el presidente de la CIU.
