7 de mayo de 2026 12:32 hs

Este jueves la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 2° Turno logró la condena de un adolescente por su participación en varios delitos de extrema violencia cometidos entre octubre de 2024 y enero de 2025. La Justicia le impuso la máxima medida socioeducativa privativa de libertad prevista para menores infractores: 10 años de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El caso estuvo a cargo de los fiscales Pablo Rivas y Federico Fascioli, quienes obtuvieron la condena mediante juicio oral.

Secuestro, torturas y mutilaciones

Según logró probar Fiscalía, uno de los hechos ocurrió el 30 de octubre de 2024, cuando una persona fue retenida durante varias horas y sometida a torturas, golpes y mutilaciones.

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Durante el ataque, la víctima recibió un disparo en una pierna y sufrió fractura de fémur y lesiones severas.

De acuerdo con la sentencia, el adolescente filmó parte de las agresiones con su celular mientras amenazaba e insultaba a la víctima. Ese material audiovisual fue recuperado durante la investigación y resultó clave para identificar a los involucrados.

El homicidio frente a una niña de dos años

El segundo episodio ocurrió el 5 de enero de 2025. Según determinó la Justicia, el adolescente condujo la moto utilizada para trasladar al autor material de varios disparos hacia un hombre que se encontraba junto a su hija de dos años.

Además, realizó tareas de vigilancia previas pasando varias veces por la zona antes del ataque.

Como consecuencia de los disparos, el hombre murió y la niña sufrió heridas gravísimas que pusieron en riesgo su vida.

La sentencia

El juez rechazó el planteo de la defensa, que había pedido la absolución del adolescente y cuestionado la investigación de Fiscalía.

En la sentencia se señala que los testimonios presentados como coartada “carecían de credibilidad” y resultaban contradictorios con la evidencia científica y audiovisual incorporada al proceso.

“El acervo probatorio incorporado por Fiscalía resulta unívoco y suficiente para quebrar la presunción de inocencia”, sostuvo el magistrado.

Finalmente, la Justicia entendió que la gravedad de los hechos, el nivel de violencia desplegado y las consecuencias para las víctimas justificaban la aplicación de la máxima medida prevista para adolescentes infractores.

El menor fue responsabilizado como autor y coautor de infracciones gravísimas tipificadas como privación de libertad especialmente agravada, lesiones graves agravadas, homicidio complejo especialmente y muy especialmente agravado, tentativa de homicidio y tráfico de armas de fuego.

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