El fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, decidió citar para fines de setiembre a diez profesionales, entre arquitectos y contadores, vinculados a la obra de construcción del Antel Arena para avanzar en la indagatoria de la causa que había sido archivada y ahora está siendo reexaminada.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, los profesionales citados por Rodríguez son, en algún caso, funcionarios de Antel mientras que otros fueron contratados para la obra en concreto. Se trata de personas que ya declararon en la indagatoria, salvo dos que no habían sido citadas.
En la denuncia presentada por el directorio de Antel, cuando era presidido por Gabriel Gurméndez, se planteó que había habido “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa".
Antel planteó que se violó “el principio de especialidad” que establece que los entes autónomos no pueden realizar negocios ajenos a su función y se señaló que el costo fue más del doble de lo estimado.
"Desprolijidades" pero no delito
El fiscal Enrique Rodríguez fue el fiscal que inició la investigación cuando estaba en Delitos Económicos, por lo que conoce la causa, pero en febrero de 2023 fue trasladado y la investigación recayó en Machado, que ocupó esa fiscalía.
Sin embargo, un año después Machado archivó en febrero el caso por entender que no hubo delito, aunque si constató “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos públicos” en el proceso de construcción.
Sobre el supusto sobrecosto, dijo que aunque para Ecovis costó US$ 120 millones, el informe oficial que es el del Tribunal de Cuentas señaló que se gastaron US$ 85.995.517. Sobre el principio de especialidad, Machado entendió que hay una biblioteca que defiende esa posición.
El pedido de reexamen
Luego de esa decisión el directorio de Antel decidió solicitar el reexamen tomando como base un informe del abogado Gustavo Bordes, quien presentó la denuncia original en nombre de la empresa pública.
El juez en lo penal de 38º turno, Alejandro Asteggiante, hizo lugar al planteo de Antel, como está previsto por el artículo 98 del Código de Proceso Penal, que otorga a la víctima la posibilidad de pedir la revisión del archivo del caso por parte del fiscal subrogante.
Para fundamentar el reexamen se escuchó a Antel en una audiencia, en la que el abogado del ente, Gustavo Bordes, fundamentó que había faltado recolectar prueba y que entre la prueba recabada surgían pruebas de un delito de abuso de funciones, según informó El País en aquel momento.
También ofreció como prueba una “metaauditoría” ya que el trabajo realizado por Ecovis, había generado controversia en el ámbito político. La expresidenta de Antel, y actual candidata a vice del Frente Amplio, Carolina Cosse, que es indagada en este caso había dicho que ese trabajo –al que llamó informe– fue hecho por un "militante político" vinculado al Partido Nacional.
Cosse, que declaró en la causa ante Rodríguez cuando él llevaba la investigación, defendió su decisión de construir el estadio argumentando que se preveía que iba a haber un retorno de US$ 12 millones por año. Aunque no pudo explicar cómo fue que la obra pasó de tener un costo de US$ 40 a US$ 120 millones aproximadamente.