La coalición de izquierda afirmó que "los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas"
El Frente Amplio volvió a aludir a las "alarmas" que despertó la denominada "Operación Trazador", mediante la cual fue condenado un asesor de un edil blanco por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En una declaración del Secretariado Ejecutivo, el Frente Amplio aseguró que "los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas".
Además, en la declaración la coalición de izquierda pidió a las autoridades del Partido Nacional "una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio". El edil en cuestión, Gonzalo Gómez, integra el Directorio blanco pero pidió licencia y además desvinculó a Lucio Leiva, hijo del asesor condenado, como asesor en la Junta Departamental de Montevideo.
El comunicado también señaló que "en las últimas horas se hicieron públicas decisiones de la dirección del Partido Nacional que avanzan en la dirección adecuada". "De la misma forma, solicitamos que la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Montevideo brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos", agrega la declaración.
La Comisión de Asuntos Políticos del Directorio del Partido Nacional había recibido este domingo al edil de Montevideo Gonzalo Gómez por su vínculo con Lucio Leiva. Tras escucharlo, la comisión resolvió elevar una serie de recomendaciones al Directorio blanco. Entre ellas, figura encomendar a la Comisión de Ética que reciba al edil, quien se puso a su disposición y que informe al Directorio sobre los resultados de su análisis. La comisión recomendó además aceptar la renuncia de Leiva a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo.
Pablo Leiva, padre Lucio, fue condenado por lavado de activos en el marco de la "Operación Trazador". Mediante esta, la Policía incautó 260 kilos de pasta base, más de $ 3 millones en efectivo (que estaban en la casa de Leiva), varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones. El partido de gobierno calificó el hecho como "un nuevo paso relevante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado".
"En las horas siguientes se hizo público que la Policía investiga el uso de una sucursal de una red de cobranzas y cambios, que presuntamente habría sido utilizada por el imputado para canalizar y blanquear dinero de origen ilícito mediante empresas constructoras. Es fundamental que las investigaciones del sistema de Justicia y los mecanismos de contralor posibiliten llegar al fondo del asunto con la finalidad de evitar la degradación de la calidad democrática", afirma el comunicado de la coalición de izquierda.
En paralelo a las condenas, trascendió que Leiva realizaba operaciones de forma habitual en un Abitab propiedad del exsenador blanco Jorge Gandini y su esposa, quien adquirió la franquicia para operar dicho local hace 13 meses. Allí, según lo manifestado por Gandini públicamente, pagaba dos facturas del BPS vinculadas a pequeñas empresas constructoras. Lo hacía pagando en efectivo, agregó el hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien dijo no conocer a Leiva ni tener nada que ver con su actividad ilícita.
Como Leiva y otras dos personas fueron condenadas, se cerró la investigación encabezada por la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano respecto a ellos. Es el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quien evaluará si amerita abrir nueva investigación.
"Convocamos a una reunión de trabajo entre la bancada de ediles de la Junta Departamental de Montevideo, la bancada parlamentaria de diputados y senadores, la Presidencia del Frente Amplio a nivel nacional y departamental", expresó el FA tras los trascendidos sobre el caso. "Entendemos imprescindible una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos", agrega la declaración oficialista.
