El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentará los resultados de sus estudios sobre los costos que supondría la financiación de la reforma de la seguridad social que busca llevar adelante la central sindical, según confirmó el secretario Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, quien explicó que el costo estimado sería de 460 millones de dólares al año, con valores del 2023.
Sobre la propuesta de Pablo Mieres de firmar una declaración con todos los candidatos contra el plebiscito, en entrevista con Radio Sarandí dijo: "Para mí es un imperativo respetar las ideas de quienes están en las antípodas sobre este tema. Tengo que respetar y hablar con respeto sobre aquellos que piensan diferente".
"Acá simplemente tenemos una diferencia de fondo, Mieres defiende intereses que yo no defiendo", agregó.
"Esta propuesta no tiene nada nuevo, pero sí busca de alguna manera darle una institucionalidad a los retractores de la iniciativa de la reforma constitucional", dijo Sommaruga.
"Creo que intenta ponerle un problema al Frente Amplio, pero el FA ya ha dicho que tiene libertad de acción. No es la primera vez que ante un plebiscito o consulta popular los partidos votan dividido", dijo y agregó: "Esto es una conjetura de carácter personal, pero a Mieres le fue muy mal en las elecciones internas, y creo que con esta iniciativa busca posicionarse y ganar protagonismo político. Pero creo que lo que hay que debatir son las ideas".
Preguntado por los diversos costos que representaría la propuesta llevada adelante por la central sindical, dijo que cuentan con un informe realizado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y mencionó que están esperando que la "Corte Electoral se pronuncie" y anuncie la aprobación de la consulta popular para llamar a una conferencia de prensa donde entre otra cosas anunciarán los datos del Instituto.
Sobre el estudio adelantó que "hay dos elementos" importantes. Uno el estudio sobre el BPS, donde "queda claro" que el costo está "condicionado a cómo se reglamente la propuesta" en el Parlamento.
Por otro lado, señaló que el costo aproximado sería de 460 millones de dólares al año, con valores del 2023.
"Lo que nosotros establecemos es, por la propia definición de salario mínimo, es que este aumento de prestación se circunscriba a las personas que por todo concepto queden por debajo del valor del salario mínimo nacional", dijo,
"Esta diferencia hace que el impacto de esta medida beneficie a 220 mil personas y no a más de 400 mil como se haría si no se se plantea este descernimiento", añadió.
