El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó el plan de acción de la interventora de la empresa Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A., Ana Chávez, para devolver el dinero a los damnificados por la operativa de la compañía, confirmó El Observador.
El plan fue presentado el 1° de abril por la interventora, y fue aprobado a fines de abril por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, según consta en una resolución del ente.
Chávez pidió, en primer lugar, contratar a "una abogada y a un contador junior" por 90 días para "colaborar con la intervención de la devolución de los fondos y valores de los clientes".
Según marca el documento, con su plan de trabajo la interventora prevé "avanzar significativamente en los próximos 90 días en la atención y devolución de la mayor cantidad posible de cuentas".
Tras ello, buscará reducir la dotación de personal "hasta llegar a un mínimo operativo" para así "dar cierre a la liquidación de los activos más complejos, devolver el local y dar seguimiento remoto para las últimas gestiones pendientes".
Según Chávez, la empresa tenía fondos de US$ 180.000 para "hacer frente a los gastos de funcionamiento de la entidad". En su plan de trabajo incluyó el pago de honorarios para los trabajadores contratados y pago de comisiones por el traspaso de valores.
La Superintendencia compartió y aprobó el planteo de la interventora. En primer lugar, aludió a "la necesidad y urgencia de contar con personal capacitado y de confianza que colabore en las complejas tareas de devolución de los fondos y valores de los clientes de manera segura, eficaz y ordenada".
También indicó que el personal que trabaja en la empresa "no es suficiente para desarrollar tal actividad", y que el plan de trabajo planteado por Chávez "no implicará una alteración significativa del presupuesto de la sociedad".
La clausura de Grupo Bursátil Uruguayo
La decisión del Banco Central del Uruguay (BCU) de clausurar definitivamente a Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A se fundó en una serie de maniobras por parte del titular de GBU, el contador Álvaro Correa, -expresidente de la Caja de Profesionales y ex vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo– por el manejo que hizo con parte de la fortuna de una mujer declarada incapaz, que murió.
Correa, de GBU, fue designado en su calidad de asesor de Bolsa, junto a la contadora Lujan Cafasso, para asesorar el proceso de venta de una compañía chilena, de la cual la mujer declarada incapaz, María Luis Gianoli, tenía el 1,44% de las acciones. Según surge de los expedientes judiciales a los que El Observador accedió, esas acciones eran de Gorriti SA, sociedad de la que Gianoli era propietaria.
Tanto Correa como Cafasso son indagados en la causa junto con el abogado José Luis Zabaleta, curador de Gianoli, designado por el Poder Judicial, luego de que un grupo de sobrinos de la mujer entablara una contienda judicial a la anterior curadora, que era Elina Gianoli, hermana de la mujer, también fallecida.
El BCU denunció las irregularidades y la denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos de 3° Turno en noviembre. Esa fiscalía ya tenía otras tres denuncias, dos presentadas por los herederos de la mujer incapaz y otra por el propio juzgado de familia que al tomar conocimiento de las irregularidades, las derivó para que fueran indagadas penalmente.
