El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley en el que propone que los clubes de fútbol y las federaciones cumplan con los mecanismos de prevención previstos en la Ley de lavado de activos, junto a la creación de un "Registro nacional de transferencias deportivas internacionales".
En su propuesta, a la que accedió El Observador, Bordaberry quiere "incluir a todos los clubes profesionales, sean SAD o asociaciones civiles, y a las asociaciones y federaciones que organizan el deporte profesional" como "sujetos obligados" no financieros a la Ley N.º 19.574.
La normativa marca que "todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay (BCU) estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".
Además, estas instituciones también deberán reportar aquellas "transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir los delitos de lavado de activos" y "prevenir asimismo el delito de financiamiento del terrorismo".
En cuanto al registro de transferencias, el senador colorado pretende que esté en la órbita de la Secretaría Nacional del Deporte. Allí se deberá "registrar cada transferencia con detalle e inclusión de información total de un deportista desde Uruguay al exterior, incluyendo el monto percibido por el jugador, por el club cedente, por el club adquirente y por los agentes intervinientes y cualquier otro pago".
Bordaberry, expresidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de 2018 a 2019, también quiere que exista una "trazabilidad de todos los ingresos y la financiación de clubes, así como de los pagos a deportistas". El legislador quiere que se registren "todos los pagos de primas, premios, remuneraciones, o cualquier otro tipo de beneficios a deportistas y los aportes y cualquier tipo de ingreso a los clubes".
Por último, el colorado marca en su proyecto que "todas las operaciones de transferencia y pago de comisiones y remuneraciones de cualquier tipo deberán realizarse exclusivamente a través de medios electrónicos financieros, quedando prohibidos los pagos en efectivo", para lograr una "trazabilidad bancaria".
Para Bordaberry, "con estos cambios se cerrará una brecha normativa que hoy debilita nuestro sistema antilavado", y además Uruguay "enviará un mensaje claro a la sociedad", que indicaría que "el fútbol y el deporte profesional no pueden ser un canal para el crimen organizado, sino un ámbito de transparencia y orgullo nacional".
Los motivos de Bordaberry para presentar el proyecto
En el documento, Bordaberry postuló que "el combate al lavado de activos en el deporte requiere dos pilares fundamentales": contar con "sujetos obligados identificados y regulados" y que todas las operaciones de los clubes y federaciones "sean realizadas bajo parámetros de transparencia y trazabilidad".
El senador recordó que "la FIFA ha insistido en la necesidad de garantizar la independencia de los clubes" y "prohibir la propiedad de derechos económicos por terceros", y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo lo propio en su último estatuto de 2018, ambas con la finalidad de "impedir que capitales externos, muchas veces de origen incierto, influyan en las decisiones deportivas y financieras de los clubes".
En su artículo 18, la FIFA "busca proteger la integridad del fútbol al prevenir la influencia externa en los clubes", para así mantener su "autonomía".
Desde 2015 el organismo puede sancionar "tanto a clubes que influyen como a aquellos que son influenciados", en una prohibición que abarca "a cualquier persona o entidad que intente influir en los clubes". Las multas van de los 10.000 a los 187.500 francos suizos (algo más de US$ 230.000). Unos 68 clubes han sido sancionados por esta situación, de los cuales 20 son clubes sudamericanos.
En otro de los incisos de esta norma, la FIFA también "prohíbe a clubes y jugadores firmar acuerdos con terceros que participen en compensaciones por transferencias futuras", disposición vigente desde 2015. En total, 13 clubes fueron sancionados por no cumplir con este artículo, 11 de ellos europeos.
Por otra parte, Bordaberry indicó que tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) "han señalado que el enfoque basado en riesgos requiere supervisión a nivel institucional (clubes, federaciones, asociaciones) y a nivel transaccional (operaciones concretas)".
Además, puntualizó que la Estrategia Nacional Antilavado "identifica el fútbol como un sector de alto riesgo" para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo "debido a la opacidad en transferencias de jugadores y contratos de publicidad".
